La desnutrición no solo es un problema que afecta a los niños de la seca y árida Guajira, sino un problema que en mayor o menor medida afecta a los niños alrededor de Colombia. Los altos índices de pobreza, miseria y corrupción no dejan que los programas que están diseñados para combatir la desnutrición infantil provean del mínimo necesario para los niños: la alimentación.
En Norte de Santander, los programas diseñados para la nutrición infantil en las escuelas, también son un botín político que tampoco cumplen con su objetivo de brindar alimento a los niños más pobres, en una zona donde la miseria ha incrementado por la critica situación de la frontera, que, como en La Guajira, se ha visto afectada por el estado de la economía venezolana, el principal socio comercial de la frontera.
Las denuncias por las irregularidades en alimentación escolar empezaron a finales de enero, antes de cumplirse un mes de iniciado el contrato con la corporación Tanai Jawa, y van desde la entrega de alimentos descompuestos a los estudiantes, hasta el incumplimiento del contrato por la no entrega de frutas como ordena la resolución 16432, quien dice que los entes territoriales son los responsables de que los operadores cumplan con la dieta estipulada para garantizar un mínimo de nutrición entre los niños pobres.
Ese mínimo de nutrición a la que hace referencia la resolución 16432, dice que se debe entregar una fruta tres veces a la semana a cada estudiante. Sin embargo, en varios colegios como en el Marco Fidel Suárez del Zulia, no se ha entregado ni una sola a sus 675 estudiantes.
La denuncia sobre el incumplimiento del contrato por la no entrega de fruta fue corroborada por David Conde, el director de Tanai Jawa, la entidad contratada por la gobernación de William Villamizar, quien admitió que no había entregado frutas como estipula el contrato," porque no encuentran ni la cantidad ni la calidad que se necesitan(...) y que el ministerio de Educación permite que cuando no haya fruta se cambie por otro alimento". Algo que, posteriormente, fue desmentido por el Ministerio de Educación nacional.
Conde afirmó que la culpa de la falta de fruta se debió a la falta de calidad de la que se produce en Colombia para cumplir con el contrato en la cantidad estipulada. A su vez, señaló que el gobernador William Villamizar autorizó el cambio de fruta por una galleta rellena de bocadillo.
En la región no solo el cuestionado gobernador ha sido objeto de denuncias en el programa de alimentación escolar, sino también el alcalde electo César Ómar Rojas Ayala, quien entregó un contrato a la Fundación Paz Y futuro para la alimentación escolar. Esta fundación fue acusada por Gina Parody de recibir millonarios contratos en Córdoba y Norte de Santander por estudiantes inexistentes.
Ante tan graves denuncias, solo falta ver la respuesta de las autoridades fiscalizadoras ante el incumplimiento del contratista, al que la Alcaldia y la Gobernación les entregaron el contrato. Esas fallas no solo ponen en riesgo los recursos públicos que se pagaron para prestar un servicio de alimentación básica, sino la salud y bienestar de los miles de niños que dependen de esa ración. Toca oír al procurador Juan Carlos Bautista, a la contraloría y al señor William Villamizar que, según dijo David Conde, se extralimitó en permitir que se cambiará la fruta del contrato y así modificó un contrato que tenía unos requisitos mínimos exigidos por el Ministerio de Educación, algo ilegal, punible y sancionable.
