En pocas semanas la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) publicará su primera resolución de conclusiones en el macrocaso sobre secuestros. Con esta primera resolución se cierra una primera etapa procesal para los comparecientes de las extintas FARC, pero se abre, con mucha expectativa e interés por parte de la comunidad internacional, la etapa de ejecución de las denominadas sanciones propias de la JEP; es decir, el conjunto de Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador-Reparador (TOAR) que se empezarán a implementar en los territorios y en las comunidades más victimizadas por el conflicto.
Aunque la sigla TOAR sigue siendo desconocida para una gran mayoría de colombianos, en las próximas semanas se convertirá en una sigla recurrente en torno a la discusión pública y académica sobre los alcances de la justicia transicional.
Por un lado, su naturaleza jurídica se sustenta en un reconocimiento pleno y oportuno a la verdad por parte de los comparecientes, ya sean exguerrilleros, militares, agentes del Estado o terceros civiles. De ahí que los TOAR sean, ante todo, resultado de un proceso de pleno reconocimiento de verdad y responsabilidad ante las víctimas por parte de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los macrocaso priorizado por la JEP.
Por otro lado, en su ejecución, que, se puede traducir en el desarrollo de obras de infraestructura comunitaria, actividades asociadas a la implementación del Acuerdo de Paz -por ejemplo, desde las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o los Planes Integrales Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA)-, se basa en la centralidad de los derechos de las víctimas, pues serán las víctimas las responsables de aprobar y velar por su adecuado cumplimiento a mediano y largo plazo, así como de garantizar que efectivamente cumplan con su finalidad reparadora y restaurativa.
Ahora bien, en el caso de los firmantes del Acuerdo de Paz, desde que se crearon los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ECTR) y en perspectiva de fortalecer su apuesta por una reincorporación colectiva-comunitaria, muchos han venido avanzando en actividades con contenido reparador, ya sea con obras de infraestructura, pilotajes de desminado humanitario o acciones de formación para la paz; sin embargo, estas actividades no son estrictamente TOAR, pues no forman parte de un conjunto de iniciativas acreditadas por la JEP a partir de una resolución de conclusiones o articuladas con mecanismos de monitoreo y verificación con participación de las víctimas.
Pero como en muchas partes del país los firmantes han venido avanzando ampliamente con estas actividades; inclusive, de la mano de organizaciones de víctimas y las comunidades, la JEP optó por otorgarles la calificación de “TOAR anticipados” y validar su naturaleza desde su Secretaría Ejecutiva.
Sin duda, ante el enorme reto que supondrá la ejecución de los TOAR tras la expedición de la primera resolución de conclusiones, resulta necesario avanzar en propuestas de apropiación pedagógica, desde una perspectiva de acción sin daño, para que las comunidades se sientan participes de su implementación y sean garantes de su cumplimento. No solo porque su principal finalidad se encuentra en el resarcimiento de los derechos de las víctimas, sino porque son una de las principales garantías de no repetición pactadas en el Acuerdo de Paz.
De ahí que considere que las Universidades, la institucionalidad local y los medios comunitarios de comunicación, no se pueden quedar atrás; y, en sintonía con la JEP, deberán asumir un rol más proactivo en el diseño de propuestas de apropiación pedagógica que permitan que los TOAR se instalen en los territorios y realmente cumplan con su función reparadora.
