La puesta en marcha del Estado de Excepción decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha significado todo un dolor de cabeza para aquellos compatriotas que no sellaron la salida de Venezuela. La situación ha hecho que en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) se empiecen a ofertar soluciones clandestinas al problema migratorio.
En Villa del Rosario se pudo conocer que varios de los lugareños piden 15 mil pesos a los afectados para transportarlos hasta un caserío conocido como Juan Frío. Allí, las personas descienden porque deben cruzar una parte del río Táchira que los lleva a territorio venezolano.
Ya en el país vecino, un grupo de motorizados cobran la misma cifra para servir de guías en un camino de tierra, piedra y maleza. Durante el recorrido, hay un punto de control informal de la Guardia Nacional Bolivariana, al que hay que pagarle otra cantidad similar a la de los transportadores. Luego de una hora de recorrido, se avizora la ciudad de San Antonio del Táchira, donde se encuentra la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Pero hay quienes no desean correr un riesgo tan alto, por lo que acceden a otro método ilegal para adquirir la estampa de salida. Éste consiste en pagar una suma de 200 mil pesos a un ciudadano venezolano que tiene contacto directo con el servicio migratorio, y asegura adelantar el trámite en menos de 45 minutos.
“Para eso es que se presta el cierre, para hacer negocios” aseguró un motociclista mientras ofrecía las dos formas de solucionar el problema a una pareja de esposos que necesitaba marcar su documento con urgencia.
Estos hechos, estarían violando el Artículo 59 de la Ley de extranjería y Migración venezolana, que sanciona con privación de la libertad de cuatro a ocho años a todo “funcionario público, o autoridad policial o militar que por cualquier medio, favorezca o induzca, por acción u omisión, el ingreso o salida del territorio de la República de personas de manera clandestina o con fraude al procedimiento de control migratorio establecido”.
Soluciones legales
Cuando se le consultó al Centro Nacional de Atención en Fronteras (Cenaf) sobre dicha problemática, éstos sostuvieron que aquellos colombianos con ingreso irregular por lugar no habilitado, pueden esperar a que el ambiente se normalice y exponer su caso ante las autoridades correspondientes. “Otra opción que tienen sería la de timbrar la entrada a Colombia para evitar inconvenientes a la hora de viajar hacia otro destino internacional” manifestaron.
También pueden poner en conocimiento a Migración Colombia, a través de los Centros Facilitadores de Servcios Migratorios (CFSM), o mediante el Centro Virtual de Atención al Ciudadano, en la página web de la institución.
No obstante, esto no significa que el problema esté resuelto, pues según funcionarios de migración venezolanos, si un extranjero no registra sus movimientos oportunamente, puede prohibírsele el retorno hasta por dos años.
¿Por qué no lo hicieron antes?
Uno de los problemas para cumplir con este requisito, es que en el caso de Norte de Santander, por ejemplo, pese a que existen al menos cinco municipios con acceso a Venezuela,solo hay disponible un punto de control donde se puede legalizar la presencia en ambos países.
“Para entrar de manera legal por Herrán, tuve que viajar varias horas hasta Villa del Rosario y devolverme. Así pude viajar dos semanas, pero cuando quise hacer el procedimiento nuevamente, ya la frontera estaba cerrada y no he podido marcar mi pasaporte” sostuvo uno de los afectados que quiso reservar su identidad.
Otra razón, tiene que ver con la dinámica de intercambio fronteriza, dado que los habitantes de ambas naciones esperaban a que se cumplieran los 90 días de tiempo límite para regular nuevamente sus movimientos.
Cabe resaltar, que tal como lo indica el más reciente informe de la Universidad del Rosario, en el Estado Táchira, de 147.219 personas nacidas en el exterior, 138.952 son de origen colombiano (94,3%), de éstos, el 42,6%, tiene cuenta con nacionalidad venezolana.
