Opinión

¡Ni Uribe, ni Santos, solo por el campo!

La inmensa deuda social que tenemos con el campo se refleja en cifras que muestran la franca necesidad de emprender la Reforma Rural Integral

Por:
septiembre 12, 2016
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“Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, es el nombre del primer punto del acuerdo de PAZ, y versa esencialmente sobre la inmensa deuda social que tenemos para con el área rural, y a pesar de que se centra en el sector agropecuario, la idea es generar condiciones para que haya un verdadero desarrollo armónico en todo el país.

Confieso mi sorpresa inicial, pues cualquier persona que lea desprevenidamente ese primer punto, no va a encontrar, tal y como amenazaban los enemigos de la PAZ, una sola limitación al derecho de propiedad o a la seguridad jurídica sobre la tierra en Colombia.

Veamos en cambio, algunas cifras que muestran la franca necesidad de emprender la dicha Reforma Rural Integral. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas, fueron despojadas durante las últimas dos décadas de la guerra, aproximadamente el 15 % del área cultivable. No puede ser viable un país en el que, el 77 % de la tierra sea propiedad del 13 % de la gente, y peor aún, tan solo el 3,6 % de este grupo de privilegiados, tenga el 30 % del total de la tierra cultivable. Las cifras son de la revista Semana, no de una organización de izquierda.

Si tenemos en cuenta que en el punto de “Democratización del acceso y uso de la tierra”, se impone la meta de formalizar la propiedad de siete millones de hectáreas, aproximadamente el 16% del área cultivable, es apenas lo justo para comenzar a ponerse al día.

 

 

Y qué tal la aberración,
de que el 80 % de los campesinos tiene menos,
de lo que se conoce como, una Unidad Agrícola Familia
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Y qué tal la aberración, de que el 80 % de los campesinos tiene menos, de lo que se conoce como, una Unidad Agrícola Familiar, que se puede decir es la mínima extensión de tierra, que permite a una familia remunerar su trabajo y acumular algo de excedente para, poco a poco, formar un patrimonio (artículo 38 ley 160 de 1994), es decir que hoy, con dificultad nuestros campesinos alcanzan la subsistencia.

Otra cifra, y no menos perversa, es que a pesar de la falta de acceso a la tierra que ha habido hasta hoy, la que esperamos se comience a corregir, es que el 70% de los alimentos que se producen provienen de estos pequeños campesinos, esto no significa que la agroindustria tenga los mercados internacionales atiborrados de productos colombianos, por lo que no es difícil suponer, que lo que abundan son tierras improductivas a lo largo del país.

Como vemos, se está únicamente comenzando a equiparar la situación social y económica entre el campo y la ciudad, sin que la urbana sea un dechado de armonía; pero hay que lograrlo, de manera que vivir en la zona rural sea un buen negocio para los colombianos, para lo que hay que brindar verdaderas oportunidades y crear condiciones para generar una mejor calidad de vida.

Y obviamente comenzar a democratizar el acceso y uso de la tierra, el Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Tierras, con una estrategia y metodología novedosa, comprará, ya no aquellas grandes extensiones de tierra, sino muchos territorios, ya parcelados y con las familias organizadas para entrar en ellos, al tiempo que se les apoya con proyectos productivos afines a lo que saben, pueden o escogen hacer, y se les brinda soporte técnico por un tiempo hasta que se fortalezcan y puedan mantenerse por si solos.

La debilidad de este primer punto está en que se centra en lo agropecuario, pero hay que comenzar por algo, pues cuando el campo sea productivo, llegarán inversionistas que desarrollen proyectos rentables en otros sectores, turísticos, comerciales, culturales, de entretenimiento, etc.; para hacerlo más placentero. El reto es convertir el drama de la guerra en una vida grata y en PAZ, acompañada de beneficios económicos y sociales. Así como hacer que la Justicia funcione, pues parte del problema, es que si bien había pocos recursos, buena parte de ellos se desviaban hacia los canales de la corrupción.

¿Quien en Colombia podría no está de acuerdo con esto?

 

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