Los colombianos queremos la paz, pero una paz verdadera que permita la concordia entre los habitantes y establezca una efectiva justicia social. No estamos de acuerdo que esta únicamente se dé para desmontar una estructura de grupos en disidencia al gobierno, mientras que la clase política sigue en su ventajosa disposición en subyugar al pueblo que los eligió y les dio el poder para que los representara. ¿Dónde queda la justicia y las investigaciones que se adelantan contra los corruptos que han desangrado y siguen desangrando al país?, ¿quién está controlando las decisiones de los jueces y magistrados que, en aras de su poder discrecional, siguen cerrando procesos por vencimientos de términos o envían a los indiciados a sus casa para que paguen condenas irrisorias?, ¿dónde están los resultados sobre aquellos personajes que ostentan altas investiduras?
En la misma forma, ¿por qué se permite que el capital extranjero se apropie de sistemas importantes de los colombianos como la salud, electrificación, construcción de vías, sabiendo que algunas de estas firmas ya han dado muestras de no tener buenas intenciones con los recursos de los colombianos? Casos concretos, represa del Quimbo, Distrito de riego Tesalia Paicol en el Huila y Electricaribe en la Costa. Todas estas firmas de ascendencia española han dejado huellas de erradas administraciones en donde el país ha perdido cuantiosos recursos y el Estado sigue en la más absoluta indiferencia.
Estamos en un proceso que, como una balanza, el fiel de la misma se inclina en donde se le ha puesto su mayor peso especifico, como es el de la corrupción, impunidad, injusticias; mientras en su lado opuesto se incumplen los programas sociales y no se aplican las decisiones del Congreso cuando son leyes que favorecen a la ciudadanía como los pensionados, las madres comunitarias, maestros y trabajadores. Todos los colombianos estamos con la paz, pero esta además de traer deberes debe de estar aderezada con obligaciones, esto es lo que le estamos demandando al gobierno, en esta etapa que se encuentra en la recta final de su mandato.
No es el ministro de hacienda Cárdenas quien debe responder por las justas peticiones de la ciudadanía, sino el presidente Santos a quien se eligió para que gobernara al país y en el ejercicio de su poder constitucional y democrático, cumpliera con todas sus obligaciones y compromisos adquiridos. Gran parte del éxito del candidato que se designe para continuar con la permanencia de los acuerdos del proceso de paz depende de la indiscutible gestión y seriedad de su palabra comprometida con los pensionados, madres comunitarias, maestros, campesinos, trabajadores. etc.
