Hace varias semanas radiqué un derecho de petición ante la Gobernación de La Guajira y la seccional del ICBF para obtener información de primera fuente sobre los reportes de niños fallecidos por desnutrición en La Guajira.
La respuesta fue negarme la información, nadie dice nada frente a esta terrible situación en el departamento y de la que en el país solo se acuerdan cuando quieren sacar algún rédito político.
¿Qué intentan ocultar las entidades gubernamentales frente a estos datos? ¿Cuáles son las cifras que no quieren que sepa la ciudadanía?
Para nadie es un secreto que el ICBF seccional del departamento es un fortín político manejado por las familias más poderosas de La Guajira, mismas que desfalcaron la entidad y saquearon los dineros que debían ser destinados a la atención de la niñez.
Quizá para ellos se trate solo de cifras, números que pueden maquillar y presentar en sus informes, pero cada niño que muere de hambre es una familia que pierde la esperanza y no podemos ser indolentes ante esta realidad.
Aquí hay que poner a andar las veedurías ciudadanas y hacer efectivo control. En La Guajira los políticos se acostumbraron a hacer y deshacer sin que nadie les reclame nada.
Por eso hemos tomado esta iniciativa y esperamos contar con el respaldo de la gente, para denunciar todas las irregularidades al interior de la institucionalidad.
Ayer, dos de junio, un juez admitió una acción de tutela que interpuse ante estas mismas entidades. Esperamos a ver con qué nos salen y con qué excusa van a tratar de seguir ocultando la verdad.
