Dentro de la actualidad del barrio San Luis, más específicamente de quienes fueron afectados por la obra del Tranvía de Ayacucho, se encuentra en estos momentos un proceso de expropiación a 27 familias que decidieron irse hasta este término porque como no les ofertaron un avalúo justo, consideran que esta es la única forma de intentar acceder a una indemnización que les permita acceder a una nueva vivienda.
Gloria Elena Sepúlveda relata cómo su barrio soportó inviernos, temblores de tierra o ventarrones y nunca pasó nada, todo estaba bien. Cuando llegaron los comentarios de la obra del Tranvía de Ayacucho llegó la ilusión de imaginarse este medio de transporte pasando por su territorio, todos estaban contentos porque por fin se habían fijado en el barrio. Por un tiempo frenaron las obras, porque según como lo explica un estudio de la Universidad Nacional excedieron la cantidad de dinamita permitida, esto generó un daño en todos los hogares, pero a la comunidad no le informaron sobre lo ocurrido.
Luego la realidad les mostró que cuando la alcaldía ejecuta una obra pública en la ciudad suele haber injusticias, pues debieron salir de sus casas con un arriendo de 600 mil pesos, debido a las afectaciones en sus viviendas como grietas e inestabilidad en las estructuras.
Después afirmaron que ellos estaban en zona de alto riesgo, despojándolos de sus casas. Vienen las niñas que se hacen pasar como profesionales (las “sociales” del Isvimed) prometiendo que los iban a indemnizar, que iban a quedar en mejores condiciones, pero ha pasado el tiempo y… nada. Hicieron oferta de compra, pero nunca los llamaron a negociar; siempre intimidaron con la expropiación y muchos firmaron por lo que a algunos les dieron la mitad y a otros no les han dado ni la primera cuota. Incluso, el viernes 21 de junio arrimaron a tumbar la casa de su vecina Juana Cardona.
Las casas que hicieron desocupar se llenaron de rastrojos y los que aún viven en el sector, vieron las consecuencias en sus viviendas porque se les llenó de ratas, de plagas, mosquitos y hasta han encontrado serpientes. Esto les ha quitado el sueño y los tiene en ascuas porque la Administración Municipal prometió reubicar en sitio.
“A quienes ya les notificaron expropiación vienen los abogados del Isvimed a lavarnos el cerebro para que firmen e ilusionándolescon que ya tienen el cheque, pero no aumentan la oferta. Nosotros no vamos a firmar ni vamos a aceptar la miseria que están ofreciendo. Trabajamos toda una vida para construir nuestro techo, el señor alcalde nunca dio la cara y pasa con los turistas mostrando lo supuestamente bonito que ha hecho y a los pobres nos mandan a la periferia. Nadie nos dice nada: son una partida de mentirosos y de ladrones”, afirmó Gloria Elena Sepúlveda.
Frente a esta situación la comunidad decidió unirse a hacer una resistencia civil el lunes 24 de junio de 2019, pintando un mural que asegura: El metro roba, el Isvimed estafa, la alcaldía despoja. #Culturametro. Incluso, hasta el personal de seguridad que impuso la empresa para cuidar lo que les pertenece, llamó a la Policía que llegó a decir que no podían pintar, pero no se percataba de que la casa es de una vecina que al igual que todos, los quieren sacar sin una indemnización justa, por lo que tuvo que permitir que terminaran el mural.
“Lo grave es que el metro usurpa las propiedades privadas, el metro no respeta, quienes nos fuimos a expropiación dijimos que no íbamos a vender por lo que ellos digan. La semana pasada vienen a tumbar casas sin decir si nos enajenamos voluntariamente ni les hemos dicho si les vendemos, por eso somos los legítimos propietarios. En esta constitución en su artículo 58 dice que el deber del Estado es proteger la propiedad privada, ¿dónde está la administración municipal?, ¿para quién es la ley? Entonces en ese orden de ideas nos sentimos desplazados, despojados, vulnerados ¿cultura metro? El metro te lleva a todas partes, sí: te lleva a la pobreza, te lleva al desalojo, a la ruina, te lleva al desplazamiento, eso es lo que hace nuestro Metro de Medellín”, aseguró Juana Cardona.
Luz Edilma Toro, habitante de San Luis, recuerda las consecuencias de este proceso de obra pública en la salud de sus vecinos: “Hemos escuchado varias historias: el tino se murió esperando que le pegaran la casa; a doña Edilma la presionaban por parte los “sociales” del Isvimed para que entregara la casa, lo que derivó en que una vez le diera un preinfarto; así como el caso de la señora que se le cayó el muro y le mató al perro, en el hospital dijo que no quería volver a su casa; la familia de nueve hijos y la mamá que se dispersó: unos se fueron a vivir cerca del centro, otros a Sabaneta, otros quedaron en Buenos Aires, por lo cual la familia se dispersó y rompieron con el tejido social”.
En promedio los avalúos son de 100 o 120 millones de pesos, teniendo en cuenta que por una casa en Buenos Aires piden de 200 a 250 millones de pesos en este sector. Los habitantes del barrio argumentan que como en su mayoría son adultos mayores a muchos no les prestan en un banco para acceder a una nueva vivienda, mientras tanto, empezaron a ofertar con un avalúo de la Lonja de Medellín luego de tener 3 años cerradas las casas, esto desmejoró la calidad de sus viviendas y por ende el avalúo comercial de sus propiedades.
“Esto ha causado la muerte de varios vecinos y muchas personas están enfermas, la angustia de ver cómo quedó nuestro barrio generó mucha depresión en sus habitantes. Nos tocó aguantar la bulla, el polvo, las explosiones para que los saquen, tal vez para poner a otros a vivir mejor, mientras que a nosotros nos mandarán a la periferia. Nosotros no estábamos vendiendo, nosotros elegimos vivir por acá”, manifestó Gloria Sepúlveda.
La comunidad reclama 25 mil millones de pesos que la administración prometió invertir en una comisión accidental, con lo cual iba a ayudar a arreglar o repotenciar unas viviendas, pero no ocurrió nada.
“La anterior gerente del metro, Claudia Restrepo, dijo que San Luis no era un problema geotécnico sino constructivo, que nadie se iba a ir, que la casa más afectada se volvería a construir. Todo han quedado en promesas, para sacarlos engañados y pensando que regresaban en seis meses, pero nos han robado hasta las pertenencias que teníamos en nuestras casas”, concluyó Juana Cardona.
