Texto escrito por: Maria del Pilar Restrepo Esterling*
Con frecuencia a los funcionarios públicos y más a quienes ejercen la justicia de manera tan silenciosa como efectiva no se les suele reconocer su trabajo. Un trabajo lleno de riesgos que exige compromiso y coraje. Así fueron los dos años de la fiscal Elizabeth Gómez Mejía en su rol de directora Seccional de Bolívar de la Fiscalía General de la Nación. El resultado: haber fortalecido institucionalmente en el terreno técnico y operativo con un modelo de gestión que transformó la investigación criminal, acercó la justicia a los territorios y consolido una estrategia integral para combatir los delitos de mayor impacto que afectan a los habitantes de Cartagena y del departamento de Bolívar, durante los años 2025 y 2026.
Implementó uno de los ejercicios de priorización criminal más completos desarrollados en la región. A partir del análisis criminal, la georreferenciación del delito, el estudio de contextos, la articulación con la Policía Judicial, los organismos técnicos y las autoridades territoriales, se diseñó un modelo de investigación basado en evidencia que permitió focalizar los recursos institucionales en los fenómenos que generaban mayor afectación para la seguridad ciudadana y los derechos de las víctimas.
Como resultado de este proceso se consolidaron estrategias especializadas frente al homicidio doloso en modalidad sicarial, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los delitos contra la administración pública y el hurto violento, estableciendo metas verificables, equipos especializados y mecanismos permanentes de seguimiento que fortalecieron la capacidad investigativa de la Seccional.
Uno de los principales logros fue la consolidación de la estrategia contra el homicidio sicarial en Cartagena, Turbaco y el Canal del Dique, incrementando significativamente los casos priorizados, fortaleciendo la dedicación exclusiva de fiscales especializados y obteniendo importantes judicializaciones contra integrantes de estructuras criminales responsables de hechos de sicariato, contribuyendo además a la reducción de este fenómeno frente al periodo anterior.
En materia de lucha contra la corrupción, la Dirección seccional en cabeza de Elizabeth Gómez fortaleció las investigaciones relacionadas con contratación estatal, peculado, prevaricato, cohecho, concusión y delitos electorales, impulsando procesos de alto impacto social mediante una estrecha articulación con la Dirección Especializada contra la Corrupción y consolidando importantes resultados judiciales frente a conductas que afectan el patrimonio público y la confianza ciudadana.
La protección de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y demás poblaciones vulnerables ocupó un lugar central dentro de la gestión. Las estrategias implementadas en violencia sexual y violencia intrafamiliar fortalecieron las rutas de atención integral, el trabajo coordinado con Medicina Legal, ICBF, Comisarías de Familia, Policía Nacional, sector salud y demás instituciones, incrementando la capacidad de investigación, judicialización y prevención, al tiempo que miles de ciudadanos fueron sensibilizados sobre mecanismos de protección, denuncia y prevención de estas violencias.
De igual manera, la administración incorporó por primera vez una estrategia específica para combatir el hurto violento en las modalidades de atraco, fleteo y taquillazo, mediante análisis criminal, asociación de casos y focalización territorial, permitiendo la judicialización de integrantes de estructuras delincuenciales y fortaleciendo la respuesta institucional frente a uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad ciudadana.
Sin embargo, la transformación institucional fue mucho más allá de los resultados judiciales. Durante su administración se fortaleció de manera decidida el acceso a la justicia para miles de habitantes del departamento mediante la consolidación de un nuevo modelo territorial de atención. Se fortaleció el Centro de Atención de Fiscalías de Cartagena, se puso en funcionamiento el CAF de San Martín de Loba, se consolidó una red de trece Puntos de Atención de Fiscalía en municipios estratégicos y se dejó estructurada la expansión de nuevos CAF y PAF para municipios como Mompox, San Cristóbal, Turbana, Margarita, Tiquisio, Pinillos, Santa Rosa del Sur, Santa Rosa de Lima y el Centro Histórico de Cartagena, acercando la oferta institucional a territorios históricamente afectados por barreras geográficas, el conflicto armado y la ausencia del Estado. Cerca de 200.000 habitantes quedaron cobijados por este modelo de atención territorial.
La modernización también se reflejó en la atención al ciudadano. Solo durante el primer semestre de 2026 la Seccional recibió 21.015 denuncias, fortaleciendo simultáneamente los canales presencial, virtual y escrito, incorporando nuevas herramientas tecnológicas, mejorando la calidad de las denuncias, implementando sistemas inteligentes de turnos, fortaleciendo la Unidad de Intervención Temprana y optimizando la asociación de incidentes mediante análisis criminal y tecnología, permitiendo investigaciones más sólidas y eficientes.
La atención integral a las víctimas también registró avances significativos mediante la consolidación de mecanismos de mediación, atención permanente incluso en días no hábiles, fortalecimiento de rutas de restablecimiento de derechos y estrategias preventivas desarrolladas a través del programa Futuro Colombia, impactando miles de estudiantes, docentes, familias y comunidades en todo el departamento mediante acciones orientadas a la prevención del delito y la cultura de la legalidad.
Paralelamente, durante el año 2026 la Dirección Seccional emprendió uno de los mayores ejercicios de descongestión procesal realizados en los últimos años, orientado a brindar respuestas efectivas a miles de ciudadanos cuyos procesos permanecían represados desde administraciones anteriores. Para ello se desarrollaron brigadas especiales de impulso a investigaciones por delitos sexuales, jornadas masivas para la aplicación de principios de oportunidad, jornadas de decisión en investigaciones relacionadas con el artículo 200 del Código Penal, jornadas de conciliación masiva, jornadas especializadas en procesos por omisión de agente retenedor y jornadas de depuración de querellas caducadas.
Como resultado de este esfuerzo institucional fueron impactados más de 5.000 procesos, mediante estrategias de aplicación de justicia restaurativa, permitiendo adoptar decisiones de fondo, impulsar investigaciones, depurar cargas históricas y ofrecer respuestas concretas a miles de ciudadanos que durante años esperaban una actuación efectiva de la administración de justicia, permitiendo la resolución de conflictos y la reconstrucción del tejido social. Esta estrategia representó un hito para la Dirección Seccional Bolívar, al combinar liderazgo gerencial, planeación, trabajo articulado de fiscales y servidores judiciales y una visión centrada en el ciudadano como eje principal del servicio público de justicia.
Los resultados obtenidos durante esta administración demuestran que una Fiscalía cercana al territorio, basada en el análisis criminal, la innovación, la articulación institucional y la planeación estratégica puede ofrecer mejores respuestas a la ciudadanía, fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, proteger de manera más efectiva a las víctimas y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones. La abogada Elizabeth Gómez Mejía dejó una Fiscalía más eficiente, humana, cercana y orientada a resultados, siempre al servicio de los habitantes de Bolívar.
* Con información institucional
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