Los importantes avances en los diálogos FARC-Gobierno y el momento político por el que se encuentra pasando Colombia han despertado inquietudes sobre los temas más complejos del conflicto:
Los temas relacionados con las penas a actores armados estatales e insurgentes, el sacrificio de justicia en aras de consolidar la paz, el propósito del castigo carcelario, la justicia restaurativa, la justicia transicional, la reparación a las víctimas, hacen parte de los temas de debate que Colombia se apresta a dar en el inmediato futuro.
Palacio de Justicia, casi 30 años después, no es ajeno al debate y llegó el momento de las definiciones; Colombia sabe que por lo menos 11 familias no tenemos a nuestros seres queridos ni vivos ni muertos y que estas 11 personas fueron desaparecidas a 100 metros de la casa de Nariño, la administración de justicia intentando aclarar como en el caso del asesinato de Carlos Pizarro las desapariciones de manera tardía, inició unas pesquisas con la dificultad propia del paso del
tiempo: pruebas débiles, testigos dudosos y escurridizos, teorías sobre autor mediato, agencias de defensa jurídica con posturas diversas frente al caso que lo que un día desconocen al otro día lo reconocen, discursos vacilantes de un par de presidentes que un día dicen acatar fallos judiciales pero que al otro día los critican: completan el panorama de un caso que no encuentra su epílogo: el caso de las personas desaparecidas en el palacio de justicia.
El panorama que nos presenta la administración de justicia, lo completa un general y un coronel condenados a 35 y 30 años respectivamente; con sentencias contradictorias sobre el número de desaparecidos, un general y dos de sus subalternos de inteligencia militar se encuentran beneficiados por la duda razonable desde hace tres años y para finalizar un coronel de inteligencia, un mayor y tres sargentos con un proceso judicial congelado y prácticamente en paro desde hace ocho años que no ve alumbrar sentencia alguna sentencia.
Tres temas abarcan la atención del caso en Colombia y en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por estas semanas: la posible sentencia que absuelve al entonces comandante de la escuela de caballería conocido como azabache 6 en los días del holocausto, la posible aplicación de principios de la justicia transicional a los militares implicados en las desapariciones, la sentencia ya anunciada por la Corte Interamericana de derechos humanos.
Sobre el primero debo reconocer que contrario a lo que expresaron en su momento los dos últimos presidentes de Colombia; he aprendido después de estar en la guerra al lado del M-19, y después de sobre cumplir los acuerdos de Paz de 1989 que las sentencias deben ser respetadas independientemente de que ellas nos agraden o no, repetir el esquema de alocuciones radio televisadas cuestionando el accionar de la justicia o estar un día al lado de las víctimas y otro día al lado de los condenados por las desapariciones; es un pésimo ejemplo que no debemos seguir, las sentencias judiciales y los beneficios judiciales gustan a unos y disgustan a otros: así ocurrió con la ley 77 de 1989 que nos otorgó cesación de procedimiento, amnistía e indulto a cerca de 800 apostadores de la Paz que nos alzamos en armas al lado del
M-19 y así quisiéramos muchos que estuvimos en la guerra que ocurra con beneficios propios de la justicia transicional.
En mi caso particular debo reconocer que deseo que los militares me cuenten qué hicieron con mi hermana Cristina y que me devuelvan sus restos para cerrar el círculo que no pudieron cerrar mis padres ya fallecidos será mucho pedir que se exprese un perdón como tantas veces lo hemos hechos militantes del M-19? no lo creo, con eso me basta y me sobra, no necesito que re confirmen sentencias, o que vayan a revisar en qué sitio tienen las verdaderas minutas de ingresos al batallón Charry Solano en aquellos dos días del holocausto, necesito la verdad y los restos y ya con eso siento que estaré tranquilo con este caso que me llevó a meterme en el circulo de la horrorosa guerra, pero también a apostarle a los acuerdos firmados en 1990.
René Guarín Cortes*
* Ex combatiente de la guerrilla del M-19, ha vivido 2 exilios por amenazas de muerte, hermano de Cristina una de las personas desaparecidas en 1985 en el palacio de justicia, tiene 51 años y ejerce su profesión de Ingeniero de Sistemas
