En los últimos años hemos sido testigos de la situación que viven los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. La situación es crítica, pues no solo se vulnera la integridad de estos seres humanos sino que se limita su participación política, con el fin de entorpecer procesos importantes para el país.
Desde el 12 de enero de 2016 hasta el 10 de febrero de 2018, se han registrado un total de 77 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, sin contar los ataques contra quienes han corrido con mejor suerte. Esto muestra que la defensa de los líderes en Colombia es frágil y por mucho tiempo lo ha sido. De acuerdo al monitoreo realizado por la Fundación Paz y Reconciliación, a través de su observatorio de violencia política, cada cuatro días se comete un homicidio contra un líder social en Colombia y cada dos días, alguno ha sido amenazado.
El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria entregó un informe detallado sobre los asesinatos de líderes entre el año 2005 y el 2015. Según este informe, se estima que los integrantes de asociaciones rurales campesinas son el tipo de víctima con el mayor número de afectados, con 256 líderes asesinados, lo que representa un 51% de los casos; esta cifra no incluye los 80 líderes de restitución de tierras, separando abruptamente a los integrantes de las asociaciones rurales con los reclamantes de tierra como si no fueran un mismo asunto.
Esta presentación de las cifras le quita relevancia a la persecución de la cual han sido objeto los reclamantes de tierra que protege la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Me cuestiono hasta qué punto es viable separar las asociaciones rurales de los líderes reclamantes de tierras, teniendo en cuenta que lo uno está relacionado con lo otro, y que no tiene sentido separar las cifras, desde esta perspectiva las cifras pierden veracidad.
Esta presentación de las cifras puede generar desinformación y rechazo a reconocer que el despojo y el abandono forzado de tierras causaron desplazamientos masivos que sobrepasan las cifras de 6 millones 500 mil hectáreas en todo el país y más de 360 mil familias afectadas por la pérdida de sus propiedades.
