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En los primeros 90 días del actual Gobierno 43 uniformados fueron asesinados en medio del recrudecimiento armado (Ver Fuente 1; Ver Fuente 2). Es el síntoma inequívoco de que la guerra aérea no tripulada dejó de ser una novedad táctica para convertirse en una amenaza diaria. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) documentó 716 ataques desde 2023 con corte al 1 de octubre; 318 durante todo el año en curso —uno cada 20 horas— (Ver Fuente) (esto, con corte al 2 de noviembre); el saldo hoy asciende a 351 incursiones con drones en Colombia durante el año actual: una incursión cada 21 horas, concentradas con especial sevicia en el Catatumbo, donde se suman 172 ataques, 6 militares muertos y 141 heridos que incluyen civiles (Ver Fuente).
“La Fundación Ideas para la Paz (FIP) documentó 716 ataques desde 2023 con corte al 1 de octubre”.
No son cifras abstractas. Son las vidas de los soldados asesinados el 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur y dieciséis compañeros heridos (Ver Fuente 1; Ver Fuente 2); son las familias de uniformados asesinados el 12 de noviembre en Tibú en un ataque con drones explosivos (Ver Fuente 1; Ver Fuente 2).
Petro había anunciado un Escudo Antidrones y no lo compró; la FIP documenta que el proyecto presentado estaba valorado en 6,7 billones de pesos, con una primera fase de 1,1 billones (Ver Fuente). El Ministerio de Defensa evaluó 119 empresas en 21 países, pero el proceso terminó empantanado y en el Catatumbo no aterrizó un solo sistema defensivo (Ver Fuente).
Por su parte, De la Espriella tras heredar ese vacío, en tres meses de ejercer Gobierno, sigue sin entregar un contrato a escala o CONPES aprobado, limitándose a anunciar un “plan de choque” sin cronograma, presupuesto ni priorización de cantones.
“Ambos mandatarios nos han fallado”.
Ambos mandatarios nos han fallado. Uno por anunciar sin ejecutar. El otro por recibir sin corregir el rumbo. Y en la mitad queda un soldado de 19 años durmiendo sin techo, sin alerta temprana y sin posibilidad de sosiego.
¿Por qué el escudo no tiene que costar 6,7 billones de pesos?
Hay que decírselo al país con claridad: los ejércitos y las guerras cambiaron. Más urgente que adquirir aviones de combate o buques nuevos para una guerra convencional que no libramos, es desplegar defensa aérea de baja cota. Pero eso no significa firmar un cheque en blanco de 6,7 billones de pesos —cerca de 1.600 millones de dólares— sin auditar qué cotizamos y para qué:
El paquete de 6,7 billones que estructuró el Gobierno anterior se infló al concebir una cobertura nacional de altísimo costo centrada en radares estratégicos, estaciones fijas pesadas y plataformas de guerra electrónica diseñadas originalmente para proteger fronteras e infraestructura contra aeronaves militares, y no para una guerra irregular contra guerrillas.
Cuando se revisan los precios reales de las soluciones probadas en frentes de combate como Ucrania, Rusia o Israel, la ecuación nos cambia:
1. El SMASH.
Para la tropa en movimiento (miras inteligentes y detección): Un sistema electroóptico con visión por computadora como el SMASH (fabricado por Smart Shooter y adquirido por el Reino Unido, EE. UU. e Israel), que se monta sobre el fusil del soldado, engancha el dron y libera el disparo solo cuando calcula una alta probabilidad de impacto, se ha contratado en Europa alrededor de US$ 24.000 por unidad. Equipar a 5.000 escuadras con miras inteligentes y sensores acústicos de alerta temprana costaría cerca de US$ 120 millones (unos 500.000 millones de pesos). Ver video.
2. TORRETA SKY SENTINEL (UCRANIANA).
Para cantones y bases fijas (torretas semiautónomas, mallas y refugios): Una torreta asistida por inteligencia artificial como la Sky Sentinel ucraniana —que rastrea drones pequeños con ametralladora pesada y dispara bajo autorización humana como última capa de defensa— ronda los US$ 150.000 por unidad. Blindar los 100 cantones y puestos más críticos del país con estas torretas, mallas metálicas de intercepción y muros HESCO reforzados costaría entre US$ 150 y US$ 250 millones (menos de 1,1 billones de pesos).
3. LÁSERES E INHIBIDORES DE RADIOFRECUENCIA.
Para infraestructura estratégica y drones comerciales (capas integradas): Combinar radares tácticos de corto alcance, láseres de baja potencia e inhibidores de radiofrecuencia para aeropuertos, radares e hidroeléctricas exige otros US$ 400 millones. El hardware base de una arquitectura así —sin contar integración, entrenamiento y sostenimiento— se cotiza por menos de la mitad de los 6,7 billones. Eso es precisamente lo que hay que auditar: qué hay dentro de esos 6,7 billones, para que no nos metamos en una compra tan inútil como la de los aviones Grippen de 17.5 billones.
Qué sirve y qué no ante los drones guerrilleros de fibra óptica: precisiones técnicas
Los drones guiados por fibra óptica no son un invento de las guerrillas colombianas: nacieron en la guerra entre Rusia y Ucrania (como los modelos Knyaz Vandal u Hromilo Optik) para burlar los inhibidores electrónicos, y fueron copiados por el EMC (Estado Mayor Central de las Disidencias FARC) y el ELN usando componentes comerciales. Para enfrentarlos hay que abandonar los autoengaños:
“Los drones de fibra óptica (los de la guerrilla) vuelan unidos a una bobina de hilo de 10 a 20 kilómetros por donde viajan las órdenes y el video en forma de luz, sin emitir señal de radio. No son drones conectados a un satélite”.
El alcance real del inhibidor: Los inhibidores de radiofrecuencia o GPS y los fusiles antidrón como el EDM4S no son inútiles: siguen neutralizando los drones comerciales por radio o celular, que aún representan una parte menor de los ataques. Pero son completamente ciegos ante la mayoría de drones que usa la guerrilla, que son de fibra óptica, y vuelan unidos a una bobina de hilo de 10 a 20 kilómetros, por donde viajan las órdenes y el video en forma de luz, sin emitir señal de radio.
El ojo de la malla y los refugios: La malla antidrón de 40 a 60 milímetros no alude al calibre de una granada de 40 mm ni de un mortero de 60 mm, sino al tamaño del ojo de la malla: aberturas de 4 a 6 centímetros diseñadas para enredar las hélices y el cable antes del impacto. Combinada con trincheras cubiertas y muros HESCO de arena, reduce la letalidad en bases fijas, aunque detener el aparato no anula la física: una granada que explota a tres metros de una trinchera descubierta sigue matando por onda y esquirlas.
La tropa en movimiento es la prioridad: La malla protege un cantón, pero una patrulla en la selva no puede cargar acero en la espalda. Proteger al soldado en el terreno exige tres medidas inmediatas: 1. La alerta táctica en unidades pequeñas (detectores acústicos, observadores entrenados y dispersión en segundos); 2. Reentrenamiento operativo real de día y de noche validado en el terreno y no en presentaciones de PowerPoint; y 3. Inteligencia humana y técnica que anticipe el ataque en lugar de contar bajas.
El pulso legislativo: regular sin asfixiar y rastrear los insumos
“En el Congreso avanza un proyecto insuficiente y que no considera numerosas variables: se trata del Proyecto de Ley 088 de 2026 Cámara”.
En el Congreso avanza un proyecto insuficiente y que no considera numerosas variables: se trata del Proyecto de Ley 088 de 2026 Cámara, «Por medio del cual se establece un marco regulatorio para el uso de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones», junto a una iniciativa paralela del Ejecutivo enfocada en defensa antidrón (C-UAS). Aunque el debate legislativo ya empezó a abordar la importación y el registro de operadores, la regulación aeronáutica tradicional por sí sola sigue teniendo un límite evidente frente a artefactos artesanales sin matrícula que no usan frecuencias comerciales ni satélites de la Aerocivil.
Pretender prohibir los drones privados en todo Colombia —golpeando el bolsillo de topógrafos, periodistas, cineastas, agricultores y académicos— sería un error estratégico: paralizaría sectores legales mientras los grupos armados ignoran cualquier prohibición. Tampoco es viable prohibir la fibra óptica, insumo esencial de las telecomunicaciones legales del país. En lugar de cazar drones uno a uno o asfixiar industrias lícitas, el Estado podría empezar por exigir una trazabilidad estricta de importación sobre bobinas de fibra óptica ultradelgada de largo alcance y kits FPV completos, cerrando el grifo logístico antes de que el dron despegue. Eso por ejemplo debería ir en la ley con una ruta de incautación definida; y un gasto estatal claro conforme a lo anterior.
La experiencia ucraniana, el mando y el civil en la mira
En Ucrania aprendieron hace más de dos años que bajo un cielo vigilado no se forma en el patio a la hora del almuerzo ni se concentra la tropa sin cobertura. Aquí, en Santa Rosa del Sur y en Trapiche, Ocaña —donde el 4 de septiembre el ELN atacó con 16 drones y asesinó a 3 militares—, nos golpearon en cantones con personal agrupado a plena luz del día (Ver Fuente 1; Ver Fuente 2); y aunque cada operación exige rigor para evaluar qué medios hay disponibles antes de señalar negligencias individuales, los comandantes incautos deben responder por los errores que cuestan vidas, y la crítica debe apuntar sin rodeos a la parálisis institucional.
“La amenaza aérea que hoy desangra al campo colombiano no tardará en golpear las ciudades. Todos somos blancos fáciles”.
La amenaza aérea que hoy desangra al campo colombiano no tardará en golpear las ciudades. Todos somos blancos fáciles. Ya vimos drones sobrevolando el aeropuerto de Cartagena; el radar Candelaria, ubicado en el corregimiento de El Carmelo (Valle del Cauca), atacado con drones cargados con explosivos el 16 de septiembre de 2026; el terminal aéreo de Tibú y distintos peajes. Mientras tanto, desde 2024 los drones han afectado a 487 personas en todo el país: 55 civiles heridos y 6 asesinados; 401 uniformados heridos y 25 muertos (Ver Fuente).
El campesino del Catatumbo teme salir a su finca bajo una cámara aérea; el niño del Cauca deja de ir a la escuela porque hasta el cielo en medio de un eventual conflicto ha dejado de ser seguro. A ese ciudadano no lo protege la multa administrativa de la Aerocivil -que solo regula drones legales con registro y geofencing- como es nuestra crítica al proyecto de Ley, sino una defensa activa capaz de frenar al EMC (72 % de los ataques) y al ELN (23 %) (Ver Fuente).
No pido, apreciados lectores, detener la ofensiva contra los grupos criminales: que los golpeen con toda la fuerza legítima del Estado. Pero sí que conviene recordar las palabras de Sun Tzu en El arte de la guerra: «La invencibilidad es una cuestión de defensa; la vulnerabilidad es una cuestión de ataque»; y solidaridad no es subir una bandera en redes sociales: es exigirle al mandatario anterior responsabilidad política por el escudo que anunció y jamás ejecutó; y al actual que pase hoy mismo de las alocuciones a la compra inteligente, escalonada y transparente que salve vidas; al Congreso hacer una ley para que el Estado haga trazabilidad de bobinas y kits FPV.
487 familias ya no esperan promesas: están acompañando a sus heridos y velando a sus muertos, que cayeron bajo el fuego de los drones (Ver Fuente). La solidaridad real implica divulgar este problema, que no debe quedarse en un gesto protocolario.
Agradezco al mayor (r) Germán Alberto Bermúdez Ordóñez por la revisión de los conceptos técnicos de esta columna.
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