La Corte Constitucional en sus diferentes decisiones ha demostrado que se esfuerza por lograr justa interpretación del espíritu jurídico-social de la carta encomendada a su guarda e interpretación.
Sin embargo, no escapa ni es ajena a los efectos y asedio de la politiquería, el clientelismo, el abuso del poder económico y político y mezquindad social de ciertos usufructuarios del poder y la política.
A lo anterior se suma la deplorable actitud y posición que asumen congresistas cuando de aprobar decisiones socioeconómicas equitativas se trata.
El gobierno y el Congreso son los responsables de ordenar la equitativa distribución y redistribución del ingreso y en materia laboral salarial.
El marco legal que rige el desproporcionado e inequitativo sistema salarial y pensional colombiano es de dominio del gobierno y el congreso y de control legal de la Corte Constitucional.
Las desproporcionadas y en algunos casos presuntamente ilegales mesad de excongresistas y exmagistrados, entre otros, en aras de la equidad y la justicia social, deben ser modificadas, lo mismo que el régimen salarial nacional.
Según información estadística, 48% de los 23 millones de colombianos que tienen trabajo en el sector informal recibe mensualmente menos de un salario mínimo, generalmente no tiene casa y mucho menos renta de capital y tienen que sobrevivir con ese ingreso.
En Colombia impera un régimen salarial y pensional desproporcionadamente inequitativo, en particular en la rama judicial, Congreso y alto mando militar.
La inequidad en el monto de las mesadas pensionales y en el régimen salarial vigente es injustificado. El 80% del monto total de las mesadas pensionales mensuales va al 20% de los pensionados con mayor mesada. El 1% de las mesadas le llega al 40% de pensionados de más bajas mesadas.
De fuente oficial se sabe que el subsidio del Estado (del presupuesto nacional) para pago de pensiones en 2019 supera los $32 billones. Un 12.5% del presupuesto nacional.
Los pensionados no superan el millón setecientos. En Colombia,solo el 25% de mayores de 60 años está pensionado, mientras en Argentina el 45%, en Chile el 55%, en Brasil el 75%, etc.
De 23 millones de trabajadores colombianos solo 7 millones son cotizantes y no todos permanentes.
Son cifras del inequitativo régimen pensional que el gobierno y el Congreso no logran corregir y ordenar. Es previsible que una reforma salarial y pensional racionalmente equitativa sea prácticamente imposible aprobarla en el Congreso porque afecta intereses personales y de sectores interesados y además puede afrontar la revisión constitucional.
Esa reforma puede lograrse a través del constituyente primario. Un referendo o plebiscito puede poner fin a la inequidad y al festín de las pensiones con recursos del presupuesto.
El constituyente primario debe ordenar:
1. En Colombia, en el sector público, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta pueden pagar a trabajador o prestador de servicios, por concepto de salarios y complementarios, más de 20 salarios mínimos mensuales.
2. En Colombia, en el sector público, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, a nadie pueden pagar más de 10 salarios mínimos mensuales, por concepto de pensión y complementarios.
3. Todo colombiano en estado de invalidez económica y/o abandono familiar, a partir de los 65 años, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual permanente de un salario mínimo mensual, sin derecho a sucesión pensional.
La decisión del constituyente primario es la única vía para lograr equidad y racionalidad pensional.
Consideración necesaria e incuestionable: todos los trabajadores de altas y medianas remuneraciones salariales durante su vida laboral han recibido salarios que les pudieron permitir capitalizar, ahorrar. Tienen casa o casas propias y generalmente rentas de capital. No son pobres. Pueden vivir holgadamente con la mesada pensional que resulte de la reforma.
Son cifras para dimensionar, en alguna forma, las diversas aristas de la injusticia social colombiana y la absoluta irresponsabilidad de la clase política y la forma como se ejerce el poder político y económico.
Es menester analizar las circunstancias, hechos y consecuencias, de las decisiones y ejecutorias, de los gobiernos de turno, para entender las causas de la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad y la violencia que campean en Colombia.
Es un reto histórico para el gobierno convocar el referendo o plebiscito e impulsarlo como objetivo fiscal, socioeconómico y de justicia social supremo.
El revolcón salarial y pensional debe ser soportado con disposiciones legales concretas y efectivas para blindarlo contra la corrupción, más si se tienen en cuenta antecedentes con el manejo de los recursos pensionales y que en Colombia, donde circule dinero del Estado, los tentáculos de la corrupción siempre están al acecho.
