Es los últimos meses le he venido escuchando cada vez con mayor insistencia a Fernando Rojas Hurtado que en Colombia tenemos una especie de obsesión, y le prestamos muchísima atención, al diseño y la formulación de grandes planes y programas; mientras se le presta escasa atención a la forma en que se van a implementar y llevarlos realmente a la practica.
Según Rojas, mientras en el mundo, al menos teniendo como referencia los países OCDE, el diseño y la formulación puede pesar un 30% en importancia y la implementación un 70% (sin contar con el monitoreo y la evaluación como parte esencial del ciclo de las políticas públicas), en Colombia lo primero puede pesar un 90% y lo segundo un 10%.
En nuestro país todas las soluciones están en documentos y leyes. Tenemos una tendencia a despreocuparnos de cómo nuestras geniales ideas se llevarán a la práctica, lo damos como hecho una vez esta escrito, nos parece trabajo obvio de carpintería, aunque la realidad nos demuestra día a día que “el diablo esta en los detalles”.
Analizando las posibles razones de esta distorsión en la gestión pública colombiana creo que la explicación se encuentra en el papel dominante que han jugado los economistas y los abogados en el manejo del Estado, frente al poco desarrollo de la administración en general y de la administración publica en particular como objeto de estudio en Colombia. Para explicar dicha relación recurriré a una caricaturización de esas profesiones.
Por el lado de los economistas, existe un sesgo a generalizar a múltiples aspectos y áreas de la gestión pública, cierta fe ciega en el papel del mercado y de manera más general a la forma espontanea, la mano invisible, que hace que las decisiones se llevan a la práctica.
Asumimos, tal vez inconscientemente, que todas las decisiones funcionan de manera similar a las que toma una autoridad monetaria. En ellas, lo importante es la comprensión de la coyuntura y de las tendencias, el diagnostico y el diseño de la política o el incentivo. Las decisiones producirán los efectos esperados, si esta bien diagnosticado y diseñado, a través de los mecanismos de transmisión. La implementación no importa mucho.
Ello sin contar, por la forma en que, casi por formación, subestimamos a los administradores y los vemos como economistas frustrados.
Por el lado de los abogados, además de los múltiples chistes que hacen parte del argot popular, como aquel de que “cuando hay dos abogados, hay tres conceptos”, nuestra maraña legal, además de ser un galimatías, ha producido un sesgo a volver norma todo, y que una vez alguna norma dice que algo se haga, se hará, de manera espontanea y omitiendo la realidad de las entidades y las organizaciones.
Todo ello ha sido reforzado por una planeación sectorial y en silos, que ha fragmentado la acción de lo público y dispersado la posibilidad de generar resultados. Cuando las presiones por pasar a una planeación territorial, que el país pide a gritos, se tratan de llevar a cabo, como con el instrumento de los contratos plan, se vuelve evidente el conflicto y para quienes tienen que enfrentar esos procesos se hace claro que el gran reto esta en “el hacer” y que se requiere una visión más pragmática de la gestión pública.
Recurriendo al tan trillado eslogan de la campaña de Clinton, de cara al próximo Plan Nacional de Desarrollo, donde los retos de la paz, la equidad y la educación son enormes, los actores encargados de la ejecución dicen a gritos: “¡es la implementación, estúpido!
@alfredobateman
