Aunque presume de rigor histórico, la serie Palacio de Netflix omite los nexos del M-19 con Pablo Escobar y suaviza la culpa de la cúpula guerrillera

- ‘Palacio’, la serie de Netflix que se olvida de responsabilizar al M-19 y borra el rastro de Pablo Escobar en la toma
Texto escrito por: Pedro Pablo Aguilera
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El estreno de Palacio (Netflix, 2026) desborda el mero acontecimiento televisivo para erigirse en un campo de batalla por la memoria histórica de Colombia. La producción afirmó ante la crítica la culminación de una pesquisa rigurosa. En declaraciones a Variety, la serie se define como el fruto de «más de siete años de investigación exhaustiva basada en archivos, testimonios y entrevistas», articulados para construir una «experiencia narrativa emocional». En la misma línea, Natalia Santa asegura en El País: «Hasta hace pocas semanas seguíamos investigando, nunca dejamos de hacerlo».

No obstante, una mirada atenta de su narrativa, de las fuentes que privilegia y de su puesta en escena revela una asimetría persistente. La serie dota de espesor humano al comando guerrillero del M-19 desde «La Mona», desdibuja su responsabilidad política y convierte un vínculo documentado con el narcotráfico en un silencio cómplice, mientras encuadra al Estado y al Ejército como la encarnación monolítica de la barbarie —algo que no deja de ser cierto—, sin interrogar por qué la puesta en escena aplica un rasero tan dispar al momento de escudriñar a los ejecutores del asalto desencadenante y a sus exterminadores después.

El equipo creador ha blindado su discurso público bajo el escudo del rigor historiográfico. En entrevista con The Hollywood Reporter (6 de noviembre de 2026), sostiene que la investigación acudió a «testimonios, archivos periodísticos, documentos judiciales y fuentes históricas» con el propósito de ensamblar un relato polifónico «sin abandonar la exigencia de corroboración documental». Santa añade en El País que los libretos contaron con la supervisión de periodistas e historiadores y abrevó directamente en el informe de la Comisión de la Verdad.

Si ese es el estándar probatorio, el nexo entre el M-19 y el cartel de Medellín difícilmente podía quedar fuera de la historia de Palacio, cuando constituye una huella histórica innegable que compromete éticamente al movimiento insurgente. El propio informe de la Comisión de la Verdad constató las reuniones sostenidas entre Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Pablo Escobar; aunque matizara el alcance financiero de esa alianza, establece sin ambages la existencia de contactos y una convergencia de intereses. A ello se suman los reconocimientos de responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la admisión pública de Rosemberg Pabón, quien calificó la operación como «un error histórico». Bajo una auténtica «corroboración documental», dicha trama no tiene justificación alguna para que la serie opte por el silencio.

En contrapartida, existe una generosidad evidente hacia el relato de Clara Helena Enciso («La Mona»), mediado por la crónica testimonial de la destacada periodista Olga Behar. Santa justifica esta elección señalando que «era difícil encontrar en otros libros ese punto de vista de primera mano» y que permitía «entrar al otro lado de los actores… el M-19». El reparo no radica en el uso de esa fuente, sino en haber negado validez testimonial a otro actor armado ilegal —como «Popeye»— sobre la contribución millonaria del cartel de Medellín para la operación. Aunque actuaron en escenarios distintos, ambos comparten un mismo estatuto testimonial: son testigos de parte y partícipes directos de diferentes eslabones de un mismo proceso —ella en la logística y ejecución del asalto; él como testigo cercano de los encuentros entre Pablo Escobar e Iván Marino Ospina en Medellín—, y ambos estaban inmersos en dinámicas de violencia extrema.

La indulgencia con que se acoge esta fuente sobre cómo sucedieron los hechos desde la óptica del M-19 resulta cuestionable al no existir contraste ni respaldo documental para esa versión, en comparación con la severidad empleada para purgar la conexión con el cartel. La doble vara resulta elocuente al esquivar el dato que incomoda mientras se hace permeable ante el relato que redime. Cabe preguntarse, entonces: ¿qué criterio dictó que un hecho documentado por la justicia transicional no mereciera siquiera una línea en la serie y la voz en off the record sí la tenga?

El testimonio de Enciso («La Mona») posee un valor innegable para retratar la atmósfera subjetiva del encierro y el miedo de los asaltantes, pero resulta frágil como fuente fáctica autónoma. Lejos de ser una guerrillera más o una sobreviviente accidental, el relato recogido por Olga Behar en Noches de humo y los expedientes judiciales posteriores la perfilan como un cuadro político-logístico de confianza dentro del círculo inmediato de la comandancia (en particular por su vínculo militante y afectivo con Guillermo Elvencio Ruiz, uno de los jefes militares del asalto). En ese rol, participó en el abastecimiento y sostenimiento de las casas de seguridad previas, realizó tareas de observación en la Plaza de Bolívar y registro de los preparativos, ingresó camuflada como civil antes del choque frontal, actuó como enlace interno entre los focos de resistencia y recibió de Andrés Almarales el encargo explícito de abandonar las armas para sobrevivir y narrar al mundo la versión insurgente de la toma. Sin embargo, el guion opta por suavizar esa envergadura operativa mediante una sobrehumanización complaciente: al privilegiar su fragilidad afectiva sobre su agencia política y militar, la puesta en escena blanquea su participación activa en la incursión armada y predispone al espectador hacia una empatía acrítica. Su voz nos llega así a través de una entrevista clandestina que constituye el eje del libro de Behar, pero responde a una lógica de preservación política y de la épica moral del M-19 que facilitó dicho encuentro y humaniza a sus compañeros caídos —quienes ya no pueden confirmar ni desmentir los diálogos que ella reconstruye—, mientras silencia las decisiones estratégicas de la cúpula y el origen interno de buena parte de la violencia. Elevar esa memoria a columna vertebral del relato televisivo, sin someterla al contraste con los peritajes forenses ni con los expedientes de la justicia transicional, convierte una vivencia individual en coartada narrativa para absolver a toda una organización.

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El guion concentra su lente en los integrantes del comando operativo que irrumpió en el Palacio —rostros jóvenes, vulnerables, atravesados por el miedo y la convicción—, pero elude escrutar con igual rigor la cadena de mando que diseñó la toma. La Comisión de la Verdad estableció que el Mando Central de la organización —encabezado por Álvaro Fayad e integrado por Carlos Pizarro, Gustavo Arias y Antonio Navarro— fue el responsable directo de aprobar la operación terrorista en junio de 1985. ¿Se mencionaron todos esos nombres? No.

Desde la producción se argumenta que la serie «le abre espacio a los guerrilleros —en la preparación de la toma y durante el asalto— y a los militares». Sin embargo, conceder tiempo en pantalla a los ejecutores materiales dista mucho de interpelar la autoría intelectual y estratégica. El archivo vivo y documental abunda: el propio Rosemberg Pabón ha reconocido que la premisa política del asalto —someter al presidente Belisario Betancur a un juicio público— «era una utopía, era imposible de realizar… fue errada»; testimonios similares de Otty Patiño y Vera Grabe reposan en los acervos de la Comisión. Mientras el metraje dedica secuencias extensas y necesarias a los procesos judiciales posteriores y al calvario de los familiares, llama la atención la ausencia de un contrapeso dramático sobre la cúpula que planificó el golpe. Al privilegiar la vivencia íntima del combatiente raso sobre la frialdad calculada del estratega, la narrativa transforma a una organización político-militar en un puñado de idealistas trágicos, escamoteando la decisión política que detonó la catástrofe.

Como señala El País, la producción «pone el foco, sobre todo, en las 11 personas que fueron desaparecidas de manera forzosa y en la lucha de sus familias por encontrarlas». Ese eje moral es irreprochable y necesario. La objeción apunta a la economía narrativa del conjunto: el acto desencadenante —la incursión armada— ocupa un segmento acotado y carece de un correlato sostenido que examine la responsabilidad histórica de sus promotores. En sus ocho capítulos, la serie entrelaza cinco historias: el asalto del M-19, la retoma del Ejército, las dudas del Gobierno en Palacio, la tortura y desaparición de los civiles, y los juicios posteriores liderados por las familias y el abogado Eduardo Umaña Mendoza. El problema no está en incluir todas esas voces, sino en cuánto tiempo y peso dramático recibe cada una. La mayor parte del metraje se concentra en el operativo militar, las desapariciones forzadas y la batalla judicial de Umaña, mientras que la planificación política de la guerrilla y las decisiones del Ejecutivo quedan relegadas a fragmentos breves. En cambio, el guion sí otorga amplio despliegue narrativo a la tesis de «La Ratonera», subrayando el retiro previo de la guardia policial y la premeditación castrense para convertir el edificio en una trampa mortal. Así, la serie dedica horas a mostrar las consecuencias del horror, pero apenas unos tramos acotados a explicar cómo y por qué se tomó la decisión que lo originó.

Tanto la JEP como la Comisión de la Verdad han delimitado responsabilidades concurrentes entre la guerrilla y la fuerza pública, pero la serie administra la duración de sus planos y la densidad psicológica de sus personajes con notoria disparidad. Mientras la culpabilidad castrense y estatal en la retoma y las desapariciones se desarrolla en extensión y fuerza dramática, la responsabilidad política de la insurgencia se disuelve en el heroísmo melancólico de los atacantes hasta llegar a una escena cuasi kamikaze de un combatiente con explosivos en mano que se inmola. Toda decisión de montaje implica una postura ética y el metraje jerarquiza qué duelos merecen primer plano y qué autorías pueden relegarse a la penumbra. ¿Sobre qué implícitos ideológicos se sostiene esa «experiencia narrativa emocional» que tanto se menciona en Variety?

La gramática audiovisual de Palacio dista de ser inocente. La cámara otorga a «La Mona» y a sus compañeros el privilegio del primer plano, del plano subjetivo y de una progresión dramática que los perfila como sujetos complejos, habitados por dudas y afectos. Esta exploración íntima sería legítima si encontrara un contrapunto en la representación de la agencia política de sus dirigentes.

El montaje opera aquí como un tribunal del tiempo. La retoma militar se dilata mediante planos cortos, cámara en mano, caos visual y una visceralidad que subraya la desproporción del poder de fuego castrense. En contraste, el asalto inicial del M-19 se filma bajo una cadencia más contenida, atemperando la brutalidad de la irrupción. El diseño sonoro acentúa esa fractura: los instantes de introspección, temor o agonía de los insurgentes se envuelven en pasajes musicales líricos y elegíacos que estetizan su caída; los militares, por el contrario, irrumpen acompañados de texturas disonantes y transmisiones radiales distorsionadas que deshumanizan la voz. Los diálogos terminan de inclinar la balanza cuando los miembros del comando articulan parlamentos reflexivos y motivaciones políticas elaboradas, mientras que los militares quedan reducidos a órdenes secas, funcionales y brutalmente lacónicas. Incluso su arquitectura temporal adolece de marcas visuales nítidas: la uniformidad cromática y la ausencia de recursos de ruptura en el montaje —desde virajes de tono hasta dispositivos gráficos— obligan a intuir los saltos entre épocas, fundiendo la planificación previa y la tragedia posterior en un mismo continuo emocional que desdibuja la relación entre historias y temporalidades.

Se configura así una asimetría dramática donde el espectador acompaña la interioridad del combatiente, pero pierde de vista el engranaje orgánico que ordenó la operación. Sin necesidad de postular una conspiración panfletaria, el efecto sobre la memoria colectiva es evidente: el público empatiza con la tragedia individual del atacante mientras la responsabilidad estructural de la cúpula se desvanece fuera de cuadro.

Palacio exhibe una factura técnica solvente, respaldada por una dirección de arte meticulosa en la reconstrucción de 1985 y un elenco de buen nivel. Sin embargo, el trabajo actoral y de caracterización refuerza los sesgos del guion en una Mariana Gómez cuya contención suaviza el perfil político-militar de la asaltante; Carlos Manuel Vesga dota a Plazas Vega de la rigidez marcial del jefe militar; y en Robinson Díaz —sin discutir su solvencia interpretativa—, el exceso de caracterización roza lo caricaturesco de Belisario Betancur con un mechón sobre la frente al estilo de Napoleón tras Waterloo que le resta fuerza al drama presidencial. Del mismo modo, aunque Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros logran atmósferas opresivas de eficacia sensorial, su pulso visual opera al servicio de una dramaturgia diseñada, en la propia definición de su showrunner, como una «experiencia narrativa emocional».

La serie persuade desde el pathos; es decir, convence apelando a las emociones del espectador y lo obliga a sentir antes de juzgar. Al abrazar una estética del mártir, consigue que la audiencia comparta una misma descarga afectiva —congoja o indignación—, que lejos de suturar las fracturas de noviembre de 1985, las reabre desde una mirada donde el M-19 recupera un aura de víctima trágica y el Estado absorbe en solitario la iconografía del horror.

Una representación madura del Palacio de Justicia demanda simetría en tres frentes: el filtro de sus fuentes, la distribución de su metraje y la imputación de responsabilidades históricas. Palacio flaquea en todos ellos. Para una ficción que enarbola la «corroboración documental» como sello de legitimidad, esos errores u omisiones, conscientes o no, constituyen su mayor fisura ante un televidente medianamente informado. La interrogante que persiste tras los créditos finales no concierne a la eficacia televisiva de la serie, sino a nuestra disposición como sociedad para aceptar que la memoria se edifique sobre la seducción del drama afectivo y una verdad contada a medias.

Calificación: 3.5 / 5 estrellas  ★★★½☆

FICHA TÉCNICA

Título:Palacio (Título internacional: Under Siege)
País de origen:Colombia
Año / Fecha de estreno:6 de noviembre de 2026
Plataforma / Distribución:Netflix
Formato y extensión:Miniserie dramática histórica / 8 episodios (aprox. 50 min por episodio)
Casa productora:Dynamo
Showrunner:Natalia Santa
Dirección:Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros
Guion:Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres
Producción:Andrés Calderón y Mirlanda Torres (Ejecutiva) / Mariana Berenguer y Mirlanda Torres
Especificaciones técnicas:2160p 4K UHDTV / Sonido Dolby Atmos
Elenco principal:Natalia Reyes (Pilar Navarrete), Robinson Díaz (Belisario Betancur), Santiago Alarcón (Alfonso Reyes Echandía), Carlos Manuel Vesga (Alfonso Plazas Vega), Luna Baxter (Olga Behar), Mariana Gómez (Clara Helena Enciso, «La Mona»), Camilo Amores (Héctor Jaime «Jimmy» Beltrán), Andrés Castañeda (Eduardo Umaña Mendoza), Nicole Santamaría (Ángela María Buitrago), Nelson Camayo (Luis Otero) y Jaisson Jeack (Alfonso Jacquin).

Creado por Pedro Pablo Aguilera, Grupo Humanidades y Universidad-USC. Licencia CC. 2026.

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