Desde el 30 de mayo se suscitó el debate sobre la presencia de estos asesores internacionales en Colombia y a partir de esa misma fecha el presidente Duque y el ministro Holmes le empezaron a explicar a la opinión pública de qué se trataba esta acción, donde hubo referencia al número de miembros (53), los lugares donde estarían (Tumaco, Tibú, La Macarena, Bogotá), el día de su arribo, entre otras. Y por supuesto esta socialización se hizo ante el Congreso, a través de dos debates de control político a los que fue invitado el ministro de Defensa para explicar de qué se trataba dicha presencia: uno el 3 de junio (4 días después de darlo a conocer públicamente) y otro el 10 de junio (ambos contaron con transmisión en vivo y largas horas de extensión). Es decir, hubo control político sobre el accionar del gobierno Duque en ese sentido, contrario a lo que hoy dicen. Además, en dichos debates no se presentó ninguna proposición y constancia que manifestara inconformismo con lo expuesto por el gobierno nacional.
Pero, además, la presencia de asesores americanos se hace en el marco histórico de cooperación en materia de seguridad que data desde 1955 y que hoy se sustenta en el acuerdo complementario de cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Esto demuestra que no se necesita autorización del Senado para que las SFAB (Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad) vengan a cooperar en Colombia.
La acusación de que “el presidente Duque está actuando ilegalmente” es completamente falsa, esto porque el presidente acató la providencia del Tribunal de Cundinamarca que pidió al gobierno nacional tomar acciones frente a este hecho; fallo que desde el minuto uno el presidente Duque ha cumplido a cabalidad. Entre lo que se pedía, el Senado debía notificar al presidente una posición frente al tema: 69 senadores se pronunciaron no solo a favor de esta acción, sino que también manifestaron que recibieron con claridad la información por parte del gobierno nacional y que el ministro de Defensa respondió cada una de las preguntas hechas y requeridas.
Tenemos que dejar hacer política o politiquería con todo. Los hechos, al menos en este caso, son claros: constitucionalmente un grupo de asesores militares de otro país, que además históricamente han venido haciendo presencia histórica en cooperación, no necesitan autorización del Senado. Además, el gobierno nacional ha cumplido a cabalidad lo dispuesto por el Tribunal de Cundinamarca, la constitución y la jurisprudencia existente (como la Sentencia C864 de 2004 y el auto 288 de 2010, entre otras). Acá lo fundamental es combatir el narcotráfico que ha sido nuestro principal flagelo, y el causante de los miles de muertes y terror del país. Quien a esta batalla se oponga de alguna manera es cómplice.
