Altos funcionarios del gobierno están creando la sensación de que con la visita de las primeras víctimas del conflicto y la presencia del general Javier Flórez y de un grupo de coroneles en La Habana, lo que sigue por añadidura es la entrega de las armas y la desmovilización de la guerrilla.
En desarrollo de esta ficción, el presidente Santos ha anunciado la creación de un Comando de Transición que estaría encargado de supervisar “cómo es que vamos a hace esa transición, cómo es que vamos a supervisar la desmovilización del enemigo, cómo vamos a supervisar y garantizar la entrega de armas”. Atrevida argumentación si se tiene en cuenta que ninguno de estos asuntos ha sido tema de debate en las conversaciones, y que conceptos como “transición”, “desmovilización” y “entrega de armas”, no existen ni en la gramática del acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla.
Es necesario precisar con relación a la creación del Comando de Transición, que de ninguna manera las FARC aceptan una jerarquía militar para resolver asuntos que son de carácter político por definición, y que aspectos tan importantes como la dejación de armas, también implican la desmilitarización de la sociedad y del Estado.
Nos preguntamos entonces a qué juega el gobierno con sus anuncios, cuando lo normal sería no crear falsas expectativas, y por el contrario explicar, que si bien se avanza en varios campos, lo que está por definirse, como es el caso de las transformaciones institucionales, aún toma tiempo.
Pareciera que la estrategia es hacer creer que el proceso de paz ha entrado en la recta final, en el mismo viejo esquema, carente de imaginación, de entender la paz como entrega de las armas, ahora subordinada al alto mando militar, y sin que se den los cambios sociales, económicos y políticos que reclama el país.
No deja de causar molestia que el gobierno siga actuando como si los puntos de vista de la contraparte en la mesa no tuvieran valor ni consecuencias. Así ocurre por ejemplo en el tratamiento del denominado marco jurídico y justicia transicional, respecto a lo que el Ministro de Gobierno, Juan Fernando Cristo, avanza, explicando en detalle, la rapidez con que se tramitaría su ley estatutaria. Un acto legislativo que requiere para su aprobación, de dos legislaturas, nos dice el Ministro, se aprobará en una sola legislatura.
Esto ocurre, pese a que en reiteradas ocasiones y de manera argumentada hemos explicado que en tanto en el conflicto colombiano no hay un vencedor ni un vencido, no es viable que el Estado imponga su juridicidad o pretenda fungir como juez y parte. El único marco jurídico que admitimos es el acuerdo general de La Habana en el que Estado e insurgencia son partes iguales. Recordemos que ahí, el numeral 5 del punto 3 referido a Fin del conflicto, expresa que “El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.
Los alardes y el ventajismo que colocan la visita del general Flórez a La Habana, como una demostración de victoria del establecimiento, no se corresponde con la disposición que la insurgencia ha mostrado en aras de buscar caminos dignos hacia la reconciliación.
Las tergiversaciones y reconceptualizaciones que el gobierno viene haciendo del acuerdo general de La Habana, de su agenda y de varios de los convenios que hemos hecho en su desarrollo nos obligan a pedir de manera pública una reunión de emergencia que permita repasar y esclarecer el sentido de lo pactado y retomar la bilateralidad que debe primar en la marcha de las decisiones que tengan que ver con el proceso.
Al mismo tiempo, cordialmente invitamos al Ministro de Gobierno a hacer presencia en La Habana para intercambiar sobre nuestros puntos de vista en torno a los problemas anteriormente expuestos y para darle nuestras apreciaciones sobre lo que realmente hemos acordado con los plenipotenciarios gubernamentales. Esto, en el entendido de que el proceso de paz no puede seguir andando por el riel de la agenda mediática y de las interpretaciones amañadas. Una sola es la agenda, y su contexto es el Acuerdo del 26 de agosto del 2012. Lo demás es fantasía.
