Texto escrito por: Carlos Lagos
Colombia vuelve a enfrentarse a una realidad dolorosa que se repite con frecuencia: el terrorismo no es un concepto abstracto, es una práctica concreta. Es el uso sistemático del miedo contra la población civil, y lo ocurrido en el Cauca y el Valle del Cauca —con episodios como el de Cajibío— lo confirma sin matices.
Los responsables —estructuras asociadas a las disidencias de Iván Mordisco y operadores como alias “Marlon”— no son actores políticos en disputa ideológica tradicional. Son, ante todo, organizaciones criminales que combinan narcotráfico, minería ilegal y control territorial mediante la violencia. Sin embargo, conviene hacer una precisión: aunque actúan con una lógica criminal, en ocasiones sus acciones buscan incidir en el escenario político, aunque carezcan de una coherencia ideológica estructurada.
Ahí aparece una primera tensión. Algunas interpretaciones sugieren que estos actores violentos buscan favorecer determinadas corrientes políticas. No obstante, versiones sobre presuntos apoyos —como las asociadas a alias “Calarcá”— no han sido confirmadas por autoridades judiciales y deben tratarse como controversias, no como hechos probados.
El error de la "sombrilla" única
El problema de fondo es que la política de seguridad actual ha generado una peligrosa confusión. No es lo mismo negociar con una guerrilla de carácter político que enfrentar estructuras de delincuencia organizada como el Clan del Golfo o redes del narcotráfico. Mezclar estos universos bajo la llamada “paz total” no solo es conceptualmente débil, sino operativamente riesgoso.
A diferencia del proceso de La Habana, donde nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado y se negociaba en medio del conflicto, hoy se percibe una flexibilización que erosiona la autoridad del Estado. Nombramientos de “gestores de paz” cuestionados y la suspensión de órdenes de captura han convertido a actores criminales en interlocutores legítimos.
Debilitamiento institucional y moral
El propio Gustavo Petro ha calificado a estos grupos como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”. Pero el problema radica en la falta de coherencia entre el discurso y la política pública. A esto se suma el debilitamiento de la Fuerza Pública tras la salida masiva de más de 70 generales al inicio del gobierno, lo que analistas interpretan como una ruptura en la continuidad estratégica.
Analistas como Eduardo Pizarro Leongómez advierten que, sin equilibrio entre negociación y coerción, los grupos armados tienden a expandirse. En la misma línea, el brigadier general (r) Pablo Przychodny Jaramillo sostiene que una paz sin seguridad real es una ilusión peligrosa. Desde la sociedad civil, voces como la del médico Fernando Salgado Quintero reflejan el sentir ciudadano: el Estado no puede limitarse a la retórica mientras la población paga el costo en vidas.
La paz no puede construirse debilitando la capacidad del Estado para imponer el orden. Insistir en ella es correcto, pero hacerlo sin rigor ni control efectivo del territorio es una apuesta que Colombia ya ha pagado demasiado caro.
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