"La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social"— Preámbulo Constitución de la OIT
La bisagra de la paz se aceita con la construcción de una ciudadanía activa, empoderada, que participe, incida, decida, que sea consciente de sus derechos, deberes y responsabilidades con la sociedad y los reivindique en cualquier espacio; que cuente con poder de decisión, de acción, de organización, de movilización y de adquisición; que se una en diversas causas y promueva las propias; que se indigne, que se oponga, que agencie, que proteste pero también que debata, dialogue y construya confianzas mediante acuerdos y alianzas; que controle como se invierten sus recursos públicos y retribuyen los impuestos que paga con su trabajo, con su esfuerzo, resultado de sus oficios; que su productividad le permita vivir con dignidad, aportar a la sociedad y sacar adelante a sus familias; que cohesione al sistema social.
Desde esa perspectiva, el ciudadano, de manera holística, además de contar con sus derechos civiles, igualdad frente a la ley y demás aspectos que alimentan la ciudadanía, demanda del acceso a igualdad de oportunidades de trabajo decente, a la ruta a la inclusión productiva y al empleo digno, a la empleabilidad y asociatividad. Con políticas pertinentes se avanzaría en pagar la gran deuda social con los desvalidos de este país, acompañadas de mayores inversiones en justicia social, en infraestructuras necesarias, en gobernanza; de transparencia en el manejo de los recursos públicos; de corresponsabilidad y de oportunidades para los actores claves.
El camino de la gente por la senda del buen vivir implica goce efectivo de sus derechos y ejercicio pleno de su ciudadanía. De manera que puedan participar en igualdad de condiciones para exigir y hacer valer sus garantías en un Estado que se debe a sus conciudadanos, mediante el pacto social y democrático, dirigido a que mediante las políticas públicas, la normatividad, las acciones e inversión del Estado, se avance en el bienestar general, así como en asegurar las iniciativas ciudadanas, proteger el crecimiento sostenible de sus empresas, prevenir y mitigar los riesgos de la sociedad global, adaptar el territorio y las poblaciones al cambio climático; y continuar con el anhelo de, entre todos, construir un mejor país en paz con justicia social, equidad, en permanente búsqueda del bien común y del desarrollo social, económico y sustentable.
. Colombia estableció el 7 de octubre como el día nacional de trabajo decente. El gobierno nacional ha tenido un fuerte compromiso y hecho un gran esfuerzo en esta vía. No solo desde el punto de vista de reforzar la inspección, vigilancia y control en el mundo laboral sino que en su Plan de Desarrollo señaló que mediante la política nacional de trabajo decente, se promueve la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado.
Política que está incluida en los 32 planes de desarrollo departamentales y de las ciudades capitales del país, y que según la OIT reconoce al trabajo decente como fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad y como punto de convergencia de cuatro ejes fundamentales: crear empleo e ingresos; extender la protección social; de reforzar el tripartismo y de promover el diálogo social; y el de garantizar los derechos del trabajo, entre otros para desarrollar la libertad sindical, el derecho de asociación, de negociación colectiva, potenciar acciones contra la discriminación, por la abolición del trabajo forzoso, por la equidad de género e igualdad de oportunidades y trato en el empleo, y contra el trabajo infantil y sus peores formas.
Es un gran arranque nacional que requiere del compromiso de todos. No solo de quienes generan empleo y del Estado, sino de quienes también se organizan para defender sus derechos. Así desde el año 2013 se haya sostenido la tasa de desempleo en menos de un dígito, solo el 58,5 de la población colombiana está ocupada y de este universo, nada más un tercio cotiza a pensiones, salud y riesgos laborales. Así haya crecido la afiliación a seguridad social y se hayan creado cientos de miles de empleos, así se avance en indicadores para medir la calidad del trabajo decente, es necesario que se fortalezcan las acciones, se luche contra la precarización del trabajo, y se construyan políticas públicas pertinentes que posibiliten se aúnen esfuerzos público-privados y de los actores claves para mejorar las condiciones de trabajo de la gente, para ampliar la estabilidad en el empleo, para impedir las barreras de acceso y para generar empleo con inclusión.
