Igual que cinco de sus hermanos, Fernando Castillo también es abogado, mientras el séptimo es médico y se convirtió en excepción en una familia en la que el estudio riguroso hizo parte de una disciplina prusiana impuesta por sus padres, Tulio Enrique Castillo Blanco y María Delia Cadena de Castillo.
A La facultad de derecho de Derecho de la Universidad Santo Tomás, en Bucaramanga, llegó recién salido del bachillerato en el colegio San Pedro de Bucaramanga, como un estudiante aventajado y su reconocimiento en el sector académico trascendió pronto. Años más tarde, ya como magistrado, las directivas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la principal competidora de su alma mater en la región, le otorgó la distinción Sabiduría Infinita, la de mayor categoría. “Aquí lo consideramos como propio”, comentó ese día el exmagistrado Rodolfo Mantilla Jácome.
Se tituló en 1995 y dos años después ya era magister en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Con los sacrificios a los que está acostumbrado logró pagarse los estudios de doctorado el Derecho en la Universidad Complutense, donde se graduó el 3 de octubre de 2003. Tuvo que financiarse trabajando como free lance en el Fondo de Pensiones BVBA Horizonte y luego como director y profesor del programa de maestrías de la Universidad Privada Boliviana. Su director de tesis fue Francisco Cabrillo, director del departamento de Economía Aplicada IV de la Complutense.
Desde muy joven estaba acostumbrado a faenas largas, hábito que adquirió cuando se inició en la vida laboral como mensajero de su padre en la empresa Electra Ltda. Ingeniería. Lo de disciplina prusiana en su vida no es retórica, pues debió ponerla a prueba cuando fue a prestar el servicio militar obligatorio en la Segunda División del Ejército.
Es juez laboral de origen, su principal especialidad, pero su producción académica e intelectual lo ha llevado a exploraciones que no tienen campos vedados. En 2006 escribió a cuatro manos con Carlos Andrés Uribe Piedrahita -doctor en derecho- en un artículo sobre Derecho Económico que les valdría el premio José Ignacio de Márquez, otorgado por una fundación que lleva el mismo nombre en asoció con la Corporación Excelencia en la Justicia.
De su pasó por la cátedra en la Javeriana ha quedado, entre otros trabajos de colección, un ensayo que sigue siendo de consulta forzosa para los estudiosos de las acciones de amparo en Colombia. La incidencia de la acción de tutela en la implementación de las políticas públicas, en su título. Como laboralista sus alumnos y sus compañeros de trabajo le reconocen una visión social plasmada en obras como La pensión de vejez: una pieza en la construcción de la sociedad.
Fernando Castillo ha escrito dos libros y editado otros producidos por el Centro de Estudios de Derecho y Economía (CEDE). Sus textos lo muestran como alguien aplicado a temáticas de seguridad social y economía constitucional.
No se sabe si ha pasado más tiempo en los despachos y estrados o en la academia. Su nombre no suena extraño en Harvard, donde ha sido uno de los muy contados colombianos que ha ido allí como profesor y como ponente. Allí llegó por recomendación precisamente de su director de tesis en Madrid. Su periplo en la cátedra ha incluido estaciones en la Universidad de los Andes y en casi todas las facultades de derechos más prestigiosas y lo ha llevado por aulas y paraninfos de España y países de América de Latina, entre ellos Bolivia, El Salvador y Guatemala.
Antes de ser elegido por el Consejo Superior de Judicatura como magistrado de la Corte, en 2016, hizo parte de la nómina de asesores jurídicos del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda en Hacienda su tema era del de pensiones y según magistrados sustanciadores de la Corte una disposición que se le escape cuando hace un análisis jurídico sobre el tema es porque simplemente no existe.
Como abogado, Fernando Castillo llevó varios pleitos en el estrado laboral y alternó ese ejercicio con el de amigable componedor porque, como lo demostró cuando intervino para “separar” al presidente y al fiscal prefiere las soluciones pacíficas que aquellas que impliquen descargar el mazo para imponer autoridad y orden.
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