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La frustrada honestidad prometida era una parte importante de la izquierda latinoamericana llegó al poder ofreciendo algo más que programas sociales: una diferencia moral. Denunció a las élites, cuestionó los negocios entre políticos y contratistas y prometió devolverles las instituciones a los ciudadanos. La honestidad era parte central de su oferta.
Los antecedentes judiciales de varios de sus dirigentes contradicen esa promesa. Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner tienen condenas firmes por corrupción; Pedro Castillo fue condenado por conspiración para la rebelión. Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y tortura. Lula estuvo preso, aunque sus condenas fueron anuladas por errores procesales durante el juicio. La lista no permite condenar a toda una corriente política, pero sí cuestionar la superioridad ética de sus referentes.
Tampoco todos están presos ni todos van camino inevitable a una condena. Una crítica seria necesita hechos precisos. Los que existen ya son suficientemente graves.
Rafael Correa, de Ecuador, y Cristina Kirchner, de Argentina: el dinero público
Rafael Correa fue condenado en Ecuador a ocho años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. El expediente trató de aportes de contratistas para financiar al oficialismo a cambio de contratos públicos. La condena quedó firme. Correa se fugó y reside en Bélgica, donde obtuvo asilo, y denuncia persecución política.
El contraste merece atención: quien encabezó una revolución ciudadana terminó condenado por un mecanismo que vinculaba financiación política y contratación estatal. El discurso transformador no impidió reproducir prácticas que decía combatir.
Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por una condena firme de seis años, con inhabilitación perpetua, en la causa Vialidad. Fue declarada responsable de administración fraudulenta contra el Estado por el direccionamiento de obras en beneficio de Lázaro Báez. Fue absuelta de asociación ilícita en ese proceso.
Aquí la discusión supera la ideología. Administrar recursos públicos exige protegerlos. Una condena por defraudar al Estado contradice cualquier pretensión de presentarse como garante de los intereses populares.
Lula, de Brasil: una historia que exige precisión
Lula pasó 580 días preso. Sus condenas por corrupción y lavado fueron anuladas en 2021 por falta de competencia del juzgado; también se reconoció la parcialidad de Sergio Moro. La anulación no resolvió el fondo de las acusaciones, pero dejó sin validez esas condenas.
La Fiscalía había atribuido beneficios de OAS por unos 3,7 millones de reales vinculados al tríplex y al almacenamiento de su acervo; en Atibaia, unos 1,02 millones en reformas. Lula negó las acusaciones. Después, el tríplex fue archivado por prescripción y la acusación representada de Atibaia fue rechazada por falta de sustento probatorio válido suficiente.
Su historia no puede usarse como una condena vigente. También muestra que una justicia sin garantías pierde legitimidad para exigir responsabilidades.
Castillo, de Perú: el poder por encima de las reglas
Pedro Castillo fue condenado a once años, cinco meses y quince días por conspiración para la rebelión, tras su intento de disolver el Congreso y reorganizar la justicia en diciembre de 2022. Su defensa apeló.
El problema aquí fue el ejercicio del poder. Invocar al pueblo no autoriza a desconocer los límites constitucionales. Una alternativa democrática debe respetarlos especialmente cuando enfrenta oposición.
Maduro, de Venezuela, y Castro, de Cuba: la violencia estatal
Maduro está detenido en Estados Unidos y enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, armas y conspiración para cometer torturas. Se declaró no culpable y todavía no tiene condena en ese proceso.
Raúl Castro, en Cuba, enfrenta acusaciones estadounidenses por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que dejó cuatro muertos. Florida anunció una orden de arresto en octubre de 2026. Tampoco existe condena por esos cargos.
Son hechos que deben juzgarse con pruebas y garantías. Su gravedad exige abandonar cualquier indulgencia ideológica: ninguna causa política justifica torturar o matar civiles.
Petro, de Colombia: responder antes que señalar perseguidores
¿Seguirá Petro? No puede anunciarse que terminará preso. Sí corresponde exigir que se esclarezcan los asuntos que lo rodean.
La campaña presidencial fue sancionada por irregularidades financieras, sin que esa decisión equivalga a una condena penal contra él. Reuters informó sobre pesquisas estadounidenses que examinaban posibles vínculos con narcotraficantes y aportes ilícitos; Petro negó esos señalamientos. Las denuncias recientes sobre supuestas presiones para obtener declaraciones contra adversarios también requieren investigación, el llamado Pacto de Valledupar. Las acusaciones en proceso de denuncias de excolaboradores cercanísimos como Angie Rodríguez, quien fue secretaria del DAPRE, con oficina contigua al presidente, de la catalana Eva Ferrer y de Álvaro Leyva su excanciller. Además, y de forma grave, su inclusión en la lista OFAC en Estados Unidos, junto a su exesposa Verónica Alcocer.
Estos casos desmontan una pretensión: pertenecer a la izquierda no convierte a nadie en una alternativa honesta.
Catastrófico e indigno expresidente Petro: Me permito decirle que la honestidad se demuestra administrando limpiamente, respetando las instituciones y respondiendo ante la justicia. Prometer un gobierno para los pobres no concede permiso para defraudar al Estado, romper la Constitución o atropellar ciudadanos.
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