Supimos del bombardeo del ejército colombiano a un campamento de la guerrilla en el que había menores allí presentes, cuando el ministro de Defensa Diego Molano, había ya celebrado el ataque militar, y en su cuenta en Twitter, escribió: “SinTregua contra narco paramilitares que le roban la tranquilidad a los colombianos. En bombardeo de nuestras FuerzasMilCol con apoyo de FiscaliaCol.
El asesinato de menores ya había sido confirmado por Rhoyman Giovany Garcés, alcalde de Calamar. El ministro de Defensa alegó que no podía saber si había niños en el campamento a quienes calificó de “máquinas de guerra”.
A la larga lista de líderes sociales, voceros campesinos, defensores del medio ambiente y lideresas de iniciativas de paz entre otros, se suman ahora los niños como víctimas de las políticas de desmantelamiento de los acuerdos de paz. Dado que el MinDefensa Molano fue director del ICBF, vale la pena recordar lo que la legislación colombiana entiende por una persona menor de edad.
En su página institucional, el ICBF recuerda que “(e)l artículo 34 del Código Civil, dispone que: (i) Llamase (sic) infante o niño, todo el que no ha cumplido siete (7) años; impúber, el que no ha cumplido catorce (14) años; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho (18) años, y menor de edad, o simplemente menor”. Todos ellos son sujetos de derechos y la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-468/18, estableció que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de especial protección constitucional. En reconocimiento al carácter superior y prevalente de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la corte estima que ellos y ellas son sujetos de esa protección especial.
Resulta, pues, irónico, si no francamente perverso, que un antiguo alto funcionario encargado de la protección de niñas, niños, adolescentes y menores pase ahora por alto el relato jurídico y la consideración humana y llegue al punto de considerar a esos sujetos de protección especial como “máquinas de guerra”. De merecer una protección especial se pasa ahora a considerarlos objetivos militares.
En efecto, de lo que se trata es de degradar la acción de la fuerza pública. Degradación fue el calificativo que mayor justicia les hizo a las acciones bélicas durante los años del conflicto. Se trató de una degradación que alcanzó un punto culminante con la presencia del paramilitarismo. Degradación parece ser la tónica que el gobierno busca imprimirle a las operaciones de la fuerza pública, trátese de policía o ejército.
Hay degradación cuando se pasa por alto que se le desconoce a la víctima su carácter como tal. Desde el derecho se puede hablar de víctima “como la persona que sufre un daño antijurídico, a causa de lo cual debe ser resarcida”. La presencia de menores en un campamento de disidencias de las guerrillas habla de victimizaciones, no de criminalizaciones. Considerar a niños sujetos de protección especial como “máquinas de guerra” y operar contra ellos en consecuencia el ministro de Defensa se le podría responsabilizar de incurrir en delitos contra la administración pública. En el ejercicio de sus funciones y en sus declaraciones a los medios, el ministro Molano desacata de manera frontal la Constitución Nacional.
En todo caso, aunque la renuncia de un ministro puede servir como forma de poner límites, de poco nos sirve si no se desmonta todo el andamiaje provocador y belicista del poder de turno.
