El proyecto del expresidente Uribe que busca entregarle facultades hasta por 6 meses al presidente Duque para que aumente el salario mínimo de forma extraordinaria, debería ser presentado o avalado por el presidente de la República, ya que ningún proyecto de facultades puede ser presentado por senador, representante, diputado o concejal, salvo que el gobernante lo tome como suyo
Lo que no está claro, es, si el proyecto es por el aumento del salario que se efectúa todos los años o es uno extraordinario. Si es así, entonces se darían dos aumentos y ello constituye un factor excluyente para la generación de empleo ya que las empresas tendrían que pagar más salarios y contratarían menos mano de obra.
Ahora bien, si el objetivo es que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo con mejores ingresos y con ello aumentar el consumo, eso no es cierto, ya que según el proyecto, esos aumentos no entrarían a los bolsillos de los trabajadores, y la razón para tan semejante idea macroeconómica, es la de evitar que no fluya el circulante y se incremente o impacte negativamente los indicadores económicos, es decir, que no colapse nuestra economía, comparando inequívocamente ese posible y miserable aumento, con los que fluye a la vista de la DIAN, el Banco de la República y el propio Ministerio de Hacienda, con es la economía subterránea, que incluye informalidad e ilegalidad.
Otra parte inquietante de la propuesta es que beneficia directamente al sector financiero, muy amigo del ministro Carrasquilla, ya que los supuestos dineros del aumento, serían consignados en una cuenta individual de ahorro de un fondo de cesantías, sin poder los trabajadores hacerlo efectivo hasta un tiempo indeterminado, tiempo éste no muy claro que no lo dice el proyecto.
Es cierto, que los gobiernos progresistas de los países democráticos, tienen la obligación de fomentar el ahorro como parte integral de su desarrollo, pero recordemos los ahorros forzosos y obligatorios que terminan siendo un impuesto más, como el fatídico y engañoso impuesto a las operaciones bancarias, ideado para enfrentar la crisis financiera doméstica del 2000. El Gobierno nacional, mediante decreto inició el gravamen con el 1 x 1000, luego fue del 2×1000, unos meses después, se incrementó a 3×1000 y en 2003 se elevó a 4×1000, hasta el presente y futuro.
En resumidas cuentas, es un aumento ficticio, que favorece al sector financiero y sirve a la vez, para distraer a la población de lo que se viene con la nueva reforma tributaria, como así lo dio a conocer Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, cuando aseguró que se está estudiando la posibilidad de gravar toda la canasta familiar colombiana, con una hipótesis poco convincente como es la de devolvérselo a los hogares más pobres, a través de programas sociales, como Familias en Acción o el Sisbén.
Cuando un ministro de esa importancia, le dice a los colombianos que los costeños debemos pagar tarifas más altas en el consumo de energía, para favorecer y consolidar la nueva empresa de distribución para la región, o que hay que crear un Sisbén para los ricos y su última perla de IVA para todos los productos de la canasta familiar, consideramos que no son teorías unipersonales, deben ser políticas de Estado ya trazadas y estudiadas que van desgranando poco a poco, y como todo proceso de negociación dan a conocer las más sensibles para luego negociar con los políticos las que verdaderamente quieren para el Estado impositivo.
Lo bueno para el feroz Estado capitalista está por venir… lo malo para el sufrido pueblo ya inició…
