La Unidad Nacional de Protección no termina de salir del caos en la contratación que dejó la anterior administración y ya tiene un posible nuevo caso de corrupción a su interior. Esta vez la dirección general, a cargo de Diego Mora, se adelantó a hacer pública la decisión de llevar a la Fiscalía una serie de denuncias y grabaciones que comprometen a algunos funcionarios escoltas y vigilantes adscritos a las empresas privadas que prestan su servicio en la entidad, la mayoría de ellos sindicalizados. Una de las personas mencionada en las denuncias, que de momento son confidenciales, es el presidente del sindicato Simproseg, Larry López. Se trata de uno de los primeros sindicatos que surgieron tras la creación de la entidad en el año 2011 bajo la batuta del entonces ministro del interior Germán Vargas y agrupa a trabajadores de las empresas de seguridad privada que operan los esquemas de protección en la UNP.
La denuncia apunta a que varios funcionarios estarían cobrando $8 millones para intervenir a favor de la asignación de esquemas de seguridad.
