Acaba de ser designada por De la Espriella como ministra de Salud Ana María Vesga.
Desde el año 2018 hasta el 2023 estuvo vinculada a la Andi como directora del sector farmacéutico y como vicepresidenta del área de la salud. Y de allí pasó a ser la presidenta de Acemi, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que corresponde a las empresas promotoras de salud, EPS.
Las EPS son producto de la privatización del sistema de la salud en Colombia con la Ley 100 de 1993, que determinó el manejo privado de los recursos públicos para la salud.
Para el año 2027, son alrededor de 114 billones de pesos el rubro que destinará el Estado para atender la salud de los colombianos. Tamaño botín. El 20% del presupuesto nacional.
Durante estos 33 años de vigencia de este modelo privatizado de la salud se han liquidado más de 100 EPS y han venido liquidando los hospitales públicos.
Se han perdido innumerables recursos, más de 40 billones dicen algunos, la Contraloría ha hablado de más de 30 billones. La corrupción ha sido el mecanismo sistemático en el manejo de dichos recursos.
El sistema de las EPS es un sistema privado que tiene como objetivo fundamental los negocios, no la atención de un derecho fundamental. Una de las tantas modalidades que adoptó fue la de la integración vertical entre las EPS y las IPS, es decir, las que prestan directamente el servicio. Los recursos de la salud entonces terminaban en grandes cuentas de las IPS por servicios sobrevalorados o incluso no prestados, es decir, corrupción. Además de este perverso sistema de la integración vertical con las IPS, las EPS terminaron haciendo inversiones en hoteles, canchas de golf, que desviaban los recursos de la salud a construcción de infraestructura de salud y de otras inversiones expresamente no permitidas por el sistema de salud. ¡Corrupción a la lata!
El pueblo usuario de este servicio terminó calificándolo como el paseo de la muerte, puesto que, cada vez más, las EPS restringían el acceso al sistema, aplazaban o concedían citas médicas en términos muy largos que no permitían la atención oportuna de los pacientes; la entrega de medicamentos y la realización de cirugías se desarrollaban en tiempos extensísimos, las enfermedades de alto costo o huérfanas no eran atendidas. Con todo ello el sistema producía grandes ganancias para las EPS, pero una desatención absoluta para la población por lo cual acotó el término de la muerte.
El gremio Acemi siempre se caracterizó por buscar que el Estado le entregara cada vez más y más recursos, aduciendo de que eran insuficientes. Todo con la voracidad de seguir acumulando grandes ganancias, sobre la base de negar la atención del derecho fundamental a la salud de la población.
El presidente Gustavo Petro presentó una reforma a la salud que contemplaba tres aspectos centrales, determinantes para que ese modelo de la muerte desapareciera. Dicha propuesta perseguía atender el derecho fundamental de la salud, primero, con la eliminación de la intermediación financiera, es decir, que no hubiesen más EPS; dos, con la eliminación de la intermediación laboral con la cual se sobreexplota al gremio médico y a los trabajadores del sector salud, haciendo más altísima las ganancias de dichas EPS; y tercero, que los recursos de la salud atendieran la prevención, bajo el criterio que es mejor prevenir que curar.
El gremio de Acemi, liderado por la señora Ana María Vesga, obviamente con el concurso de todo el empresariado y de las organizaciones gremiales que la representan, entre ellas la Andi, se opusieron radicalmente a dicha reforma, como una extensión de la oposición que en general le hacían al gobierno de Gustavo Petro, en especial rechazando la eliminación de las EPS, que es su gran negocio.
Las mayorías en el Congreso, especialmente en la Comisión Séptima del Senado, hundieron por dos veces el proyecto de ley que reformaba el paseo de la muerte de las EPS.
Lo celebraron los parlamentarios proempresariales, los empresarios, la Andi y especialmente la señora Ana María Vesga, presidenta de las EPS.
Sobre todo el tema de la corrupción, de la perversa integración vertical, de la mala atención, de la sobrevaloración de costos, de la no entrega oportuna de medicamentos y la pésima atención médica, nunca dijo nada la señora Ana María Vesga en todo el período en que estuvo en la Andi y en Acemi; por el contrario, reiteraba y repetía la necesidad de que le dieran cada vez más y más recursos.
Al ser nombrada ministra de Salud, sin lugar a dudas se configura en un conflicto de intereses.
El Estado que debe velar para que los recursos se destinen al derecho fundamental a la salud. Sin embargo, el gremio de Acemi está interesado y estuvo interesado todo el tiempo, así como la Andi, en obtener grandes ganancias y exigir más recursos del Estado.
Este nombramiento desnuda, en términos de la salud, pero igualmente en otros aspectos de los derechos fundamentales de la población, el carácter abiertamente proempresarial, proprivatización, del gobierno de Abelardo De la Espriella. Conocemos de los estragos que ha ocasionado este modelo de salud privatizado con las EPS.
Este hecho corrobora de que este gobierno de Abelardo gobierna con los de siempre, como nunca.
En este sentido estamos estamos ante la desafortunada situación que el paseo de la muerte se va a agravar en nuestro país, pues el gato seguirá devorando el queso.
El pueblo colombiano sabrá defender el derecho fundamental a la salud, denunciará todos los abusos, la corrupción y mala atención del sistema de salud con la cual la nueva ministra de salud, desafortunadamente, atenderá este importante derecho fundamental.
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