Señora ministra, usted debería renunciar al cargo por vergüenza. No es justo y menos humanitario el trato que usted ha dado, con el Inpec y el sistema judicial, a los reclusos de Colombia, dentro del pandemonón del COVID-19. Es cierto que allí hay ciento veinte mil convictos, muchos de altísima peligrosidad, otros sin peligro real extremo para la sociedad y algunos inocentes, pero todos con los derechos humanos indeclinables y en teoría inviolables.
Hace dos meses usted y el gobierno nacional fueron advertidos. No han hecho nada en la práctica para protegerlos del COVID-19 y de la muerte eventualmente, pues hasta hoy, 12 de mayo de 2020, solo 290 reos han sido trasladados o liberados, cifra que apenas representa el 0.015% de la población carcelaria.
No estamos defendiendo la impunidad ni pidiendo que salgan todos. Pero el caso de la cárcel de Villavicencio da pena mundial. Casi el 50% de sus presos están infectados y apenas hasta mañana serán trasladados 100 a un centro provisional que el alcalde de esa ciudad había puesto a su disposición hace dos meses casi, recién empezó la pandemia en Colombia. Solo la desidia, la negligencia, la ineptitud y la deshumanización de los operadores judiciales y del gobierno han impedido ese traslado hasta hoy. No es posible que la burocracia lo haya retrasado tanto.
Ya van varios muertos y seguramente habrá más. Pero, claro, eso a usted no parece dolerle. Como dijo Zafaronni, esto “es un genocidio” disfrazado de legalidad, que bien podría investigarse, aunque al fiscal Barbosa tampoco le suena mucho la idea del decreto que pretendía descongestionar los centros de reclusión en esta época de pandemia.
Los derechos humanos son inviolables y lo que nos hace diferentes de los delincuentes es que nosotros sí debemos respetarlos, incluso los de ellos. Y si no es así, estaríamos posiblemente pecando y delinquiendo quizás por omisión.
Por ello, en un país decente, usted debería renunciar. Es lo menos.
