Al cacique se le veía un poco confundido, no sé si era porque no entendía nada de lo que el abogado estaba explicando, o por el contrario, entendía a la perfección y caía en cuenta que con esa reforma legislativa se estaba poniendo en riesgo el territorio que milenariamente los suyos han habitado.
Era Jueves Santo, el equipo técnico de Gobierno Mayor llevaba consigo el peso de haber estado visitando comunidades indígenas por más de 15 días. Ahora estaban en Campo Alegre, una pequeña comunidad de cinco viviendas, ubicada en el resguardo Tomo Brewery del municipio de Cumaribo.
Una reforma a la Ley 160 de 1994, conocida comúnmente como ley de tierras, puso a las organizaciones indígenas del nivel nacional a recorrer el país dando cumplimiento a la consulta previa como lo obliga la Organización Internacional del Trabajo en casos como este. ¡Y qué oportuna esta consulta! El Gobierno colombiano se ha metido con lo que más le duele a los pueblos indígenas: la tierra.
Cuando Santiago Martínez, el abogado encargado de explicar a las comunidades en qué consistía la reforma, hizo una pausa en su discurso, el cacique levantó la mano, respiró profundo y exclamó: “dígale al Gobierno que no queremos esa reforma porque la ley actual es la que nos favorece”.
Esas palabras hacían eco a las conclusiones generales que ya habían salido de los talleres realizados días antes en Kabanerruba, Unuma, Sacacure y caño Cawasi; pero también, esas palabras se las llevaría el viento para que las reuniones que estaban por venir dejaran la misma reflexión: esa reforma terminará por asfixiar a las comunidades indígenas de Vichada y el país.
Aquel jueves santo el día estuvo un poco gris, el calor no fue igual de extenuante que en talleres como el del resguardo Santa Teresita donde la temperatura pudo llegar a los 35 grados Celsius. Seguro en Campo Alegre ayudó que la maloca en la que se desarrolló el taller tiene el techo de palma de moriche, un aislante natural del calor.
Ya en la hora de almuerzo, con un plato de sancocho, y cazabe (torta hecha de yuca rallada) en mano, el cacique exteriorizó una inquietud seguro hacía mucho rato le rondaba la cabeza. “¿Esta Consulta la están haciendo en todo el país?”. Claro —le respondí—, así como nosotros (el equipo técnico) hay gente en todas las partes del país donde hay comunidades indígenas. Y complementé mis respuesta explicándole que “justo en este momento el movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor tiene gente trabajando con indígenas de Chocó, Putumayo y Tolima”.
Sin mirarme, el cacique se tomó a sorbos largos su sopa y estuvo de nuevo en su silla esperando retomar el taller que poco a poco le iba mostrando la realidad del país en que nos tocó vivir: un país en donde el Gobierno le quita al pobre para darle al rico, un Gobierno que le quita la tierra al que la defiende y cuida para entregársela a quien la destruye.
Finalmente, el cacique puso su nombre sobre el acta con las conclusiones que desde su resguardo serán presentadas al Gobierno nacional, pero con la incertidumbre de lo que realmente pasará con esa reforma. Él quedó con unos interrogantes más grandes que cuando se sentó en la mañana a escuchar aquella charla, y yo con la certeza de que la reforma a ley de tierras es la verdadera preocupación del indio.
