Lo sucedido hace unos días en contra la senadora Claudia López acontece a diario en nuestro país. Las mujeres que ejercemos la política somos vilipendiadas por los “machos” que ejercen coacción y demuestran su poderío en los espacios públicos como el congreso para silenciar las voces femeninas que denuncian la corrupción y la violencia y proponen iniciativas ciudadanas. Sin embargo, ese acto reprochable y violento del senador Ramos debe llevarnos a reflexionar sobre la violencia política contra las mujeres para establecer acciones de exigibilidad y respeto por nuestros derechos y así poder diseñar entre todas una política pública que nos blinde, nos proteja y nos garantice nuestros plenos derechos a ejercer la política, a participar en las instancias de decisiones, a la representación y a la igualdad de oportunidades en los espacios políticos.
Al reflexionar sobre la violencia política contra las mujeres en nuestro país preocupa que la política sigue siendo un espacio para los hombres, basta fijarse en algunas cifras. Sólo hasta 1957 las mujeres pudieron salir a votar, y desde ese año hasta hoy, el porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular, como alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y el Congreso de la República, no supera el 22,5 %.
En el informe, titulado No es normal, el Instituto Holandés de Democracia señala que de 166 casos de mujeres que fueron electas para cargos públicos entre 2012 y 2015, los resultados mostraron que el 63 % de las encuestadas fueron víctimas de violencia por el solo hecho de ser mujeres. Y, de paso, ese era un motivo para que algunas renunciaran a sus cargos o abandonaran definitivamente la política.
De acuerdo con el informe, esa violencia fue medida en actos concretos, como la desestimación de sus argumentos, amenazas contra sus hijos o familiares, insultos como “brujas”, “locas”, “brutas” o “menopáusicas”, rumores de infidelidades, malos tratos físicos y verbales y hasta el hecho de apagar los micrófonos mientras sesionaban. El acto que ellas calificaron como el más frecuente (23,8 %) fue restringirles el uso de la palabra, seguido del ocultamiento de los recursos financieros o administrativos durante su gestión (22,3 %). Seis de cada 10 mujeres se reconocieron como víctimas de algún tipo de violencia sistemática.
Lo que pasó hace unos días demuestra gravemente una vez más esta realidad visibilizada y normalizada como las demás formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Por esta razón, debemos desde ya insistirle al Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio que legisle para que la violencia contra las mujeres en política cese y se den acciones afirmativas de prevención, investigación, sanción y reparación y de esta manera promover la participación de las mujeres y así se amplíe la democracia y la ciudadanía no sea privada de nuestros potenciales para realizar aportes hacia la transformación positiva de nuestro país tan necesaria en este tiempo que se avecina.
¡Acciones ya contra la violencia hacia las mujeres en política!
