El país estaba esperando que los líderes gremiales que agrupan a la élite empresarial del país, públicamente apoyaran el proceso de paz. El hecho de que hayan logrado un acuerdo y se lo hayan presentado al presidente Santos es sin duda una buena noticia para un país que realmente añora entrar en una etapa más civilizada de su desarrollo. No debió haber sido fácil porque dentro de este grupo la mayoría han tenido siempre dudas sobre las conversaciones de La Habana. Sin dejar de reconocer el mérito de este paso, es necesario para saber a qué atenernos, identificar puntos donde se apartan no solo de las posiciones adoptadas en el proceso con las Farc por parte del gobierno, sino aquellos que definitivamente consideran todavía inamovibles en los de sectores de gran influencia nacional.
Definitivamente no ha habido explicación válida para que los empresarios colombianos comprendan la diferencia entre derrota y negociación, presente en las conversaciones entre el gobierno y los grupos alzados en armas. Todos los expertos en Colombia en estos temas —que son muchísimos y muy serios— no han logrado convencerlos que la política de Seguridad Democrática que estos grupos apoyaron con mucho entusiasmo, no derrotó ni a las Farc ni al ELN. Sí logró algo muy importante que el mismo expresidente Uribe hoy senador de la República, tampoco ha sabido capitalizar: lo que sus dos gobiernos lograron fue debilitar la guerrilla de manera que se abriera el camino para una paz negociada.
Nadie se atrevería a afirmar que el Estado o el gobierno están al nivel de la guerrilla. Pero lo que sí es cierto es que, una es la posición del primero frente a un grupo insurgente absolutamente derrotado (caso en el cual puede imponer sus criterios y al segundo no le queda otra alternativa diferente a aceptarlos), y otra una negociación cuando ninguno de los dos confrontados ha triunfado sobre el otro. ¿Por qué esta profunda diferencia no la aceptan los representantes de los mayores grupos del país? Puede sonar muy duro pero la verdad es que sería bueno que los miembros del Consejo Gremial le dieran de nuevo una revisión a la historia del conflicto en Colombia, a sus terribles consecuencias sobre los sectores más débiles de la sociedad, y llegaran a la conclusión obvia: los proceso de paz o de negociación del Estado con grupos insurgentes, todos terminan haciendo concesiones porque es la única forma de lograr acabar con el conflicto. De acuerdo, al Gobierno no se le puede ir la mano y si se lee con cuidado lo que hasta ahora se ha discutido, esto no ha sucedido.
Pero el otro punto que es muy grave es que en su documento los gremios no acepten la posibilidad de la Comisión de la Verdad. Y de nuevo es volver a la historia. Claro que los grupos guerrilleros han sido infames pero, ¿qué tal los paras financiados por muchos de los sectores pudientes de este país? ¿Por qué en su momento no se trató con sus recursos apoyar el fortalecimiento del Estado en vez de apoyar estos ejércitos privados? Por favor, consulten los documentos de Memoria Histórica y seguramente cambiarán de posición. La verdad, eje de este proceso, necesita conocerse así queden involucrados sectores y personas que a través de la historia colombiana han sido intocables. No se trata solo de verlos en la cárcel. Hasta la más afectada de las víctimas que son 6 o 7 millones de colombianos, prefieren la verdad ante todo.
Todavía en Colombia unas pocas personas tienen el poder de frenar hechos, u ocultar textos que no les convienen. Pero si queremos de verdad empezar a construir una Colombia distinta, es necesario ceder un poco en aquellos privilegios que unos cuantos han disfrutado por décadas. El país está cambiando, y por fin parece que la verdad se está reconociendo como un derecho no solo de las víctimas directas de esos duros años sino de todo el país.
E-mail [email protected]
