Texto escrito por: Nerio Luis Mejía
Hablar de paz en Colombia es un asunto sensible y delicado. Ese término despierta emociones encontradas entre detractores y defensores, pero al final quienes pierden son las víctimas y la justicia, debilitadas por el descrédito ante la opinión pública. Todos los colombianos, sin distinción, anhelamos el fin definitivo de este largo conflicto que ha bañado de sangre montañas, ríos y ciudades, convirtiendo al país en un cementerio clandestino.
Miles de cuerpos reposan bajo la selva, otros fueron incinerados en hornos ladrilleros acondicionados como crematorios, en un intento de borrar para siempre su existencia. No hay rincón en Colombia que no haya sido castigado por la violencia, aunque algunos territorios han sufrido con mayor crudeza.
En los últimos veinte años hemos sido testigos de dos procesos de paz polémicos. El primero, en 2005, con la Ley 975 que permitió la desmovilización paramilitar; el segundo, el Acuerdo de La Habana firmado el 24 de noviembre de 2016 con las FARC. Ambos han sido duramente cuestionados: incumplimientos, extradiciones y verdades incompletas han marcado la justicia transicional. El común denominador ha sido la falta de verdad. Algunos terminaron en cárceles extranjeras, temerosos de revelar nexos entre políticos, empresarios y militares con estructuras criminales.
Por esas razones me dirigí nuevamente hacia las víctimas olvidadas, aquellas castigadas sin misericordia por la violencia y sepultadas en el olvido por la desidia institucional. Sus rostros reflejan desesperanza: no son cifras ni estadísticas, sino seres humanos que cargan el peso de la tragedia paramilitar y guerrillera. Mi papel no es juzgar, sino escribir, convertir en voz los gritos que se perdieron en el tiempo.
Hablar de violencia en Colombia se ha vuelto costumbre. Masacres y desapariciones se diluyen bajo el eufemismo del “conflicto interno”, una manera romántica de decorar la impunidad. El Catatumbo parece condenado a cargar con ese karma. Al mencionar Tibú y el corregimiento de La Gabarra, la memoria colectiva evoca la barbarie paramilitar, mientras los crímenes de las FARC permanecen en silencio, quizá por miedo a que el monstruo reviva.
Un testigo recuerda la masacre de 2001 en La Gabarra, donde la guerrilla asesinó a 36 campesinos raspachines, entre ellos su hermano de apenas 14 años. “Era solo un niño”, relata. Los cuerpos fueron apilados y quemados. Cinco meses después, su padre halló restos óseos y, por intuición, escogió la calavera más pequeña, convencido de que era la de su hijo. Intentó llevarla para darle cristiana sepultura, pero paramilitares lo obligaron a enterrarla allí mismo.
Ese episodio destruyó a la familia y dejó preguntas que aún rondan la sombra oscura de la justicia transicional. La postura de organizaciones de la sociedad civil y el respaldo del Centro Nacional de Memoria Histórica han advertido que sin verdad plena no habrá reconciliación posible. La justicia transicional, sin compromiso real, se convierte en un mecanismo de impunidad disfrazado de paz.
Hoy, escribir sobre estas historias es un deber para impedir que el olvido se convierta en la lápida definitiva de las víctimas. La paz no puede construirse sobre cenizas sin nombre.
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