La dinámica de la protesta social y ciudadana que está en desarrollo en Colombia superó y rebasó los objetivos inicialmente propuestos por el comando nacional de paro.
Esa lucha es protagonizada principalmente por las llamadas “clases medias”, que en realidad son jóvenes “precarizados”, profesionales asalariados o “emprendedores”, que están al frente de los cacerolazos y las marchas nocturnas por barrios y localidades de Bogotá.
El tema que está en la cabeza de todo el mundo es que el gobierno diseñó una estrategia de guerra psicológica para crear una violencia artificial y un clima de caos generalizado.
Se organizó un montaje que tuvo la intención de atemorizar a la ciudadanía, confundir a la opinión pública y acorralar a los actores más visibles de la protesta social, utilizando delincuentes y mercenarios a sueldo y a sectores de la policía nacional para generar un vandalismo generalizado, destruir bienes públicos, orquestar una violencia manipulada y crear pánico y terror entre la población en general.
Existen suficientes pruebas en fotografías, videos y testimonios sobre la actuación policial que comprueban que ellos mismos organizaron los saqueos de establecimientos de comercio, destruyeron las estaciones de TransMilenio y ejecutaron el plan de guerra psicológica para tratar de detener o neutralizar la protesta social.
Sin embargo, los organizadores del paro nacional no han reaccionado como se debe ante tamaño desafío. En vez de denunciar y demandar a nivel nacional e internacional esa conducta criminal del gobierno, han salido a rogarle a Duque para que se reúna con ellos porque supuestamente temen la escalada del conflicto (Onic).
En vez de salir a pedir “diálogo social”, los organizadores del paro nacional deberían estar fortaleciendo la lucha, sintonizándose con los nuevos actores de la protesta social, ayudándoles a organizarse, descubriendo a los “nuevos trabajadores” que por ahora le gritan “asesino” e “inepto” al presidente y que para hacerse escuchar realizan marchas nocturnas y cacerolazos.
Pero tal parece que ni siquiera los integrantes del llamado comando nacional de paro los escuchan. La pregunta que debemos hacernos es ¿Para qué dialogar con un asesino y un inepto?
En realidad lo primero que deben hacer los organizadores del paro es exigir lo siguiente:
1. La destitución inmediata y fulminante del director de la Policía Nacional y de los comandantes de los departamentos y municipios donde se presentaron tan graves hechos.
2. Iniciar una investigación inmediata y exhaustiva sobre la participación en esos delitos de los altos mandos de las fuerzas militares que debe correr a cargo de la Defensoría del Pueblo, los órganos de control respectivos, la participación de la oficina de DD.HH. de la ONU, y de veedurías ciudadanas con poder de veto y participación amplia, para poder juzgar y condenar a los responsables de esos graves delitos y crímenes.
3. Lograr que los responsables de esos delitos contra los bienes públicos y privados respondan económica y financieramente por los daños ocasionados por los actos vandálicos contra el patrimonio y bienes de entidades públicas y personas privadas, de tal manera que no sea la sociedad la que pague con sus impuestos por tamaños desafueros y destrucción provocada.
4. Iniciar una investigación sobre la participación en esos hechos del presidente, Iván Duque Márquez, y del alcalde de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, a fin que la justicia determine y juzgue la responsabilidad de esos funcionarios frente a los delitos cometidos.
5. Mientras se establecen esas responsabilidades, el gobierno nacional y distrital deben indemnizar a las víctimas mortales, heridos u otros, y liberar a todas las personas que injustamente fueron detenidas por efecto de la provocación orquestada desde la misma fuerza pública.
