¿Cuál es el lío con el software de la Registraduría que se puede prestar para un fraude?

Juan Carlos Galindo está contra las cuerdas y el mismo presidente Santos le está exigiendo garantías para los candidatos

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Mayo 22, 2018
¿Cuál es el lío con el software de la Registraduría que se puede prestar para un fraude?
Fotos: Caracol Radio / Instagram Thomas Greg & Sons

Desde que don Gregorio Bautista obtuvo la licencia de Thomas Greg de la Rue, la famosa empresa de valores inglesa, la familia Bautista siempre ha sido cercana al poder. Sus grandes contratos han sido con el Estado y sus hijos Felipe, Camilo y Fernando han cultivado sus relaciones al más alto nivel.  El presidente Santos formó parte de la junta directiva entre Thomas Greg & Sons de Colombia y Thomas Greg & Sons Limited entre septiembre de 2002 y julio de 2006, hasta que fue nombrado ministro de Defensa de Álvaro Uribe.  Desde entonces ya le prestaban sus servicios a la Registraduría, una relación comercial que empezó en 2002, pero en 2010 el registrador Carlos Ariel Sánchez le entregó el proceso completo con un contrató por valor de $ 232.000 millones.

Los hermanos Felipe y Fernando Bautista son del círculo inmediato del Presidente Santos al punto de formar parte de la exclusiva lista de invitados que lo acompañó a la cena que el ofreció la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham en su visita de Estado a Inglaterra en 2016.

Los hermanos Felipe y Fernando Bautista fueron invitados especiales del presidente Santos en su visita al Palacio de Buckingham.

Para las elecciones de 2010, la Registraduría Nacional en cabeza de Sánchez, firmó un contrato con Thomas Greg & Sons –a través de varias uniones temporales–, para manejar el 90% del proceso electoral colombiano. Controlan desde el papel, la impresión de los formularios, los plumones con el que los electores marcan las casillas –que también fallaron en el 2014–, hasta el software que es el cerebro tecnológico y los computadores en donde se cargan los resultados. El primer contrato de 2010 tuvo un valor por $ 88.000 millones.

Para las elecciones del 2014, el registrador Carlos Ariel Sánchez repitió la fórmula. Contrato nuevamente toda la logística, el kit electoral, la elaboración de los tarjetones y el transporte del material electoral. Firmó un contrato por un valor de $ 232.111 millones con DISPOREL, una unión temporal creada para el propósito compuesta por las empresas Thomas Greg & Sons de Colombia, Thomas Greg & Sons Limited, Thomas Greg Express S.A., Thomas Instruments, Carvajal Tecnología y Servicios, Compañía Transportadora PROSEGUR y Manejo Técnico de Información S.A.

En el fallo del Consejo de Estado, a raíz de la demanda del Partido MIRA que terminó dándole la razón, se hizo explícita una primera grave irregularidad. Después del recuento, se tuvo que anular más de 40.000 votos porque la mala calidad de los plumones de agua suministrados por la unión temporal de Thomas Greg, que al no secar la tinta del plumón dejaba una mancha en el papel, invalidando inmediatamente el voto. Al partido cristiano le quitaron por lo menos 3.000 votos de esta manera y no se identificaron los demás partidos o candidatos afectados que fueron mucho más porque solo los cristianos exigieron la revisión de las mesas de votación.

Ese mismo año, la Registraduría también le entregó un contrato por 159.999 millones a la unión temporal Soluciones Informáticas Electorales 2014 para el preconteo y el escrutinio de la votación. Esta unión temporal también estaba conformada por las empresas Thomas Greg & Sons de Colombia, Thomas Greg & Sons Limited, Carvajal Tecnología y Servicios, Data Processing & System, Manejo Técnico de Información S.A. y el Grupo ASD. Fue en este punto donde se presentó el mayor fraude electoral en las elecciones de hace cuatro años.

La investigación comprobó que el software utilizado por la Registraduría, que era suministrado por estas empresas, fue manipulado. Entraron al sistema por lo menos 1.208 veces entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana en los días siguientes a las elecciones en donde pudieron alterar la votación de alguna mesa. En más de 60.000 ocasiones se modificó el resultado de algún candidato o partido. El software es de desarrollo libre, con lo cual no está blindado ni es garantía de seguridad en el proceso más importante en cualquier democracia: las elecciones.

Solo por estos dos contratos los hermanos Bautista recibieron más de 392.000 millones de pesos en un año. Sin embargo, vienen firmando contratos con la Registraduría en todas las elecciones desde 2010. Por ejemplo, en las votaciones departamentales y locales de 2015, los Bautista lograron dos contratos por 165.543 millones de pesos.

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Para las elecciones de marzo y mayo, esta vez el registrador Juan Carlos Galindo volvió a contratar a las mismas empresas, a pesar de saber, por la investigación que tomó más de tres años, la vulnerabilidad del sistema. De hecho, el Consejo de Estado determinó que ni la Registraduría ni DISPOREL conservaron el material electoral tal y como lo ordena la ley que finalmente es la garantía, con el material físico como soporte, de lo que ciertamente ocurrió en las elecciones. Tanto la entidad pública como la privada tendrán que responder ante la Fiscalía y la Procuraduría por las irregularidades que permitió el fraude en las elecciones pasadas.

Con bombo y platillos el Registrador Galindo acaba de presentar una moderna plataforma tecnológica para presentar los resultados electorales olvidando lo más importante: cómo se cuentan esos votos que está en manos de una empresa privada: Thomas Greg & Sons.

Artículo publicado originalmente el: 1 Mar de 2018

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