Es difícil llevar la cuenta de los hechos de la semana pasada, y más aún, interpretar el saldo de lo que ocurrió, por la sucesión de ires y venires, los temores a la ruptura de la institucionalidad y, sobre todo, por las reacciones, de diversos lados, “al borde del ataque de nervios”.
JEP que ordena la libertad de Santrich, Fiscal general que renuncia, procurador en contra de la decisión de la JEP, rumores de declaratoria de conmoción interior e inmediata extradición, Uribe en Cúcuta proclamando lo que Duque haría, extraditar, intento de suicidio, Tribunal Superior de Bogotá que acepta el recurso de habeas corpus, libertad, detención a los pocos minutos.
Imposible digerir rápido, difícil interpretar y prever hacia dónde va el país.
Para rematar, el New York Times se lanza con dos artículos alrededor de la postura del gobierno y su partido frente al proceso de paz, uno, y sobre directivas de desempeño del Ejército que pueden reeditar los mal llamados falsos positivos, el segundo, una de las páginas más terribles y vergonzosas de la historia contemporánea.
Mas difícil aún resulta comprender lo ocurrido en la medida en que, en un país en el que reina la desconfianza, se presume que los protagonistas actuaron con segundas intenciones, es decir, que ni sus actos ni sus palabras son los que realmente han pretendido, que hay agendas ocultas.
En esa línea, la renuncia del fiscal es vista por algunos como la salida menos indecorosa posible (“patriótica”) de alguien ya acorralado en otras tramas, incluyendo Odebrecht y otros impedimentos. Una oportunidad para no salir por la puerta de atrás, que parece, además, tener antecedentes en renuncias pasadas.
Las actuaciones de la JEP, por otra parte, son enmarcadas por sus detractores como el resultado de una combinación entre varias aristas: el castrochavismo de Santos, el acuerdo de impunidad hacia las Farc, el aliento al narcotráfico. El día de la supuesta salida de Santrich de La Picota era, entonces, para el CD, el momento de la declaración del estado de conmoción, de convocar la constituyente tan anhelada para darle el puntillazo final al acuerdo de paz.
Otros hablan de agenda oculta cuando la Fiscalía detiene a Santrich, con pruebas conseguidas de forma posterior al fallo de la JEP. Qué casualidad, después de que la JEP, durante meses, las solicitara. Aún así, la actuación de la Fiscalía pareció ajustarse al estado de derecho y culminó unas horas de incertidumbre, pues no pocos creyeron que Duque iba a hacer juicioso la tarea de declarar el estado de conmoción interior.
En cuanto a los artículos publicados por el New York Times, también rige la suspicacia. Una senadora se refiere a Nicholas Casey, el autor, como periodista entre comillas y se pregunta cuánto le habrán pagado por su escritos insinuando que está en la nómina de las Farc. Esto, a pesar de sus críticos artículos en el NYT sobre el régimen de Maduro.
A las pocas horas de conocido el segundo artículo del NYT, el general Martínez se pronuncia en Twitter: “Más vale una onza de lealtad que una libra de inteligencia”. ¿Se refiere a la lealtad de cuerpo, similar a la omertá siciliana (aquí nadie “sapea”)? El trino fue borrado después de amplia difusión.
Casey ha informado, después de los ataques y sus réplicas, que sale del país porque se siente amenazado.
Lo de la semana que ya pasó empalma con otras alhajas recientes: las reacciones oficiales, contradictorias algunas, frente a la declaración del embajador Ordónez acerca de los inmigrantes venezolanos, por un lado, y la presión del Departamento de Estado de los EE. UU. mediante el retiro de visas por motivos JEP, por otro. Y fuego amigo: nada que ver el reclamo de canciller Trujillo al embajador ante la OEA con el ascenso a general de cuatro soles otorgado por la vicepresidenta a Ordóñez quien, según ella, no tenía por qué retractarse.
Las reacciones frente a los hechos nos acercan más al estatus de parias que no hace mucho ostentábamos.
Aniquilar física o moralmente al que se considera enemigo o le carga ladrillo,
contradecirse entre colegas al estilo Carlos Holmes-Marta Lucía,
pretender acabar un proceso de paz...
Aniquilar física o moralmente al que se considera enemigo o que se considera le carga ladrillo, contradecirse entre colegas al estilo Carlos Holmes-Marta Lucía, pretender acabar un proceso de paz que podría ser una gran oportunidad para Colombia, son algunos de los pasos que hacia allá se están dando.
Y, por supuesto, el asesinato, en medio de la indiferencia y la impunidad, de centenares de líderes sociales y de personas desmovilizadas, nos alejan del camino de la prosperidad y la equidad y, de paso, de las naciones que han creído que Colombia, en serio, busca la paz.
El proceso de paz podría ser la oportunidad para aprender a convivir entre diferentes, reconciliarnos, para consolidar las instituciones democráticas, para buscar buena calidad en la educación para todos, para atraer inversión extranjera, multiplicar el turismo. Procesos que son de largo aliento y que requieren que rememos juntos, pese a las diferencias.
¿El saldo de la semana? No lo sabemos aún. En apariencia, el asunto Santrich lo resolverá la justicia, como debe ocurrir en un estado de derecho. La JEP ha actuado de manera coherente. Faltan decisiones de la Corte Constitucional y de la misma JEP que nos mantendrán en vilo. Lo que es cierto: hay mucha gente dispuesta a golpear las instituciones con tal de apuñalear el proceso de paz.
Vamos, que nos la pelamos, a convertirnos, de nuevo, en parias en el planeta. Excepto si fortalecemos nuestras instituciones y hacemos respetar las reglas de juego.
