La violación de los derechos legítimos de los ciudadanos, incluyendo la comisión de delitos como daños a bienes ajenos, ha llegado a tal extremo que varias veces al día, todos los días de la semana, grandes camiones realizan maniobras de descargue de mercancías en ese sitio, que está prohibido para este tipo de operaciones, formando tremendos trancones, congestión y embotellamiento en el sector, teniendo en cuenta que la calle 5 es el principal acceso al sector hospitalario, educativo, bancario y comercial del centro de la ciudad.
Es más, como el espacio no está diseñado para la operación de esos grandes camiones, constantemente (durante unos dos años) han estado golpeando la estructura del edificio aledaño, que, en consecuencia, de acuerdo con valoraciones técnicas de ingeniero especializado, presenta daños estructurales que deben ser reparados con urgencia.
Como consecuencia de estos actos vandálicos, se ha solicitado en muchas ocasiones la intervención de directivos de la empresa comercial y de las autoridades locales de tránsito y policía para tratar de recuperar el orden público en ese sitio.
Cuando los uniformados responden al llamado y acuden con la presunta intención normalizar la situación, conductores y empleados de Tiendas D1, a regañadientes aceptan el llamado a la prudencia, mientras llega el nuevo camión y repite la escena anterior y los daños.
No fue posible que alguna autoridad pudiera exigir respeto con las normas legales y de convivencia por parte de Tiendas D1.
Después de tantas llamadas de atención a los empleados responsables de la tienda, y ninguna corrección, está demostrado que no les importa la presencia de la policía o los señores de tránsito. Les “maman gallo”. Eso ya hace parte de la rutina propia del ejercicio comercial de Tiendas D1: se volvieron especialistas en burlas y evasivas.
Lo notable es que solo les importa la desaforada explotación económica del sitio, sin ninguna consideración cívica con el vecindario, los peatones o conductores de vehículos de servicio público o particulares afectados.
Por lo anterior, los damnificados, hace un año, decidieron acudir a las autoridades competentes para solicitar la oportuna asistencia y protección judicial civil. Se exigió una conciliación previa, como actuación preprocesal.
Entre delegados autorizados por Tiendas D1 y el propietario de la edificación afectada, mediante la intervención de un tercero designado oficialmente para el efecto, se acordaron los procedimientos para que no se continuara la perturbación pública ni los daños en la propiedad privada.
Ese acto obligatorio previo fue violado desde el día siguiente de su firma.
Ante la inocua insistencia a algunos empleados de Tiendas D1, con quienes de buena fe se intentó buscar el cumplimiento de lo pactado para detener la lenta pero incesante demolición impuesta contra la edificación vecina, no fue posible lograrlo. Contrariamente, volvieron las irresponsables evasivas, con lo cual quedó expedita o abierta la vía judicial como única alternativa a seguir.
De acuerdo con la valoración de la asesoría jurídica, testimonios, testigos, fotografías y videos, entre otras pruebas, se va a tener en cuenta, que el delito contra la propiedad, se ha venido produciendo por descuido, imprudencia, y negligencia de los conductores de los vehículos que sirven a Tiendas D1, lo cual no demerita la gravedad de los daños.
Pero el delito descrito no es solo de tipo penal, sino que abarca distintas acciones simultáneas como la demanda de responsabilidad civil extracontractual para la reparación de los daños y perjuicios derivados.
Las Tiendas D1 son propiedad de D1 S.A.S., Grupo Santo Domingo. El presidente de la cadena de almacenes es Christian Bäbler Font, y Andrés Valencia Prieto, el representante legal, con sede principal en Bogotá (Carrera 7 No. 155 C 30 Ed North Point Torre E P) y NIT: 9002769621.
