El Informe Nacional de Competitividad 2024-2025 presenta tres macrotendencias globales fundamentales: cambio demográfico, cambio tecnológico y cambio climático. Estas afectan de manera transversal las políticas públicas, las estrategias privadas y el diseño de una visión de futuro para el país. En este contexto, el informe organiza su análisis en 15 capítulos, divididos en cuatro bloques temáticos: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de mercados y sofisticación e innovación, integrando un nuevo capítulo sobre protección social.
El cambio demográfico destaca el envejecimiento poblacional como un desafío para la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones, y como una oportunidad para reformular políticas laborales y educativas. El cambio tecnológico se identifica como un motor clave para la modernización estatal, el incremento de la productividad y la creación de nuevos modelos de negocio. La digitalización es esencial, particularmente en áreas como infraestructura logística, economía digital y administración pública. Por otro lado, el cambio climático resalta la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, priorizando la sostenibilidad en sectores estratégicos como energía, transporte y agricultura.
El informe enfatiza la importancia de un Estado más eficiente y digitalizado, capaz de responder ágilmente a las necesidades de los ciudadanos mediante procesos transparentes y normativas optimizadas. Este enfoque busca aumentar la confianza pública y mejorar la competitividad global del país. En términos de infraestructura, la planificación estratégica a largo plazo y la incorporación de tecnologías avanzadas como blockchain y analítica de datos son esenciales para fortalecer el sistema logístico nacional.
La economía digital plantea cerrar las brechas de conectividad y fomentar habilidades digitales, con inversiones dirigidas hacia redes 5G y ciberseguridad para garantizar un ecosistema inclusivo y resiliente. En el sector energético, la transición hacia fuentes renovables y sistemas más sostenibles es crucial, así como el fortalecimiento de la planificación para garantizar la seguridad energética y la estabilidad a largo plazo.
El informe identifica que el sistema educativo debe transformarse para preparar a los estudiantes para un mundo dinámico, integrando habilidades digitales, pensamiento crítico y aprendizaje continuo. De igual modo, se requiere un mercado laboral flexible que responda a las demandas de la economía digital, fomente la formalización del empleo y garantice equidad en el acceso a oportunidades laborales. En el ámbito fiscal, la simplificación tributaria, junto con la implementación de mecanismos progresivos y sostenibles, promoverá un sistema más equitativo y adaptado a los cambios tecnológicos.
En términos de financiación empresarial, el sistema financiero debe avanzar hacia modelos personalizados y digitales, asegurando mayor acceso para mipymes y promoviendo la inclusión financiera. Asimismo, el documento subraya la necesidad de fortalecer la internacionalización económica mediante la integración en flujos globales, la atracción de inversión extranjera directa y el aprovechamiento de las tendencias de nearshoring.
El sector rural requiere una transformación hacia una agricultura sostenible e intensiva en tecnología, garantizando la seguridad alimentaria y contribuyendo a la adaptación al cambio climático. Las empresas deben orientarse hacia la innovación y la sostenibilidad, implementando modelos flexibles de trabajo y disminuyendo su impacto ambiental.
El crecimiento verde emerge como una prioridad estratégica, utilizando la biodiversidad para desarrollar la bioeconomía, reducir la deforestación y mejorar la gestión del agua. En este contexto, la inversión en investigación y desarrollo es fundamental, con un incremento del gasto en I+D a niveles del 2.5% del PIB, promoviendo un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación inclusivo y articulado.
El informe concluye que la competitividad de Colombia dependerá de un enfoque coordinado entre los sectores público y privado, con acciones concretas en áreas clave como innovación, educación, sostenibilidad y gobernanza. Estas iniciativas, orientadas por las macrotendencias globales, permitirán construir un futuro más próspero, equitativo y sostenible.
