El procurador Alejandro Ordóñez quiso castigar la falta de previsión del gobierno en el descalabro de Interbolsa y le sancionó con una suspensión por 10 meses al superintendente financiero Gerardo Hernández. Hace unos meses el fallo de primera instancia de la misma Procuraduría, lo había inhabilitado por 12 años. El funcionario, uno de los más laureados dentro de la esfera económica del gobierno, es señalado por Ordóñez de no adoptar medidas que garantizarán que la comisionista de bolsa cumpliera con los estándares y no se vieran en riesgo los capitales de los inversionistas en operaciones internacionales cuyos recursos finalmente fueron desviados con otros fines.
El caso también mueve en el plano penal y la Fiscalía pidió que se active la captura internacional contra el socio de Interbolsa Víctor Maldonado, quien no se presentó a la audiencia de imputación de cargos la semana pasada. En la Procuraduría ya fueron sancionados por este caso Rosita Barrios, superintendente delegada adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercado y Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado de riesgos de mercado.
