La noticia sobre la declaratoria de insubsistencia de Iván Humberto Sánchez Arango como director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) causó sorpresa y desconcierto entre operadores del sector y en ámbitos políticos y de opinión.
Sánchez, abogado amigo del presidente De la Espriella desde su época de estudios en la Universidad Sergio Arboleda, permaneció apenas 69 días en un cargo al que llegó precedido por el buen prestigio que significa haber sido un contralor delegado eficiente en la defensa del patrimonio fiscal y además asesor y jefe del empalme en el sector salud terminada la campaña.
El decreto 1634, mediante el cual se produjo su relevo, anunció en su artículo segundo que las funciones de Adres quedarían temporalmente a cargo de Marcela Brun Vergara, viceministra de Protección Social, pero como es habitual en este tipo de actos administrativos recordó el poder discrecional del presidente de la República para cambiar a funcionarios de libre nombramiento y remoción, pero no ahondó en razones.
Con el paso de las horas la sensación de desconcierto de mezcló con las suspicacias porque el jefe del Estado publicó en su cuenta de X un mensaje con una Orden Terminante dirigida a los interventores de las EPS en la que sobresalíaun nombre el siniestro Mario Urán.
ORDEN TERMINANTE! Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones. ¡EN ESTE GOBIERNO SE ACABARÁN LAS MAFIAS, LOS NEGOCIADOS Y LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, INCLUYENDO LOS NEGOCIOS IRREGULARES CON LOS MEDICAMENTOS! Los recursos de la salud son sagrados. Son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos. ¡No permitiré que se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026
No faltaron entonces quienes asociaron la fuerte advertencia presidencial con el relevo de Iván Humberto Sánchez de la dirección de la poderosa Adres, sobre todo porque la entidad es la pagadora del sistema que lleva a cuestas un pesado fardo de millonarias obligaciones con prestadores del servicio que muchas veces se pelean a la hora del cobrar y hasta están dispuestos a rebajar parte de la deuda para obtener prioridad.
Es cierto que, como él mismo lo ha dicho, el presidente tiene ojos y oídos en las entidades de manejo más sensible de grandes sumas de dinero. Lo que se sabe es que alguien, desde dentro de Adres lo previno a él y a su consejera anticorrupción, la recién nombrada Secretaria de transparencia de la presidencia, la exmagistrada Cristina Lombana, sobre presuntos contactos de Sánchez con personas de dudosa reputación en el sector salud.
| Puede también leer: Los enemigos en común del Presidente y la magistrada Cristina Lombana, que ahora será su secretaria de Transparencia
El único nombre mencionado no fue el de Mario Urán, un cuestionado lobista del sector salud. . También entraron a escena los de Francisco Javier Uejbe, exsuegro del director de Adres y Jaime Miguel González Montaño, quien durante 30 años estuvo al frente de Coosalud y hace solo una semana recuperó el control de la cooperativa intervenida por el gobierno Petro.
¿Por qué ‘siniestro’ Mario Urán?
Para entender las razones que le habrían provocado indignación al Presidente tras enterarse de esos supuestos o reales contactos, es necesario repasar en la memoria los antecedentes de los protagonistas.
Urán, a quien el mandatario llama “siniestro”, es médico cirujano, especializado en Gerencia Hospitalaria. Fue subsecretario de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, entre 2004 y 2007. Después se desempeñó como empresario del sector salud.
En septiembre y octubre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, entonces a cargo de Luis Carlos Leal, denunció una presunta confabulación de Urán a través de su cargo de contratista en la EPS Coosalud, intervenida por el gobierno el 22 de noviembre del 2024.
Según la entidad, Urán habría intervenido en la postulación y direccionamiento de contratos y giros a las mismas IPS por parte de Emssanar, Asmet Salud y Servicio Occidental de Salud, SOS, tres EPS intervenidas.
La Superintendencia señaló una presunta concentración de pagos en ciertas IPS sin justificación, pago a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores, solicitud de autorización previa por parte de los interventores a Urán para la postulación de giros directos y favorecimiento a laboratorios y marcas a través de un plan de compra presuntamente direccionado por Urán con Indira Ocando y Tony Negrette.
Urán negó irregularidades, pero la Superintendencia trasladó los hallazgos a la Fiscalía.
La relación de Urán con Gonzáles de Ecosalud quien recuperó el control de la cooperativa
En su momento Coosalud EPS reconoció que Urán tenía un contrato de prestación de servicios con la empresa desde 2022. La EPS señaló que el controvertido médico ejercía una asesoría para la implementación de un plan táctico en los territorios de Coosalud. Por ese rol, le fue asignado un correo institucional.
Coosalud señaló que no era responsable de las actuaciones que Urán pudo realizar como particular usando de manera indebida y no autorizada ese correo. La empresa indicó que, tras una auditoría, encontró que el personaje de la trama incumplió una cláusula de exclusividad al realizar trabajos para otras EPS y que por ese motivo terminó el contrato.
El presidente de Coosalud en ese momento era Jaime Miguel González Montaño. González estuvo al frente de Coosalud por casi tres décadas. Fue designado representante legal presidente por acta del 25 de mayo de 2018. Su suplente era Natalia Largo González, designada en 2023.
Coosalud EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud el 22 de noviembre de 2024. La medida se prorrogó en noviembre de 2025.
El 29 de octubre de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante Auto Interlocutorio 289 producido por el magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, ordenó suspender provisionalmente la intervención y restituir la administración a González Montaño y a Largo González. El Tribunal consideró que la intervención no había alcanzado los objetivos de recuperación financiera, administrativa y asistencial. La decisión era una medida cautelar. No resolvía de fondo la acción popular. El Tribunal ordenó acompañamiento preventivo de la Contraloría y la Procuraduría.
Un círculo de coincidencias
González Montaño enfrenta algunas investigaciones. En agosto de 2026, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra González y siete miembros de la junta directiva por presuntas irregularidades en 2024, relacionadas con pagos a terceros, concentración en la dispersión de recursos y un contrato de coworking.
| Puede leer aquí: Procuraduría abrió investigación disciplinaria a presidente de Coosalud por presuntas irregularidades en uso de recursos
Una investigación periodística de Caracol Radio reveló que González enfrentaba más de 36 noticias criminales en la Fiscalía, todas en etapa de indagación. El presunto delito que más se repetía, según ese medio, era el de fraude a resolución judicial.
Había más. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), órgano de inteligencia del Ministerio de Hacienda, presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que señaló a González, a los integrantes de junta directiva 2019-2024 y a Urán como asesor, por posible peculado por apropiación de terceros y desvío de recursos parafiscales de la salud.
La denuncia se relacionó con un crédito por $221.000 millones que, según la denuncia, habría servido para que la EPS actuara como fiadora a favor de Coosalud Inversa. González ha señalado que esos recursos correspondieron a un crédito para liquidez, garantizado con patrimonio autónomo en el Banco GNB Sudameris y que no eran recursos de la UPC ni de salud. Los hechos se encuentran en investigación.
En abril de 2025, la Procuraduría abrió investigación contra las EPS Coosalud, Emssanar, SOS y Asmet Salud. En ese proceso solicitó información sobre el contrato de Urán con Coosalud y vinculó a González como representante legal principal de esa EPS.
El vínculo entre Urán y González es contractual y está documentado. Urán fue asesor contratado por la EPS que presidía González. Ambos fueron vinculados en la misma investigación de Procuraduría y denunciados conjuntamente por la UIAF.
El tercer nombre que aparece en esta estructura es Francisco Javier Uejbe Jaramillo.
Uejbe es empresario de Cartagena. Es presidente de la Fundación Esensa, Especialistas en Salud y de la Fundación Saint. También ha manejado clínicas especializadas en tratamientos renales.
En la investigación de El Espectador sobre el cartel de la contratación en Bogotá, Uejbe aparece como declarante. Según lo que el excongresista Germán Olano le dijo a la justicia, Uejbe le habría contado que durante una reunión organizada por el abogado Manuel Hernando Sánchez Castro, en la que participaron cuatro empresarios, se les habría pedido a cada uno $250 millones para la campaña al Senado de Samuel Moreno.
Según el medio, a lo dicho por Olano se suman las declaraciones de Uejbe, del exgerente Héctor Lemus y de la excontratista Gloria Inés García. No ha habido condena ni sanción alguna contra Uejbe en ese caso.
Sánchez Arango se desempeñó como representante legal y gerente del Grupo Empresarial Especialistas en Salud, Esensa. Esensa es la empresa presidida por Uejbe.
Según una fuente cercana a Mario Andrés Urán, Uejbe fue suegro de Sánchez Arango. Por ahora lo que sí está documentado es el vínculo laboral entre ambos en Esensa.
En cinco días, entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, ocurrieron cuatro hechos que podrían ser más que casuales. El Tribunal ordenó devolver Coosalud a González, el Gobierno declaró insubsistente al director de la ADRES que venía de Esensa, el presidente prohibió a los interventores reunirse con Urán y la UIAF mantuvo vigente la denuncia que vincula a González y a Urán.
Nota de la Redacción: Las2Orillas llamó al celular del saliente director de Adres. El exfuncionario respondió a través de su whatsaap que no contestaba llamadas y pidió que le enviáramos cualquier inquietud por escrito. Le preguntamos expresamente por sus posibles contactos con las personas mencionadas en este artículo, pero hasta el momento de su cierre no había respondido. Por esa razón este es un informe en desarrollo.
Anuncios.
