El paisa Gustavo Adolfo Giraldo Chavarría, quien ahora controla la concesión Ferrocarril del Pacífico, tendrá que pagar una multa de $97.969 millones de pesos por no terminar las obras del ferrocarril. No obstante, como la concesión está en proceso de liquidación, aún existen sanciones pendientes por los incumplimientos. Del tren que debía recorrer la ruta Buenaventura–Cali–La Felisa–Zarzal–La Tebaida (Quindío) todavía no se conoce la fecha de inauguración.
El proyecto comenzó a sonar durante el gobierno de Ernesto Samper; sin embargo, solo cuando se abrió una licitación se planteó un plan de recuperación serio. En un inicio, la empresa española Sacyr asumió la construcción; no obstante, en 2008 cedió el control a la sociedad Ferrocarril del Oeste S.A., creada con inversionistas 100 % colombianos.
Los nuevos inversionistas no continuaron con el proyecto. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el grupo Marivendo, que creó el Consorcio Ferrocarril del Pacífico, fue seleccionado para retomar la obra. Marivendo contaba con una inyección de capital de la firma estadounidense RDC Railroad Development Corporation y presentó un cronograma de trabajo con fechas concretas.
RDC aportó cerca de 70 millones de dólares con la condición de mantener la concesión hasta 2030. Las partes designaron como gerente a Steven Mishaan, del grupo Marivendo, quien ofreció declaraciones entusiastas al inicio de las obras. Sin embargo, ese impulso fue temporal.
A la lista de interesados se sumó la multinacional suiza Trafigura, cuya filial en Colombia operó bajo el nombre de Impala. Para el proyecto del Tren del Pacífico se utilizó la empresa Fenwick Colombia. Paralelamente, los suizos buscaron participación en el transporte de mercancías por el río Magdalena y, al menos hasta 2016, mantuvieron presencia en el país.
En el caso del tren enfrentaron graves obstáculos: afectaciones a lo largo de la ruta, socavones para la extracción ilegal de oro y construcciones de viviendas en zonas destinadas a la adecuación de los rieles.
Trafigura se retiró en 2016 sin informar previamente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y abandonó el proyecto de manera abrupta. Sus acciones fueron vendidas al antioqueño Gustavo Adolfo Giraldo Chavarría, quien tenía experiencia en el sector ferroviario, pero no contaba con el capital suficiente para culminar la obra.
Por el abandono del proyecto, la ANI —entonces dirigida por Luis Fernando Andrade— impuso una multa de 275 millones de pesos a la Concesión del Pacífico, representada legalmente por Otoniel González Orozco. Posteriormente, la Superintendencia de Transporte impuso otra sanción por 51 millones de pesos.
La sanción más alta ascendió a $97.969 millones de pesos y fue ratificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que para el período 2026-2027 tiene como presidenta a la magistrada Patricia Salamanca.
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