Las calles de Colombia han sido, a lo largo de su historia, un espacio fundamental para la expresión ciudadana y la reivindicación de derechos. Las marchas sociales han sido un instrumento clave para presionar por reformas estructurales en el país, movilizando a miles de personas de diversos sectores sociales y exigiendo cambios en políticas públicas, económicas y sociales.
En este contexto, la frase "Las calles como escenarios de la democracia para presionar las reformas estructurales en Colombia" adquiere un significado profundo. Las calles se convierten en un espacio de participación ciudadana, donde la voz de la población civil se hace escuchar y se exige al gobierno de turno acciones concretas para atender las necesidades de la ciudadanía más allá de los intereses de los partidos y dirigentes políticos de turno.
A lo largo de la historia colombiana, han tenido lugar numerosas marchas sociales que han dejado una huella profunda en la sociedad. Algunas de las más recientes e importantes incluyen El Paro Nacional de 1977: Una de las movilizaciones sociales más grandes de la historia colombiana, que duró 13 días, como consecuencia de la emergencia económica decretada en 1974 por el Gobierno, la falta de servicios públicos y vivienda, los elevados precios del transporte público, así como la reducción de subsidios, crearon una bomba social que explotó el 14 de septiembre de 1977 con el paro cívico nacional (Comisión de la Verdad) y, exigió al gobierno reformas económicas y sociales, entre ellas, respeto de las libertades. Derogación del Estatuto docente, financiación y desmilitarización de las universidades. Abolición de la reforma administrativa. Entrega de tierras a los campesinos por el INCORA. Jornada de trabajo de 8 horas y salario básico para transportadores (Señalmemoria, 2021).
La Marcha por la Paz: Realizada en 1982, movilizó a millones de personas en todo el país para exigir el fin del conflicto armado interno (bapp, 1982). Esta masiva movilización ciudadana contribuyó a sensibilizar a la sociedad y a los actores políticos sobre la importancia de buscar una salida negociada al conflicto armado. Si bien no condujo directamente a la firma de acuerdos de paz, sentó las bases para futuros esfuerzos en esa dirección. En correlato, la Marcha por la Paz de 1982 en Colombia surgió como respuesta a la violencia política y social que aquejaba al país en ese momento, evidenciando la necesidad de buscar soluciones pacíficas y presionando al gobierno y a la sociedad en su conjunto para que tomaran medidas al respecto.
La Séptima Papeleta: Ha sido uno de los pocos movimientos ciudadanos que han logrado cambios sustanciales en la historia. En las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. Seis papeletas para seis elecciones. Pero hubo una papeleta adicional a las oficiales, liderada por el movimiento estudiantil, que no estaba pautada, y terminó siendo la más importante; recolectó las firmas suficientes para convocar a una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución Política, la de 1991 (Indepaz, 2020).
Las Marchas del 2011: Una serie de protestas contra la reforma a la Ley 100 de Salud, que se consideraba una privatización del sistema de salud y que hoy las acciones de intermediación financiera (fundamento profundo del capitalismo rabioso sin sentimientos) que realizan las EPS lo confirman. La percepción generalizada de corrupción en las instituciones públicas y la falta de confianza en el sistema político fueron factores que impulsaron la participación en las marchas, con llamados a una mayor transparencia y rendición de cuentas. Las movilizaciones contribuyeron al fortalecimiento del activismo social en Colombia, aumentando la conciencia pública sobre temas como la educación, desigualdad, la violencia y la corrupción, y promoviendo una mayor participación ciudadana en la vida política del país.
FECODE estuvo activamente involucrado en las marchas del 2011, especialmente en respuesta a las propuestas de reformas educativas por parte del gobierno colombiano que generaron preocupación entre los docentes y estudiantes. Diversas organizaciones estudiantiles, tanto a nivel universitario como secundario, jugaron un papel destacado en las calles, movilizando a estudiantes en todo el país para protestar contra las políticas públicas en materia educativa, así como por la defensa de los derechos estudiantiles y una educación pública de calidad. Al igual que organizaciones de derechos humanos también hicieron presencia, numerosos líderes sociales y comunitarios a nivel local y regional que se sumaron a las marchas, representando a comunidades afectadas por la violencia, la pobreza y la exclusión social.
El Paro Nacional de 2019-2021: Otra de las movilizaciones sociales más extensas y significativas de los últimos años en Colombia, liderada por jóvenes con ascendencia en sus territorios, estudiantes, amas de casa y gremios sindicales, exigió al gobierno neoliberal reformas en materia de educación, salud, empleo, pensiones y seguridad ciudadana. El estallido social en Colombia, conocido como la Primera Línea, PL, se detonó el 28 de abril de 2021 a raíz de una reforma fiscal propuesta por el gobierno de Iván Duque. La reforma, considerada regresiva e injusta por diversos sectores, desató una ola de protestas que rápidamente se extendió por todo el país. La PL se refiere a la estrategia de resistencia popular que surgió durante las protestas y consistió en la formación de barricadas humanas en puntos estratégicos de las ciudades para impedir el avance de las fuerzas del orden y proteger a los manifestantes. La Primera Línea surgió de manera orgánica, sin líderes definidos ni estructuras jerárquicas, en la PL se involucró a personas de diferentes edades, géneros, clases sociales y etnias. Las redes sociales fueron fundamentales para la organización y comunicación de la PL.
La Primera Línea permitió visibilizar el profundo descontento social que existe en Colombia, especialmente entre los jóvenes. La PL debilitó no sólo al gobierno de Iván Duque sino al Uribismo y la derecha en general, quienes perdieron apoyo popular en las presidenciales del 2022 que llevó a la casa de Nariño al primer Presidente Progresista de izquierda en la historia de Colombia.
Es importante reconocer que las marchas sociales no siempre son suficientes para lograr cambios estructurales. Se requiere también de un trabajo sostenido en el tiempo, que devenga en el cambio de mentalidad de los ciudadanos – Un Presidente solo no hace los cambios - y de la construcción de consensos entre diferentes sectores sociales y de la presión constante sobre los gobiernos neoliberales para que implemente las reformas necesarias; o como en la actual coyuntura del bloqueo bicameral, el pueblo se movilice y respalde los proyectos de Ley para restablecer derechos en el campo laboral, la salud, las pensiones, educación, justicia y la Paz Total propuestos por el Presidente Gustavo Petro y zanjar la promesa histórica del cambio social.
Las movilizaciones sociales a lo largo de la historia reciente retan a las Instituciones del País, en primer lugar, al Congreso de la República, CR, para que escuche la voz del pueblo desde las calles, y su mensaje es claro, el pueblo colombiano exige cambios profundos; llegó la hora de que el CR escuche las demandas de la ciudadanía y actúe en consecuencia y no siga legislando a favor de las élites de la salud, las pensiones, la educación, sector financiero, la vivienda, la justicia, los gremios empresariales y grupos económicos que han sometido a los colombianos a vivir en histórica distopía.
El mensaje a los Partidos Políticos, de parte de la ciudadanía en la calles, consiste en que deben renovar su liderazgo ideológico, según los mandatos de una sociedad en desarrollo en contexto globalizado priorizando la identidad nacional desde las necesidades territoriales, y no los intereses del capital financiero internacional; los partidos políticos tradicionales han perdido la confianza del pueblo colombiano; entre otros factores por el cáncer de la corrupción que riñe con la transparencia en la gestión pública.
En general, el mensaje de las movilizaciones sociales a las instituciones del país es claro, Es hora del cambio histórico, el pueblo colombiano está cansado del statu quo y exige un cambio profundo en la forma en que se ha gobernado el país durante 214 años de dictadura económica de las élites heredadas desde el denominado “grito de independencia”. El futuro de Colombia está en juego, si las instituciones no responden al llamado del pueblo, Colombia podría enfrentar un futuro incierto y convulso. Las movilizaciones sociales han demostrado que el pueblo colombiano está dispuesto a luchar por sus derechos. Es hora de que las instituciones y los grupos de poder del país escuchen su voz y tomen las medidas necesarias para construir un futuro más justo y equitativo para todos a partir de las reformas integrales del gobierno progresista de Petro y su equipo de trabajo.
Las protestas sociales antes de agosto 2022 sirvieron para visibilizar las profundas desigualdades sociales que existen en Colombia, especialmente en materia de acceso a la educación, salud, empleo, pensión y vivienda. Las movilizaciones sociales desplazaron el punto de equilibrio de la relación de fuerzas hacia el poder ciudadano y popular, especialmente entre los jóvenes, quienes se sintieron motivados a participar activamente en la vida política del país. Las protestas también contribuyeron a aumentar la polarización política en el país; se marca como punto de inflexión el Plebiscito de octubre de 2016 de los acuerdos de la paz de la Habana, con sectores que apoyaban las movilizaciones por el SI, y otros como la derecha, que se movilizaban por el NO con estrategias de desinformación en redes sociales que activan las emociones ante que la argumentación dialógica como premisa para la acción política
El surgimiento de manifestaciones de la extrema derecha en Colombia, exigiendo la salida del presidente Petro bajo la consigna "fuera Petro", y financiadas por los dueños de la EPS, los fondos privados de pensiones y gremios empresariales que se oponen a la eliminación de los contratos por prestación de servicios y, demás clausulas leoninas incorporadas en la ley 50/90 o reforma laboral; debe ser analizado en un contexto de polarización política, económica y alta tensión social. La extrema derecha ha intensificado su discurso de odio y pulsión de clase dominante en las redes sociales y en los medios de comunicación comercial, lo que ha generado un clima de confrontación. Se ha identificado la generación y circulación de información falsa y propaganda por parte de sectores de la extrema derecha, lo que ha contribuido a alimentar la desconfianza y el miedo entre la población que mira con esperanza la concreción de la promesa histórica del cambio en las condiciones de igual oportunidades para potenciar el desarrollo humano y social de todos los colombianos.
En palabras del Senador de la Republica Wilson Arias “Odian a Petro” porque puso en evidencia que 18 EPS en el 2020 desviaron COP 9 billones de la salud de los colombianos informe de la Contraloría; “Odian a Petro” porque en el 2024 redujo en 45% las muertes de niños en la Guajira por desnutrición; “Odian a Petro” porque en el 2024 paso de darles COP 80 mil a COP223 mil a los abuelos sin pensión: “Odian a Petro” porque este año va condonar entre el 60 y el 80% de las deudas de más de 56 mil jóvenes endeudados con el ICETEX; “Odian a Petro” porque está rehabilitando los más de 3.500 kms de vías férreas que hay en el país y “Odian a Petro” porque gobierna para el pueblo (https://acortar.link/PLB1eM, 2024) y es así como con la reforma laboral se plantea devolverle el carácter de contrato laboral a los mal llamados “contratos de aprendizaje” que realizan los jóvenes del país y en particular los aprendices SENA.
Para todos los incrédulos el cambio en Colombia está en marcha, el gobierno del cambio puso a marchar a la derecha, basta con mirar el miedo penetrante en las toldas de la oposición al pensar en la pérdida (redistribución) de los privilegios históricos que han expropiado a todos los colombianos como dueños de la riqueza de la Nación, como reza la génesis griega sobre la categoría integral de democracia.
Es importante tener en cuenta que la extrema derecha representa una minoría de la población colombiana. Sin embargo, su accionar violento y su discurso de odio no deben ser subestimados, ya que pueden poner en riesgo la estabilidad social y democrática del país que, de acuerdo con las palabras de la ministra de trabajo, del actual gobierno de Gustavo Petro, Gloria Inés Ramírez “No Podemos AFLOJAR, Apenas Estamos FLORECIENDO”.
En definitiva, la situación actual en Colombia requiere de un accionar profundo y de hechos concretos, como los pasos que se vienen dando por parte del gobierno del cambio, la sociedad civil y los líderes políticos comprometidos con la transformación de las estructuras del Estado para construir un clima de diálogo, tolerancia y respeto mutuo que permita desacumular la riqueza del país, concentrada en menos del uno por ciento de la población, y avanzar hacia un futuro más próspero y justo para todos los colombianos.
@apostolfin
