"Como el mar espera el río/ así espero tu regreso/ a la tierra del olvido…".
Santa Marta está próxima a cumplir quinientos años de fundación (en 2025). La ciudad más antigua de Colombia, ubicada al norte de Colombia y que hace parte de la región Caribe, cuenta con una posición geoestratégica clave para la logística portuaria, con el puerto de calado natural más profundo del país en el mar caribe; también para el turismo, etnoturismo y ecoturismo, con las playas más tranquilas, que se unen a paradisíacos parques nacionales naturales como el Tayrona, o el macizo más alto del mundo, que nace del litoral Atlántico, con sus picos gemelos Colón y Simón Bolívar, a más de 5.700 metros sobre el nivel del mar, habitados por cuatro naciones indígenas ancestrales y miles de campesinos. Sin embargo, la ciudad se debate entre avanzar hacia su desarrollo sostenible o quedarse rezagada en los anales de la historia.
Desde los tiempos de la colonia y después de la independencia, cuando fue el último bastión de la corona española, y ahora, con el arraigo, en el cambio de manos, de la ley de hierro de una minúscula oligarquía, mezclada con nuevas élites emergentes, de baja innovación, poco cultas y preparadas, excluyentes, resistentes al cambio, mafiosas, que concentren la escasa riqueza existente, mientras sacan sus ganancias del mercado local, muchas veces desconociendo la delgada línea entre la informalidad y la ilegalidad, para hacerse dueños de la mayoría de la tierra, de la productividad, y hasta ser socias de muchas de las concesiones, como el Puerto Marítimo o las de los servicios públicos domiciliarios, y que, con la idea del centralismo, ocuparían, a su antojo, los pocos espacios de poder político.
Cerca de un año antes de que debutara la elección popular de alcaldes en 1988, en Santa Marta, inició un proceso de aumento de la pobreza, en un punto porcentual, frente a Barranquilla y Cartagena, que la redujeron en 9 puntos, según Meissel, en su artículo La pobreza en Santa Marta: los estragos del bien. Asimismo, en un estudio, de reciente publicación por la Universidad del Norte, este autor, intenta explicarlo, basado en el alto impacto del desplazamiento forzado por la violencia, teniendo en cuenta que en los últimos 15 años arribaron a la ciudad cerca del 33% de su actual población, alrededor de 220.000 personas y, también, muchos, hijos de la clase trabajadora, se fueron, al no encontrar oportunidades, quizás también por la degradación del conflicto armado y la inseguridad, en una ciudad en que parece, como si siguiera la maldición de Fray Antonio Monroy y Meneses, los profetas acá fueran de otras tierras o sólo lograran avanzar quienes tienen dinero o negocios de cuna, se ligan a la política local, se afianzan en la economía subterránea o combinarían, con gula, todo ese cóctel.
Además, en el cuatrienio 2015-2019, al departamento del Magdalena, vinieron más de 60.000 venezolanos, algunos en condiciones muy precarias, que engrosan ese 31.6% de pobreza multidimensional. Estas poblaciones, llegaron más rápido que la respuesta diferenciada, en política social, para ubicarse, segregadas, en zonas de alto riesgo de remoción en masa, de inundaciones, en rondas hidráulicas de ríos y quebradas, cerros y parques naturales u ocupando tierras improductivas de propietarios locales y dedicándose la mayoría de ellos, a la informalidad, al mototaxismo, a las ventas ambulantes y estacionarias, a la mendicidad, a ser cooptados por bandas criminales locales o a trabajar de una manera precaria, así el Dane nos afirme que los indicadores de desempleo han sido bajos, en menos de dos dígitos, en la última década en la ciudad.
A 2008, Cinco de los siete alcaldes que eligieron los samarios, después de la primera Alcaldía de Alfonso Vives, (que salió invicto) no culminaron el período, y los siguientes alcaldes, se encuentran en batallas judiciales, con los entes de control y hasta, los actuales huérfanos del poder local, han intentado ocupar el espacio, ganado en las urnas, con alcaldes encartados, a dedo, nombrados por el partido actual de gobierno nacional, en cuatro meses de soledad. Hasta un tristemente célebre exalcalde, miembro del Clan Gnecco, fue destituido, en las dos ocasiones que fue elegido, y se consideraría el responsable de la mayoría de las concesiones entregadas, con contratos leoninos, para administrar los ingresos y los servicios públicos de la capital del Magdalena; al punto que muchos dirían, como José Saramago, en el Ensayo sobre la Lucidez, que acá en Santa Marta sigue el mal tiempo para votar.
Hasta el año 2012, todos los escogidos para regir los destinos de Santa Marta, tendrían el sello liberal. Hasta cuando el movimiento político alternativo Fuerza Ciudadana asumió las riendas del “chicharrón de la Alcaldía de Santa Marta”, con el fenómeno del liderazgo de Carlos Caicedo, en una ruptura con la política tradicional, aunque aquella vez, también llegaría al gobierno, con el sello de alianza con el Partido Liberal y de ahí en adelante como grupo significativo de ciudadanos, lograron la continuidad con Rafael Martínez y ahora con la primera mujer alcaldesa electa, Virna Johnson, en un aumento gradual significativo de su acumulado político electoral, que extendió en 2019, su espacio político regional, en Moñona en la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta y ha generado una vara alta de la expectativa y esperanza de la población, en este proceso político, sin precedentes, que, con voluntad política, con muchas dificultades y tropiezos, hasta con visos de persecución política y con enemigos solapados y visibles, avanza en la transformación administrativa, política y social de la ciudad.
Allí en esa mecedora, entre la trampa de la pobreza, la desigualdad y la informalidad, las bonanzas, que dejan la hojarasca cuando culminan, la criminalidad, la corrupción, la cultura del dinero fácil, la ínfima solidaridad y cooperación de su gente, el narcotráfico, en el corredor estratégico entre la Sierra Nevada y el Mar Caribe, la baja calidad educativa, la falta de oportunidades, y la entrega, durante décadas, de la administración de los recursos públicos, que son de todos, al sector privado, como lo fue el suministro de acueducto y alcantarillado que llevó al problema del desabastecimiento de la bendita agua en Santa Marta y su estrés hídrico, mientras era evidente que para algunos sectores políticos, el presupuesto de la ciudad constituiría su caja menor, entre otros problemas, así como el inconsistente apoyo nacional para las inversiones necesarias, hacen que sea muy complejo que la ciudad avance por la ruta del progreso, la modernidad, la derrota a la pobreza extrema, y la Paz con justicia social.
A partir de ahí, además de la articulación de los distintos niveles del Estado, de la toma de decisiones rápidas, del avance en las apuestas de los nuevos gobiernos alternativos, es pertinente definir la vocación productiva de la ciudad como un compromiso de todos, entre el turismo, la agroindustria, la logística portuaria y el comercio y servicios, para que la ciudad deje de crecer de espaldas al mar caribe.
Es pertinente avanzar en el pacto por el agua para la solución al desabastecimiento de agua y la calidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios; reducir los costos de la energía eléctrica y del alumbrado público; lograr la universalidad y gratuidad de la educación superior pública; regular las condiciones de las concesiones y zonas francas, para que aumente el recaudo en la ciudad y redunde en mejorar las condiciones de vida de la población.
Asimismo, es clave generar igualdad de oportunidades de acceso al trabajo digno; ampliar la pista internacional del aeropuerto de Santa Marta e implementar un plan de transporte público multimodal que incluya una red férrea y tranvía en la ciudad; efectuar el proyecto de energías limpias, que adapte la ciudad al cambio climático con un nuevo plan de ordenamiento territorial que permita, también, el mejoramiento y la construcción de viviendas nuevas, la atracción de inversión nacional y extranjera, la recuperación de los cuerpos de agua, como el río Manzanares, la comercialización de los productos locales, en un mercado interno en la región caribe, hacia el bienestar social y desarrollo sostenible.
También, es importante, recuperar la red hospitalaria y de centros de salud, para una ciudad pos pandemia, con una estrategia de seguridad ciudadana, que contemple un pacto por la erradicación del narcotráfico y el sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, con presencia e impacto negativo en la ciudad y una estrategia para encontrar todo los que nos identifica y nos une; así como avanzar en los demás proyectos que se incluyen en el Plan Maestro Santa Marta 500 años.
Ante todo, al final de cuentas, concertar un diálogo social pertinente, entre actores claves, para una nueva gobernanza y ciudadanía que pacte el proyecto de ciudad que incluya a todos, para que Santa Marta y el Magdalena vuelvan a ser grandes, salgan de los 500 años de soledad y olvido, y tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Gran reto para los nuevos gobernantes, los stakeholders y la ciudadanía.
