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La fiscal Luz Adriana Camargo escogió al abogado Externadista, Rodrigo Antonio Durán Bustos, fundador del bufete Medellín Durán Abogados junto con Carlos Medellín Becerra y ahora su hija Adriana es la directora ejecutiva junto a otros cuatro codirectoras jóvenes de la firma; sus dos abuelos fueron víctimas de la tragedia colombiana: Carlos Medellín fue uno de los magistrados que murieron en el holocausto del Palacio de Justicia y Guillermo Cano, director de El Espectador, fue asesinado por Pablo Escobar.
Rodrigo Durán fue el abogado escogido por la Fiscal Luz Adriana Camargo para liderar su defensa frente a las diez demandas que cursan en su contra, con las que buscan tumbar su nombramiento, pero también lidia con el caso de la solicitud de captura internacional para ser juzgada en Guatemala en el marco de las investigaciones de corrupción por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU cuya cabeza era el exministro de defensa y hoy embajador ante la Santa Sede, Iván Velásquez. Luz Adriana Camargo es acusada de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en el caso de Odebrecht en el país centroamericano.
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El abogado Rodrigo Durán tiene más de cuarenta años de experiencia en derecho civil y comercial además de los cargos que ha ocupado en el sector público, desde la Dirección de Inravisión -el liquidado Instituto de la radio y televisión pública antes de la creación de RTVC Sistema de Medios Públicos- como secretario jurídico de Presidencia además de haber sido asesor en el Congreso y Ministro Consejero en la Embajada de Colombia en Londres.
El bufete que fundó con Carlos Medellín tiene proyección internacional por contar con la acreditación de la American Bar Association y el Latinamerican Chambers, pero su especialidad está más orientada a asesorar jurídicamente a entidades del Estado o publico privadas y tiene entre sus clientes al menos cuarenta de estas organizaciones empezando por Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Bogotá.
Ahora como abogado de la fiscal Luz Adriana Camargo, Rodrigo Durán tiene como estrategia que el argumento es jurídicamente irrelevante en el marco del ordenamiento jurídico en Colombia pues se trata de una actuación de un órgano extranjero que no tiene efectos en el país.
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