La Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz –Redprodepaz-, desde su experiencia en territorios y con comunidades, que han vivido en medio del conflicto armado, los flagelos de los cultivos ligados a la producción y tráfico de narcóticos que se expandieron y crecieron gracias a los cuantiosos recursos de esta dinámica de ilegalidad, plantea un conjunto de reflexiones y propuestas en la construcción del proceso que se adelanta entre el gobierno Colombiano y las FARC EP con el cual estamos comprometidos.
Contexto:
Colombia, ha estado involucrada por cuatro décadas en una dinámica de cultivo, producción, procesamiento y comercio de ilícitos, así como “blanqueo” de capitales ligados a la economía del narcotráfico. Estas prácticas mafiosas se han instalado en el orden cultural, político, social y económico, porque cada día es más fuerte el nexo entre la cultura política y la cultura mafiosa en Colombia.
La expansión del narcotráfico en territorios rurales tiene explicación en el abandono histórico del campo Colombiano y en las lógicas de corrupción y el clientelismo. Para superar tal situación, se requiere una profunda reforma de las dinámicas territoriales, y la inclusión del mundo campesino marginado en un orden de garantías y derechos.
Como bien lo afirma Luis Jorge Garay, no hay un Estado mafioso, como tampoco tenemos una sociedad mafiosa; lo que hay son grupos de poder, algunos dominantes a nivel regional, articulados a nivel nacional, que actúan con prácticas y criterios para beneficio propio, no solo en lo económico y en lo político, sino también en lo social que buscan el control de los territorios. Lo que lleva a que se estén configurando estados locales-regionales con prácticas mafiosas.
Lo anterior se da por varios factores: la ausencia histórica de una institucionalidad fuerte que articule lo local-regional con lo nacional, una administración de la justicia mediada por las influencias político-sociales, una cultura autoritaria que no permite el desarrollo de una democracia participativa, una cultura política con prácticas fundadas en sentimientos tradicionales-carismáticos, una disposición económica-política excluyente y discriminatoria, la existencia de alianzas políticas entre élites regionales con élites nacionales corruptas, y sectores empresariales que han jugado a dos bandos: por un lado la legalidad y la responsabilidad social, y por el otro, a sacar ventaja de las lógicas mafiosas.
LAS PROPUESTAS DE LA REDPRODEPAZ EN EL PUNTO DE CULTIVOS ILÍCITOS Y ALTERNATIVAS SON LAS SIGUIENTES:
1. El desarrollo alternativo debe proponerse desde el territorio, con participación vinculante de las comunidades que viven de los cultivos ilícitos, los gobiernos locales, las organizaciones de base.
2. Avanzar en creación y consolidación de espacios de concertación de las diferentes propuestas, en torno a la economía campesina, como oferta rentable y sostenible para el desarrollo rural, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria.
3. Un propuesta de economía campesina ligada a los canales de participación y asociatividad, que actúe como vehículo para el empoderamiento ciudadano, familiar y comunal, vinculado a la generación de una identidad y un sentido de pertenencia con el territorio.
4. Planes integrales de desarrollo territorial consensuados, con una participación multiactor, de carácter vinculante, para la recuperación ambiental de las áreas afectadas por las fumigaciones y el cultivo intensivo de ilícitos, y el uso sostenible y sustentable del suelo.
5. Acompañamiento técnico, financiero, social, ambiental, cultural y político, para mitigar los riesgos de las externalidades a los procesos de planeación y ejecución de los esquemas de desarrollo alternativo. Tal acompañamiento, tiene por imperativo la gratuidad y la consistencia a largo plazo. En tal sentido, es necesario que se garantice mediante política de Estado.
6. Garantizar los esquemas de equipamiento y dotación de infraestructura, que permita vincularse e integrarse a los núcleos de procesamiento y distribución, para dar salida efectiva a los productos.
7. Es indispensable una política de acceso a la tierra y sustitución del ingreso (no del cultivo) devenido de los ilícitos. Garantizar una actividad lícita rentable en el plazo inmediato.
8. Generar un modelo incluyente y diferencial, respecto a las economías de pequeña escala, campesinas, indígenas y afros, que provea la defensa frente a las economías de gran escala, a la vez que permita una articulación de estas en los grandes mercados, en condiciones de equidad.
9. Debe acabarse la fumigación aérea, vinculada a problemáticas de morbilidad, y degradación de suelos. Deben implementarse mecanismos que impidan la ampliación de la frontera agrícola por cuenta del círculo vicioso de los cultivos ilícitos: tumbar monte – sembrar – fumigar – tumbar monte.
10. Reconocer el problema de la economía de las drogas ilícitas, las prácticas mafiosas, y su presencia e impactos a nivel social y político, en las escalas locales, regionales y nacionales, haciéndose explicito dentro de las reflexiones institucionales como parte de un proyecto de civilidad y modernidad de país.
11. Fortalecimiento de la democracia participativa que deslinde la cultura mafiosa de las prácticas políticas. Fortalecimiento de una ciudadanía reflexiva de lo político en varias generaciones que permita superar las racionalidades carismáticas y tradicionalistas, la corrupción y el clientelismo. Propender por consolidación de un sujeto político con racionalidades reflexivas, empoderadas, bien informadas, con capacidad de decisión ética y estratégica.
12. Colombia, desde su soberanía, debe seguir promoviendo una reflexión global, sobre el sentido de las políticas prohibicionistas, y sus consecuencias en economías de los países productores.
Septiembre 24 de 2013.
