Nicaragua declaró el miércoles "traidores a la patria" a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.

Además de Belli y Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista de la década de 1980 que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega, entre los sancionados figuran el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas la resolución que despojó de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas "prófugas de la justicia".

"Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población", indicó el magistrado.

"Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses", añadió.

"Gran honor"

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central condenó "de la manera más enérgica esta nueva ola de violaciones a los DDHH".

"Llamamos al Estado a cesar de inmediato la persecución y represalia contra defensores de DDHH y voces disidentes, y restituirles todos sus derechos y libertades", tuiteó la Oficina.

Para el exembajador de Ortega ante la OEA, Arturo McFields, es "un gran honor estar en esta lista".

Sergio Ramírez, exiliado en España, se separó en 1995 del Frente Sandinista que dirige Ortega para formar un movimiento disidente con otros intelectuales y personalidades del sandinismo.

Mientras que Gioconda Belli es poeta y autora de varias novelas, entre ellos "La mujer habitada", "Sofía de los presagios" y "El país bajo mi piel: Memoria de amor y de guerra". También fue opositora a la dictadura de Anastasio Somoza y colaboró con el gobierno sandinista en la década de 1980.

En la lista de sancionados hay políticos de distintos partidos y formaciones opositoras, exfuncionarios gubernamentales, exguerrilleros sandinistas, activistas de organismos no gubernamentales y periodistas.

"Ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua" y cargos de elección pública a perpetuidad, indicó el juez.

"Medida de odio y venganza"

La medida fue tomada seis días después de que el gobierno de Ortega liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 opositores presos, a quienes también despojó de su nacionalidad y derechos políticos, en momentos en que enfrenta criticas de la comunidad internacional debido al creciente autoritarismo de su gobierno.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, incluido entre los sancionados, publicó en redes sociales que "los castigados por medidas de odio y venganza, son todos los ciudadanos que demandan un cambio con justicia y libertad, incluidos los servidores públicos, civiles y militares".

Exiliado en Costa Rica, Chamorro es hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), pero a diferencia de su madre y hermanos colaboró con el régimen de Ortega en la década de 1980 y dirigió el periódico sandinista, Barricada.

Como otros sandinistas rompió con Ortega a mediados de la década siguiente, cuando el actual presidente encabezaba la oposición al gobierno de Violeta Barrios, que lo había derrotado en los comicios de 1990.

Confiscación de bienes

El magistrado señaló que "por ser traidores a la patria, a los 94 acusados se les impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente".

"Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua; pero además, se les declaró prófugos de la justicia", detalló.

Las autoridades de Nicaragua detuvieron a centenares de opositores en el contexto de la represión que siguió a una crisis política y social con protestas callejeras que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.

El viernes, fue condenado el obispo católico Rolando Álvarez a 26 años de prisión, un día después de que rechazara irse a Estados Unidos con los 222 opositores excarcelados y expulsados del país.