Las autoridades de control fiscal del país destacaron las virtudes de la reforma al Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que imponen un control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, así como sanciones a quienes impidan el control y vigilancia a los recursos públicos.
“Fijan unos términos razonables para su resolución y eso es un aliciente para seguir trabajando con el mismo ímpetu que nos han dado el modelo nuevo de control fiscal. En este ambiente de agilidad en sus procesos y en sus controles podrán sobresalir las bondades, el modelo de materia de protección de recursos públicos”, sostuvo el contralor Felipe Córdoba.
Para la auditora Alma Carmenza Erazo, se pueden imponer sanciones, que van desde multas hasta suspensiones, a quienes omitan la obligación de suministrar información u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal. Así mismo, añadió: “Los ciudadanos estarán tranquilos en cuanto a que los fallos van a ser revisados y antes de ser demandados por el restablecimiento del derecho será el juez natural la jurisdicción contenciosa”.
Los cambios al código incorporan el control de legalidad automático a los fallos de responsabilidad fiscal, pero fijan unos términos razonables para su resolución y eso es un aliciente para seguir trabajando en el nuevo modelo de control de dineros públicos. En ese sentido, con el control preventivo, la Contraloría General de la República ha producido cerca de 500 alertas que han servido para renegociar contratos en los que estaban en riesgos millonarios recursos.
