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Tres decisiones en pocas semanas apuntan en la misma dirección: el Gobierno de Abelardo de la Espriella le abre a Washington el subsuelo, el territorio y el mar de Colombia.
Lo hace cuando el partido de Trump acaba de perder en las urnas. Los demócratas recuperaron ambas cámaras del Congreso estadounidense, y el costo de vida, los aranceles y la guerra en Irán pasaron factura. Lula, por su parte, fue reelegido en Brasil con el 51,8 % de los votos. Afuera Trump pierde, pero en Colombia encuentra un Gobierno dispuesto a concederle ventajas extraordinarias.
1. Minerales críticos: la nueva fiebre extractivista
China controla más del 70 % de la extracción mundial de tierras raras y el 87 % de su procesamiento. Por eso Washington busca nuevos proveedores, y América Latina es pieza clave de ese ajedrez.
El 8 de septiembre, Marco Rubio y el canciller Omar Bula firmaron un memorando para facilitar inversiones estadounidenses, compartir información geológica, acelerar permisos y revisar la venta de activos mineros estratégicos. El documento prevé incluso que Estados Unidos reciba información anticipada sobre oportunidades de inversión minera.
El acuerdo no entrega jurídicamente nuestros recursos, pero sí traza una hoja de ruta que obliga a preguntar: ¿la política mineroenergética debe responder a las necesidades productivas y ambientales de Colombia o a las prioridades geopolíticas de Trump?
Hay algo más grave. El Gobierno revocó la Resolución 0961 de 2026, que protegía el bioma amazónico, equivalente al 42 % del territorio continental. La decisión reabre la puerta a proyectos como Libero Cobre, en Mocoa, Putumayo, en pleno piedemonte amazónico, una región de enorme riqueza hídrica y cuna de los ríos voladores. La Silla Vacía documentó vínculos societarios entre personas del entorno presidencial e inversionistas relacionados con ese proyecto.
Y todo esto va de la mano con la reforma tributaria de De la Espriella, que para inversionistas extranjeros como las grandes mineras, a través de RUGE reduce el impuesto de renta en 15% y les amplia los beneficios tributarios.
2. Tropas estadounidenses: ¿quién autoriza?
Washington tampoco mira solo nuestro subsuelo. El Comando Sur anunció Southern Vanguard 2027, un ejercicio con unos 350 militares estadounidenses y más de 400 colombianos, que incluye seguridad terrestre, interdicción marítima, ciberdefensa y coordinación operativa.
El Gobierno lo presenta como cooperación. Pero el artículo 173.4 de la Constitución atribuye al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras. Entonces: ¿con qué autorización ingresaron? ¿Qué actividades pueden realizar? ¿Dónde termina el entrenamiento y empieza la participación en operaciones?
Los ejercicios conjuntos no equivalen a operaciones de combate, pero tampoco pueden ser una fórmula para eludir el control constitucional. La interoperabilidad, llevada al extremo, puede profundizar la dependencia del ejército de Colombia a las órdenes del Comando Sur.
Ya lo advirtió Germán Castro Caycedo en Nuestra guerra ajena: la lucha antidrogas puede terminar subordinando las prioridades nacionales a una agenda extranjera.
Es urgente que el Ministerio de Defensa rinda explicaciones.
3. Gorgona: el Pacífico también está en juego
La ANLA aprobó, mediante la Resolución 2592 de septiembre de 2026, un plan de compensación marina para la estación de Guardacostas de Gorgona. El proyecto contempla muelle, instalaciones militares y radar de vigilancia en uno de los parques nacionales más biodiversos del mundo.
Formalmente es infraestructura colombiana, pero ha contado con financiación estadounidense, y Washington tiene intereses en la información y el control del Pacífico este tropical, una zona de enormes recursos y posición privilegiada.
Gorgona debe ser para la ciencia, la conservación y el ecoturismo, no otra pieza de la estrategia militar estadounidense. Por eso conviene reactivar la presión ciudadana en defensa de nuestra joya del pacífico, y que la acción popular que cursa deje de dormir el sueño eterno.
Estados Unidos defiende sus intereses, y eso no sorprende. Lo preocupante es un Gobierno nacional tan dispuesto a acomodar sus decisiones a esas prioridades. Y reproducir la vieja lógica extractivista que Colombia ya conoce con el petróleo, el carbón y el gas: las potencias aseguran recursos y ventajas, y los territorios asumen los costos sociales y ambientales.
Lula defendió que Brasil no será el patio trasero de nadie. En Colombia, De la Espriella parece entender la soberanía como una cortesía diplomática que puede dejarse de lado cada vez que Washington llama.
Trump pierde elecciones, pero aquí sigue encontrando las puertas abiertas de par en par. Y Abelardo, tan firme cuando habla de patria, parece olvidar que la que juró defender como presidente, fue la colombiana.
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