Los habitantes del municipio de Cocorná salieron a marchar el 1 de marzo del 2020 a favor del río y en contra del licenciamiento ambiental que le dio Cornare a la compañía Pramming (Taborda y Vélez), para que se retire el proyecto de la microcentral Cocorná PCH 1, que afecta directamente a los municipios de Cocorná y Carmen de Viboral.
“Primero los grupos armados desaparecieron nuestros familiares y ahora Cornare quiere desaparecer nuestros ríos. El río lleva nuestra memoria de los desaparecidos, de todo nuestro ecosistema y nuestras comunidades. Sin ese río no hay vida, sin ese río, Cocorná no va a tener la misma fortaleza”, cuenta Flor Gallego, lideresa que lleva 23 años en este proceso.
La justificación del proyecto por parte de los funcionarios de Cornare, causaron malestar en la población del municipio, pues según Oladier Ramírez, secretario general, aseguró que “los daños ambientales serían mínimos”, sin embargo, las comunidades tienen memoria ambiental de lo ocurrido con las cuatro microcentrales que ya se realizaron en Cocorná.
“La comunidad fue engañada en el sector del ocho porque solo construyeron una carretera y la comunidad fue desalojada, ahora esa zona también fue privatizada y la gente ya no puede pasar por ahí. En la vereda La Aurora hubo damnificados porque al quedarse sin agua tuvieron que emigrar. Nos quieren privatizar de los bienes comunes, a eso suma que fuimos desplazados del 90 al 2000, apenas estamos retomando y hoy nos quieren volver a desplazar con estos proyectos”, afirmó Henry Alexander Martínez Aristizábal, líder de la vereda El Tesoro
“El mejor patrimonio ambiental que se le puede hacer a una comunidad, es no hacer las microcentrales o desmontarlas como se ha hecho en otros países extranjeros. En el 98 estábamos en el puesto seis de capacidad hídrica, para el 2016 pasamos al 26, ¿cuántas fuentes de agua no hemos secado?”, inquirió Iván Darío Vélez, antropólogo.
Cornare históricamente ha obedecido a unos criterios políticos y económicos de la clase política del oriente antioqueño, que se lucra con los privados de la extracción de los recursos naturales que tiene esta subregión, pasando por encima de los derechos que exige la población civil.
Por su parte, Iván Darío Espinoza, también antropólogo, aseguró: ”Encontré una irregularidad en el informe de la PCH Cocorná 1 en el ámbito arqueológico, en el estudio de impacto ambiental no hicieron programa de arqueología preventiva. En la reunión del 25 de enero del 2020 con Cornare para lavarse las manos articula el estudio de memoria, no cumplen nada y solo reciclan lo que dicen las comunidades. Cuatro especies reportaron que tenían veda en el primer listado, en el segundo las sacaron, y sin embargo, otorgan la licencia. Con estas condiciones de estudio se la deberían otorgar a Cocorná 2, 3 y Pantágoras, que son los otros proyectos que vienen para la zona”.
En el proyecto hay conflicto de intereses tanto del Estado como del inversionista, unos cuantificando los daños que causarán (obviamente pondrán lo mínimo) y del Estado que debe velar por regular y proteger el patrimonio, pero que obedece a compromisos económicos y políticos que se lo impiden.
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