Para escribir esta columna, revisé recientemente las declaraciones del expresidente Uribe sobre la carta de Timochenko y el texto de esa misiva; leí la entrevista de la revista Semana a Enrique Santiago, abogado de las FARC, sobre los términos del Acuerdo; analicé las declaraciones del Presidente Santos en la Convención Liberal, así como la columna de Rafael Nieto en El Colombiano, la de Jaime Araujo Rentería en el Periódico el Satélite y las declaraciones del expresidente Gaviria en el congreso liberal.
También vengo hablando sobre el tema desde hace años con el doctor Álvaro Leyva Duran, quien es, en mi opinión, el gran gestor de esta paz y de otros disimiles acuerdos con la insurgencia en varias épocas de la historia de Colombia. Si la paz se logra, el país no tendrá como pagarle sus sacrificios, su desgaste personal y su dedicación incansable a promover esta utopía.
Colombia pasa por tiempos de caos y confusión. No es fácil, en medio de tanta información y tanta opinión, saber en realidad qué está pasando y quien tiene la razón. Voy, entonces, por partes:
Rafael Nieto tiene razón en el punto de que los Acuerdos con las Farc no pueden hacer parte del Bloque de Constitucionalidad, - que es un desarrollo jurisprudencial de décadas- , en el sentido de considerar que el Derecho Internacional Humanitario y, particularmente, el tema de Derechos Humanos en los tratados internacionales, hace parte principal de nuestra Constitución. Temas adicionales sobre tierras, acuerdos políticos o electorales y reformas al Estado, no serían naturalmente afectos a desarrollos del Bloque de Constitucionalidad. Sin embargo, en el tema de la PAZ podrían darse leyes estatutarias que podrían plantear el asunto. Jaime Araujo precisa los puntos claves de los acuerdos de Ginebra y pone el dedo en la posibilidad, por lo menos jurídica y política (no sé si practica), de darle reconocimiento político a las Farc para poder celebrar tratados internacionales con ella.
Con relación a las declaraciones del expresidente Uribe, no pienso que su respuesta fue displicente. Al contrario, creo que Timochenko debe estar contento porque Uribe le respondió y porque fue muy preciso al detallar los temas en los que no está de acuerdo con relación al proceso de Paz adelantado. Pienso que Uribe tiene razón en los puntos que toca, que en el fondo coinciden con los que más nos molestan a una gran mayoría de colombianos, incluso sin ser “Uribistas”. Sin embargo, hay que aceptar que el Estado y sus instituciones no están libres de PECADO GRAVE. De esto se trata también la paz: de reconocer que ha habido abuso de poder, violaciones a los derechos humanos y conductas criminales también desde la orilla de la institucionalidad, y corrupción sistemática de grandes sectores de todas las ramas del poder público.
Si el Estado fuera otro, las observaciones del expresidente Uribe claramente tendrían el valor que él les atribuye como INNAMOVIBLES. Pero es innegable que agentes y oficiales de algunos organismos de seguridad, militares y de policía, han incurrido en delitos atroces, masacres, falsos positivos y contubernio con paramilitares, bandas criminales y delincuencia común, para no hablar de complicidades con el narcotráfico y el micro-tráfico, sin las cuales hubiera sido imposible que estos fenómenos escalaran hasta los niveles de degradación que todos conocemos, perpetuando el conflicto.
Por otra parte, creo que el gobierno actual se entregó políticamente a las Farc en su afán por firmar un acuerdo a toda costa y pasar a la historia. Y las Farc se han aprovechado de esto inteligentemente para imponer sus condiciones y lograr sus propios fines.
El problema es que las Farc no podrán resolver el problema que les significa Uribe para ejercer su poder en el territorio, ni el problema de los paramilitares y otros conexos que, en la práctica, pueden derivar en su EXTERMINIO físico, como ya sucedió con la UP. Es a lo único que le temen realmente, si cabe usar esta expresión para describir el sentimiento de quienes se han atrevido a rebelarse por más de 60 años contra el Estado y sus aliados, incluyendo entre ellos a una potencia mundial como los son los Estados Unidos de América.
Más allá de la retórica de Timochenko sobre la justicia social que pretende su grupo armado, cabe recordar que las Farc desean la paz para legitimar su derecho sobre tierras, bienes, e inclusive negocios y, por supuesto, para acceder al poder por la vía electoral a fin de llegar al Palacio de Nariño. Con quién harían efectiva esta aspiración, es otra cosa, pero ellos seguramente no están buscando la paz sólo para ser parlamentarios, un oficio que con seguridad pueden despreciar.
Frente a estos propósitos de las FARC, Uribe y sus más de 7 millones de seguidores son un obstáculo insalvable, lo mismo que para la implementación en la práctica de los acuerdos que, contra viento y marea, el gobierno va a firmar.
Con este telón de fondo, creo que fueron muy desacertadas e inconvenientes las declaraciones del presidente Santos en el Congreso Liberal. Si en realidad pretende hacer la paz, no debió permitirse en su discurso las expresiones a las que recurrió con tono para descalificar a Uribe, su gobierno y su familia. En esto se equivocó gravemente.
El Presidente Santos va a firmar con las Farc y puede que por ello suba en las encuestas, contra todo pronóstico, puesto que la puesta en escena de esa firma equivaldrá mediáticamente (no en la realidad) a la reunión de Bolívar con Murillo, con toda la comunidad internacional, los americanos, las Naciones Unidas, etc, apoyándola. El colombiano promedio pensará que si el acuerdo se firma con todo este apoyo, tiene que ser bueno para el país.
Pero el Presidente Santos para efectos de la Paz ya va de salida aunque firme el Acuerdo y aunque lo postulen para el Nobel de Paz. Será el próximo presidente quien defina si estos acuerdos tienen o no futuro, y si son factibles en el campo. Y ahí aparece nuevamente Uribe. Por esta razón, las declaraciones muy inteligentes del expresidente Gaviria en el Congreso Liberal son un llamado de atención para Santos, para German Vargas y para el mismo Uribe.
Si el próximo presidente cuestiona de fondo los acuerdos, lo que tendremos será más GUERRA en el campo, y puede que volvamos en las ciudades al tiempo de las bombas, porque las Farc y sectores de ultra derecha del Estado y de las FFMM, harán lo que sea para recomponer sus fuerzas de combate, a fin de demostrarles a los colombianos y al mundo que están vivitos y coleando.
Las Farc tienen claro el contexto del poder y por ello se han atrevido a extenderle la mano a Uribe, a sabiendas de que si él puede tratará de acabar con ellos. Esto es valioso, aunque no estemos de acuerdo con ellos porque demuestra que están dispuestos a jugarse el todo por el todo. Quizá Uribe podría estar dispuesto a lo mismo y, en los términos de las Farc, arriesgarse al diálogo para ganar.
Sobre las declaraciones de Enrique Santiago, abogado de las Farc, me sigue quedando claro que la Constituyente está viva. Sólo le están dando un compás de espera para amarrar el nudo del acuerdo y, cuando las FARC hayan logrado esto, seguirán por la Constituyente. Esto, aunque sea un triunfo de las Farc, también puede serlo de todos los colombianos si nos apersonamos del asunto, porque claramente necesitamos gestar un Nuevo Pacto Social para establecer nuevas reglas contra esos poderes omnímodos y corruptos que impiden el desarrollo de una verdadera democracia y un Estado de Derecho en el país. En este sentido hay una iniciativa muy interesante de un Acuerdo de Convivencia Ciudadana del investigador Sneider Rivera que podría ser recogida por los actores del conflicto.
Mi propuesta: Creo que el presidente Uribe puede evitar que el país se enfrasque en una nueva guerra, que dejará más muertes, más dolor y menos progreso. De él depende en gran medida que esto no pase, aunque tenga razón en sus reclamos y observaciones sobre los acuerdos de paz que se han conocido hasta el momento. Con las salvedades enunciadas sobre un Estado cómplice y corrupto.
El Presidente Santos lo debería invitar a una reunión con las Farc en el territorio y en las condiciones que Uribe establezca. El gobierno tiene el deber de recuperar el diálogo con Uribe, por el bien del país, sin que esto implique necesariamente retroceder en lo que ya han acordado los equipos negociadores del gobierno y las Farc. El diálogo que falta es el de ellos con Uribe y lo tienen que convencer, o él a ellos, pero al final deberían llegar a un acuerdo que sea posible en el campo y en las ciudades.
Estamos a tiempo.
