Desde hace algunos meses, a los exguerrilleros y exguerrilleras en proceso de reincorporación, se les denomina desde diferentes medios de comunicación como firmantes de paz. Con esta categoría se pretende ser más preciso en la definición del hombre o mujer que dejó las armas y se encuentra en una ruta social, económica y política de reincorporación; asimismo, con su uso también se busca reducir los niveles de rechazo social o estigmatización asociados al concepto clásico de guerrillero o exguerrillero.
No es una cuestión meramente semántica. Con una disidencia en activo que apela a la reivindicación histórica de una narrativa rebelde (al igual que la sigla FARC) y una sociedad esquiva e indiferente con los exguerrilleros; resulta necesario concertar una definición más cercana y humana a los miles de hombres y mujeres que día a día luchan por sacar adelante el acuerdo de paz.
Así las cosas, con el asesinato del firmante Jorge Iván Ramos, integrante de la dirección nacional del partido Farc y encargado del programa de sustitución de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar, ya son 225 firmantes de paz asesinados desde que se suscribió el acuerdo el 26 de septiembre del 2016. Es una cifra que hiela la sangre y que da cuenta de un auténtico genocidio. No encuentro una definición más precisa; inclusive, desde el partido Farc se denunció un plan de exterminio que tan solo en el norte de Antioquia, previo al desplazamiento de 93 personas de Ituango a Mutatá, cobró la vida de 12 excombatientes.
A las dificultades relacionadas con la precaria implementación de la reforma rural, los ataques sistemáticos del uribismo y la ausencia de condiciones de seguridad humana en territorios controlados por el paramilitarismo o la guerrilla del ELN, los firmantes viven una terrible incertidumbre en medio de un posconflicto de sangre y muerte.
Del firmante Jorge Iván también conocido como Mario Morales no se cuestiona su compromiso con la paz, tenía la difícil tarea de sacar adelante el programa de sustitución de cultivos ilícitos en una región históricamente afectada por el conflicto. Programa (conocido como Pnis) al que los violentos le han declarado prácticamente una guerra frontal, al punto, que muchos de los líderes sociales que han sido asesinados desde 2016 tenían participación en el mismo.
Con el asesinato de Mario se pierde el valor de un hombre convencido de la reconciliación; un narrador cotidiano de las historias ancestrales de la serranía y en el plano más humano, el padre de dos niños. Condición que se resalta cuando los violentos le arrebatan a un firmante los anhelos de vivir; construir un proyecto de vida o trabajar por sacar adelante esa oportunidad siempre nostálgica de la paz.
A los asesinatos se suman los desplazamientos, las desapariciones y las agresiones que evidencia lo difícil de fomentar una cultura de la reconciliación en un país no reconciliado. Es la naturalización de una barbarie que se ha degradado en una cultura violenta e indiferente. ¿Qué hacer? Solo queda sumarse al llamado desesperado de Pastor Alape tras enterarse del asesinato del firmante 225: ¡Paren esta HP matazón!
