El derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar ubicado en el morro de Tulcán en la capital caucana, a manos de colectivos Misak el pasado 16 de septiembre, despertó sensaciones divididas entre la sociedad colombiana que se ha pronunciado con fuerza. Por un lado, colectivos indígenas, campesinos, organizaciones sociales, personalidades publicas, políticas y de la sociedad civil entendieron dicha acción como un acto de dignificación a la memoria e historia de los pueblos indígenas en el Cauca, mientras que las autoridades nacionales y regionales rechazaron dicha acción y tomaron medidas punitivas como ofrecer recompensas económicas por identificar a los autores materiales en los pasados días.
La academia se ha pronunciado también. En este comunicado a la opinión publica, firmado con 633 nombres, entre profesores, organizaciones sociales y colectivos, se les da la razón a los pueblos Misak en su derecho autónomo de declarar culpable de diversos delitos contra los pueblos indígenas del Gran Cauca a Sebastián de Belalcazar y, además, rechazan el tono con el que las autoridades han respondido este acto pues, según aseguran, se ha prestado para señalamientos, estigmatizaciones y juicios racistas.
Este es el comunicado:
