La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de no avalar la extradición del exjefe guerrillero de las Farc ha generado todo tipo de reacciones en el mundo político. El fiscal y la vicefiscal dejan el cargo con el argumento de que el fallo es una amenaza para la democracia y el estado de derecho.
Desde los partidos políticos afectos al gobierno del presidente Iván Duque se han lanzado las mayores andanadas contra la Justicia Especial de Paz: los descalificativos son de grueso calibre y hasta se habla de una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución.
Por su parte, los partidos independientes y de oposición defienden a la JEP y ponen en duda que la renuncia de Néstor Humberto Martínez sea por la negativa de la extradición de Jesús Santrich.
Lo que se observa es la escalada de la polarización política cuando estamos a menos de seis meses de las elecciones regionales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Otro hecho notorio es que el ejecutivo nacional baja por unas horas la confrontación contra el gobierno de Venezuela y en el Congreso se agita el debate entre quienes creen en la paz y quienes aspiran a volverla trizas.
Mientras en las altas esferas del estado colombiano lo más granado de nuestra clase dirigente se enfrasca en el interminable debate político que busca el aniquilamiento del contrario, en las regiones apartadas del país crece la pobreza, aumentan los cordones de miseria, amenazan y matan a líderes sociales. Esa es nuestra cruda realidad, el país necesita una oportunidad para vivir en paz y alejarse la polarización política que solo sirve a los enemigos de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
