Así se encontraban los indígenas de 15 pueblos, viviendo de auxilios de terceros y donaciones, niños y mujeres resguardándose en cambuches improvisados, viviendo entre los inclementes cambios de clima de la capital colombiana. Mientras lograban sentarse a la mesa con representantes del Estado para acordar qué sería de su destino y cuándo podrían ser trasladados a lugares seguros.
Llegaron denunciando la toma de su territorio por parte de grupos armados, y luego de ocho meses asentados en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá, lograron acordar ciertos puntos con el Gobierno Nacional y los organismos defensores de Derechos Humanos.
Se estima que 600 niños en situación de desnutrición se hallaban allí, con sus derechos y comodidades fundamentales vulnerados, como acceso a la educación y el desarrollo de sus saberes en sus entornos propios.
También se sabe que los 1500 que quedan aún a espera de su reubicación, por parte de la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, se encuentran sin acceso a agua potable y según denuncian, la comida no alcanza para las familias que quedan.
El acuerdo para movilizar a las 15 comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional concluyó con dos de los puntos que había exigido dicha población desde que llegó: participación en política e ingresos “razonables” para poner a andar sus proyectos productivos.
